ANTONIO ELORZA – EL PAIS – 25/08/14
· La fecha se acerca, y Artur Mas ha puesto en marcha un proceso donde no es su partido sino Esquerra quien detenta la hegemonía. Un ya inviable pacto con Rajoy a cambio de concesiones no alteraría sus exigencias.
Así se titulaba un disco de vinilo que a mediados de los 70 reunía una serie de interpretaciones de cantautores de las tres “nacionalidades históricas”, augurando la inminente fragmentación del Estado español. El pronóstico no se vio cumplido entonces, pero con el auge del independentismo catalán vuelve a estar de actualidad. El tercer 11-S de movilizaciones está a la vuelta de la esquina y tampoco queda lejos la convocatoria del 9 de noviembre. La entrevista entre Rajoy y Mas se ha desenvuelto por fortuna en un clima de serenidad, incluso abriendo la puerta a concesiones económicas del Estado que antes hubiesen frenado el proceso; solo que de momento cada tren sigue por su vía. Rajoy se siente tranquilo, porque Mas le ha asegurado que la consulta será legal. Pero, ¿según qué ley, la Constitución o la del Parlament? Mas no lo ha aclarado.
Ha sido desde el principio una extraña historia, en cuyo curso se han sucedido los disparates de unos políticos metidos a aprendices de brujo, acompañados de vez en cuando por intelectuales que unas veces atizaban el fuego de la crisis —recordemos la serie “Cataluña contra España”— y otras componían la figura para eludir responsabilidades ante un problema desagradable, con un visto bueno al soberanismo catalán, sin mirar siquiera a lo que allí sucedía. Así hemos tenido increíblemente cuatro años de incubación primero, y de explosión más tarde de la crisis, en ausencia total de debates intelectuales y políticos. Todo se limitó a la enunciación de las respectivas posiciones encontradas, de forma seca y desprovista de argumentos por parte del Gobierno de Rajoy, más allá de su constitucionalismo, y mediante un abrumador uso de la propaganda política a cargo de la Generalitat. En cuanto al PSOE, las tensiones en el PSC impidieron que se concretara su alternativa federal.
La bola de nieve fue así creciendo a partir del cheque en blanco otorgado por Zapatero a una reforma nacionalista del Estatuto, hasta la reacción airada de las elites catalanistas a una reducción del mismo por el Constitucional, cuyo contenido era al parecer inútil examinar. La sentencia supondría negar la nación catalana, lo cual de paso significaba que el orden constitucional español resultaba deslegitimado en caso de conflicto con el principio de que som una nació.
La ruptura simbólica con el Estado español se consumaba, antes de que el 11-S de 2012 pusiera en marcha la movilización por la independencia. Rajoy exhibió entonces su insensibilidad política, en vísperas de la Diada: las asonadas no merecían su atención. Su posterior impasibilidad constitucionalista responde a la misma actitud, hasta el punto de ignorar la exigencia de abordar con los medios técnicos del Estado la racionalización del tema de la financiación autonómica, frente al más eficaz de los tópicos independentistas: “España nos roba”. Los análisis de Ángel de la Fuente, sobre lo que significaría el “pacto fiscal”, teniendo en cuenta el balance del “concierto económico” vasco, no fueron desarrollados ni divulgados, en tanto que la elaboración de las balanzas fiscales, con su valoración, hubieran debido llegar antes, así como una voluntad clara de eliminar los desajustes. Cameron respecto de Escocia actuó con mayor inteligencia y eficacia.
La bola de nieve creció con el cheque en blanco de Zapatero a la reforma nacionalista del Estatuto.
El punto de llegada no ha sido menos confuso, al insistir en exclusiva sobre la ilegalidad de la pretensión independentista, sin tomar en consideración la existencia de una fuerte presión social y política en Cataluña para alcanzar ese objetivo. Ni siquiera los mecanismos puestos en juego por la Generalitat para fomentarla fueron objeto de preocupación por parte de un Gobierno obligado en principio a salvaguardar la democracia en nuestro país, y por supuesto en Cataluña. Y en Cataluña ha habido instituciones democráticas desde septiembre de 2012, pero no una vida democrática bajo el signo del pluralismo y del debate en condiciones de igualdad.
Esa doble dimensión del problema no puede ser olvidada. De hecho la centralidad de la Constitución, de la ilegalidad del referéndum de autodeterminación por la independencia, disfrazado de consulta a la gibraltareña, ha ocultado esta dimensión: la militancia institucional de la Generalitat, calificable de totalismo, esto es, de orientación monocorde de la política gubernamental, con sus propios medios e influyendo sobre los privados, para conseguir una homogeneización de la opinión pública en el sentido de la independencia. De las declaraciones oficiales a los hitos de la hoja de ruta —pensemos en las dos preguntas para la “consulta”—, la población no soberanista dejó de existir. El factor legitimador fue la manifestación de la Diada, y a partir de ese momento, Mas se montó en la cresta de la ola y decidió actuar como si Cataluña fuese ya una entidad independiente de derecho, a la cual solo le faltaba un reconocimiento del Estado. La separación simbólica era un hecho y el poder constituyente catalán no debía verse sometido a instancia exterior alguna. Constitucionalismo igual a antidemocracia.
Lo más grave fue que más allá del expolio económico, el independentismo se apoyó en la tradicional consideración del oponente como enemigo. La destrucción de la imagen de España fue un recurso fácil, en que los medios dependientes de la Generalitat, singularmente TV3, insistieron desde los más distintos ángulos: Cataluña ofrece iniciativas, que España siempre frustra. Maxime Rodinson hubiese calificado esa actitud de “etnofobia” y basta con leer tuits y comentarios de apasionados por la independencia en este diario para comprobar su extensión e intensidad. También hubo colaboradores exteriores, en la derecha española, o como el doctrinario de Podemos, al afirmar que para los españoles, los catalanes no hablan, sino ladran, olvidando la enorme admiración que tantos españoles sintieron y sentimos hacia la cultura, la lengua, y la propia nación catalana.
Gracias a la frustración generada por el tema del Estatuto, y sobre el telón de fondo de una identidad diferencial consolidada desde tiempo atrás entre los intelectuales catalanistas, entre realidades y mitos como 1.714 (testimonio de Pierre Vilar), esa mentalidad ha cumplido su función, y sin duda tiene cierto reflejo en España. Del 10% de independentismo político hacia 2000, al 50% superado en 2012, hasta las previsiones actuales del doble sí en la “consulta”, a favor del fraude de las dos preguntas encadenadas, hay un recorrido que solo se explica por su incidencia.
La Generalitat impulsó una homogeneización de la opinión pública a favor de la independencia.
Solo que el resultado está ahí: si no se introduce en serio la “tercera vía” de ese federalismo sobre el que el PSOE/PSC hablan sin concreción, todo eventual referéndum dará independencia. Eso sin olvidar que casi siempre se utiliza federalismo como un mantra, incluyendo cosas tan distantes como del federalismo asimétrico (léase confederación) o el pacto fiscal insolidario.
La fecha se acerca, y Mas, principal aprendiz de brujo, ha puesto en marcha un proceso donde no es CiU, sino ERC quien detenta la hegemonía, y un ya inviable pacto Mas-Rajoy a cambio de concesiones no alteraría sus exigencias. Aparece como más consecuente que CiU y no renunciará a ello. Menos después del caso Pujol. Entre tanto, Europa está más firme en contra de lo que esperaba la Generalitat: no solo por normativa, sino por el rechazo a la fragmentación de la UE.
Rajoy cuenta con ello, y el diálogo con Mas pareció por un momento ayudar, pero los movimientos sociales no responden solo a causas racionales. Tienen su propia dinámica, que el presidente tampoco debiera olvidar. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) está en condiciones de pasar a primer plano con la Diada, ante la perspectiva de un rechazo estatal al referéndum, y del alcance de las movilizaciones de masas, y de los eventuales incidentes suscitados, depende que la suspensión acordada por el Gobierno logre imponerse (hasta las elecciones plebiscitarias). Experiencias recientes, incluso en Europa, muestran que sin apertura a cambios ni puntos de posible encuentro para una negociación -y Mas mantiene su huida hacia delante-, la solución no llegará y sí el enfrentamiento.
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.
ANTONIO ELORZA – EL PAIS – 25/08/14