Editorial de EL ESPAÑOL
La sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que puso fin a la inmersión lingüística obligando a las escuelas de la comunidad a dar el 25% de las clases en español ha desatado una despiadada campaña de acoso contra la primera familia que ha exigido su cumplimiento.
Los acontecimientos vividos durante los últimos días en Cataluña han tenido la virtud de exponer a la luz del sol la verdadera cara del nacionalismo. La escuela afectada, la Turó del Drac de Canet de Mar, a unos 50 kilómetros de Barcelona, inició la caza al disidente publicando en su cuenta de Twitter un hilo en el que señalaba a la familia denunciante y que acababa con la expresión «¡caña!» y el emoticono de una llamarada.
Una vez expuesta a la luz, la familia del menor (cuya reclamación, recordemos, ha sido reconocida por el TSJC y reafirmada por el Tribunal Supremo el pasado 23 de noviembre) ha sido víctima de un linchamiento que no es exagerado calificar de conato de apartheid.
Piedras contra menores
Jaume Fàbrega, un colaborador del digital separatista Vilaweb y exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha ofrecido voluntario para apedrear la casa del menor. Radicales nacionalistas han pedido que se le haga bullying al chico, de sólo cinco años, hasta que su familia se vaya de Cataluña. Otros padres de la escuela han anunciado que sus hijos le dejarán solo negándose a estar en la misma clase que él.
Lejos de tomar medidas contra lo que muy probablemente pudiera ser constitutivo de un delito de odio, la Generalidad, por boca de su portavoz, Patrícia Plaja, ha arremetido contra la familia con el manido argumento de que «sólo un alumno ha pedido clases en español». ¿Pero cómo pretende Plaja que otras familias se sumen a esa reclamación de las clases en español a las que tienen derecho si ven que sus hijos serán hostigados por exaltados mientras la Generalidad se pone del lado de estos?
El consejero regional de Educación, Josep González-Cambray, ha anunciado por su parte que visitará el centro afectado junto a la alcaldesa de la localidad, de ERC. Pero no para solidarizarse con el menor afectado, sino con la escuela que ha espoleado el acoso. Un acoso al que también ha contribuido la secretaria general de la Consejería de Educación, Patrícia Gomà, llamando a las familias del centro a «hacer público su rechazo».
No cerrar los ojos
La violencia de la reacción del nacionalismo recuerda a la de los segregacionistas americanos que en 1962 intentaron impedir que James Meredith, un militar veterano negro, el primer hombre de color aceptado en la Universidad de Misisipi, accediera a ella.
Como es conocido, John F. Kennedy protegió a Meredith enviando a la Guardia Nacional y enfrentándose al gobernador del Estado, el segregacionista Ross Barnett. De ese segregacionismo han quedado testimonios gráficos como el de la famosa foto de unos lavabos para blancos y para negros tomada por Elliot Erwitt en Carolina del Norte en 1950.
De momento, el Gobierno ha respondido por boca de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Rodríguez ha considerado «intolerable» cualquier tipo de acoso, aunque ha reconocido «no conocer los detalles del caso». Algo llamativo, teniendo en cuenta lo estruendoso de la persecución nacionalista al menor.
Pero lo sucedido en Cataluña no se solventa con una mera declaración formal de malestar. Este Gobierno se ha movilizado de forma extraordinariamente contundente en otros casos similares, e incluso con motivo de bulos como el del joven supuestamente agredido por una manada de nazis en el portal de su casa de Malasaña, y no puede abstenerse de actuar en el caso de un menor de 5 años sometido a una presión extrema por parte de fanáticos que han llegado a amenazarlo físicamente.
Este Gobierno no puede manifestarse preocupado por la situación en Polonia y Hungría mientras cierra los ojos a lo que ocurre en Cataluña. Era cuestión de tiempo que la frustración generada por el fracaso del procés desaguara por otros sumideros y la sentencia del TSJC ha sido el pretexto para que el nacionalismo catalán dé rienda suelta al racismo que late tras su fachada. Cataluña no puede convertirse en la Alabama española del siglo XXI.