Cincuenta días después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, y conforme pasa el tiempo desde el estallido de aquella crisis, lejos de vislumbrarse el final del problema, se acumulan las dificultades para sus responsables. Las respuestas ofrecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre cuya gestión recae la única responsabilidad política de afrontar esta gravísima situación, no han servido para devolver la normalidad a la ciudad autónoma. Al contrario, algunas de las medidas adoptadas han puesto de manifiesto la falta de una estrategia capaz de ofrecer una salida razonable y duradera. Ni siquiera ha funcionado el recurso del albergue habilitado en las instalaciones del puerto de Ceuta propuesto por Sánchez, una decisión adoptada pese a las reticencias expresadas desde la ciudad y que provocó además el malestar de la Autoridad Portuaria, que aseguró haberse enterado del traslado por los medios de comunicación. La utilización de un espacio estratégico para la ciudad autónoma no puede convertirse en sustituto de una política migratoria y de exteriores que todavía no ofrece respuestas ni fuste suficientes. La impresión que deja la actuación del Ejecutivo es la de una gestión encaminada a contener las consecuencias políticas de su desgaste más que a resolver las dificultades del país. Esperar que el paso del tiempo consiga diluir el problema, que Ceuta caiga en el olvido o que la ciudadanía termine acostumbrándose a una situación extraordinaria no parece una estrategia sostenible. La crisis ha tocado fibras profundas en la sociedad ceutí y española y ha generado una sensación de abandono y traición a la soberanía de la nación que el Gobierno no puede ignorar.

El traslado de los inmigrantes hasta el puerto ofrece, además, una medida del desconcierto de la operación. La capacidad del dispositivo resultó insuficiente y los espacios desalojados volvieron a ser ocupados. Las imágenes de avalanchas, carreras y cargas policiales son la consecuencia visible de una operación que no consiguió alcanzar su objetivo esencial: recuperar el control y garantizar la seguridad y la convivencia. Todo ello plantea una pregunta elemental: ¿conoce el Gobierno la verdadera dimensión del problema que tiene delante? La gestión de una crisis de esta magnitud exige información precisa, medios suficientes y una estrategia clara. No puede descansar sobre improvisaciones sucesivas ni sobre el desplazamiento del problema a la presidencia de la ciudad autónoma en busca de un culpable.

Mientras la Moncloa afronta el desgaste político derivado de la crisis, en Ceuta se acumulan las dificultades: problemas de convivencia, desbordamiento de los servicios públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, preocupación entre los vecinos y una incertidumbre que se prolonga. La ciudad no necesita que el problema sea administrado para que resulte menos visible. Necesita que sea resuelto. Ceuta no puede convertirse en el lugar donde el Gobierno ensaya una normalización del caos. La responsabilidad de un Ejecutivo ante una crisis de esta naturaleza no consiste en esperar a que desaparezca de los titulares, sino en restablecer la normalidad, proteger a la población y ofrecer una respuesta que permita a la ciudad recuperar su vida cotidiana. Cincuenta días después, esa respuesta sigue sin llegar.