El clientelismo y la corrupción del caso que salpica a Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos, siendo el núcleo de la instrucción judicial por su gravedad, no son las únicas lacras que urge atajar para preservar el buen ejercicio de la política. En paralelo a la trama, la actividad de los ‘conseguidores’ Víctor de Aldama o Antxon Alonso Egurrola, avalada por el exministro y el exnúmero tres del PSOE, respectivamente, demuestra una capacidad de influencia insólita. Hasta el punto de ser determinantes en asuntos tan dispares como el ‘Delcygate’, el cambio político en Navarra o la adjudicación de obras públicas, como ayer reconoció uno de los constructores sospechosos del pago de comisiones ilegales, en una confesión reveladora: «Quería hablar con Cerdán porque quería saber por qué pasé a ser el último en las adjudicaciones».

La regeneración democrática no sólo pasa por renovar y endurecer los cortafuegos contra las prácticas corruptas. Los códigos éticos parecen hasta ahora insuficientes para erradicar el intrusismo en política con fines oscuros. Para evitar que se cuelen perfiles con espurios intereses. Los partidos están obligados a extremar los controles en la designación de sus cargos y a mejorar la debida vigilancia sobre las resoluciones cruciales que afecten a lo público. También a renunciar a servirse de ‘fontaneros’ y ‘conseguidores’ en busca de atajos de dudosa legalidad. La decisión de haber dejado en manos de ‘cerdanes’ y ‘antxones’ la arquitectura de importantes obras institucionales y políticas del país está condenada al derribo.