KEPA AULESTIA-EL CORREO

La moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra quienes gobiernan el PP recibió la crítica unánime de sus adversarios porque alteraba el orden de prioridades del país, inquieto ante la Covid-19, antes de ser rechazada por 298 a 52. Pero su debate permitió a Pablo Casado librarse del marcaje al que venía sometiéndole Santiago Abascal hasta arremeter contra la dignidad personal de éste. La iniciativa, tildada de inútil por su partidismo e inviabilidad, se tornó de pronto en hito crucial para el devenir de la política española. El «hasta aquí hemos llegado» del presidente popular convirtió la moción de Vox en la gran oportunidad que España merecía para darse un respiro. Aunque en las dos sesiones parlamentarias la Covid-19 solo asomó como argumento arrojadizo. De fallecimientos pendientes de recuento, de contagios y pérdidas económicas a la cabeza del mundo. Un paréntesis politiquero frente a la pandemia, que extrajo día y medio de actividad parlamentaria y muchas horas de dedicación en las cúpulas partidarias.

En realidad la política va, por lo menos, 14 días tarde respecto a la pandemia. No hacía falta que Vox le entorpeciera la marcha para constatarlo. Catorce días es el período temporal a partir del que se extraen conclusiones epidemiológicas. Pero también son las jornadas de retardo con que la mayoría de las administraciones responden, en el mejor de los casos, a aquello que ha ocurrido dos semanas antes. Y que tardan en aplicar una semana más como poco. No es momento de reprochar anuncios recientes sobre el pico de la curva -Ignacio Garitano- o su estabilización a modo de meseta -Fernando Simón-. Aunque conviene señalar el grado de desconfianza o de escepticismo que las instituciones se granjean cuando sus portavoces -políticos o técnicos- recurren al dato más optimista del cuadro para, a las horas, reprochar a sus paisanos un comportamiento incívico porque se disparan las infecciones. Tampoco es momento de recordar que el vicepresidente socialista de Navarra, Javier Remírez, adujo que el virus «no conoce fronteras» para retrasar el confinamiento de la Comunidad Foral a después de que pasara la Vuelta Ciclista a España, cuando el Gobierno Sánchez había puesto vallas al campo madrileño contra el parecer de su Comunidad.

Ayer Urkullu reclamó el estado de alarma para toda España. Su actitud hubiese sido más ejemplar si se hubiera limitado a demandarlo para la comunidad que preside. Aunque lo que ahora importa es que, más allá del desaire «sufrido» por el pronunciamiento del Tribunal Superior de los vascos, los gobernantes de Euskadi se dispongan a aplicar medidas que justifiquen la excepcionalidad legal no solo porque así pueda prohibírsenos juntarnos en grupos de más de seis.