En realidad la política va, por lo menos, 14 días tarde respecto a la pandemia. No hacía falta que Vox le entorpeciera la marcha para constatarlo. Catorce días es el período temporal a partir del que se extraen conclusiones epidemiológicas. Pero también son las jornadas de retardo con que la mayoría de las administraciones responden, en el mejor de los casos, a aquello que ha ocurrido dos semanas antes. Y que tardan en aplicar una semana más como poco. No es momento de reprochar anuncios recientes sobre el pico de la curva -Ignacio Garitano- o su estabilización a modo de meseta -Fernando Simón-. Aunque conviene señalar el grado de desconfianza o de escepticismo que las instituciones se granjean cuando sus portavoces -políticos o técnicos- recurren al dato más optimista del cuadro para, a las horas, reprochar a sus paisanos un comportamiento incívico porque se disparan las infecciones. Tampoco es momento de recordar que el vicepresidente socialista de Navarra, Javier Remírez, adujo que el virus «no conoce fronteras» para retrasar el confinamiento de la Comunidad Foral a después de que pasara la Vuelta Ciclista a España, cuando el Gobierno Sánchez había puesto vallas al campo madrileño contra el parecer de su Comunidad.

Ayer Urkullu reclamó el estado de alarma para toda España. Su actitud hubiese sido más ejemplar si se hubiera limitado a demandarlo para la comunidad que preside. Aunque lo que ahora importa es que, más allá del desaire «sufrido» por el pronunciamiento del Tribunal Superior de los vascos, los gobernantes de Euskadi se dispongan a aplicar medidas que justifiquen la excepcionalidad legal no solo porque así pueda prohibírsenos juntarnos en grupos de más de seis.