La cuestión es gravísima, pues cuando un fiscal recibe propuestas deshonestas que cuentan, presuntamente, con el aval de «las más altas instituciones o personalidades del Estado», a cambio de «información comprometida», revela que los resortes de este pueden ser activados para fines particulares y cómo los engranajes del poder, cuando se desvían, pueden intentar corromper lo que debería de ser incorruptible: la justicia.

Ya no se trata de corrupción clásica –dinero a cambio de favores–, sino de una versión más sutil e institucionalizada, en la que el propio sistema se convierte en instrumento para la extorsión, utilizando cargos públicos, destinos profesionales o favores judiciales como moneda de cambio.

Según los testimonios de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, no se trató de meras insinuaciones: hubo ofertas concretas. A Grinda se le habría propuesto ocupar una plaza en el extranjero y beneficios judiciales ante una demanda civil, si cedía datos «sensibles» sobre su superior, Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y procedía al archivo de diversas causas (entre las que se encontrarían el caso Pujol, 3% o Banca Privada de Andorra). En cuanto a Stampa, habría sido citado a una reunión con Santos Cerdán en la que éste, supuestamente, le iba a pedir disculpas por el maltrato que le dispensó en su día la exministra de Justicia y ex fiscal general, Dolores Delgado, y levantaría su veto a que continuara con una plaza fija en Anticorrupción.

Ambos declinaron la invitación a colaborar. Grabaron a sus interlocutores y denunciaron los hechos sin el respaldo institucional que un chantaje de semejante calado amerita. De hecho, la propia Fiscalía de Madrid archivó la denuncia de Grinda en primera instancia. Solo tras confluir con la de Stampa se reactivaron ambas diligencias. Lo que dice mucho sobre la capacidad y voluntad del Ministerio Público para reaccionar e investigar presuntos intentos de coacción política. Como también dice algo la decisión del juez Zamarriego de no acumular estas denuncias con la otra causa abierta por cohecho y tráfico de influencias contra Díez y Dolset, sobre la que cabría preguntarnos si entender los hechos como compartimentos estancos favorece que aflore toda la verdad o si facilita que el auténtico alcance, propósito y relevancia del hecho punible quede diluido.

Incluso admitiendo la presunción de inocencia, la mera posibilidad de que alguien como la tal Leire empleara como argucia estos ofrecimientos para extraer determinada información que alguien vería de interés y utilidad política, utilizando métodos que, según sus denunciantes, tenían claros tintes de soborno, bastaría para hacernos la pregunta: ¿Quién autoriza, financia y se beneficia de una investigación así?