- Para los que creen que en España no peligra la democracia: ahí tienen a una vicepresidenta del Gobierno acosando por motivos sectarios a un ilustre juez
Durante la semana pasada, Chávez –perdón, Sánchez, no sé por qué extraño motivo me he confundido– ha lanzado ya su campaña de guerra abierta contra la justicia independiente. Ha comenzado la gran cacería de jueces íntegros, pues así se lo exigen sus jefes (Carles, Oriol y Arnaldo). Primero asistimos a la reconversión tercermundista del TC de Pumpido en tribunal de casación que revierte las sentencias del Supremo que molestan al PSOE y sus socios. Un paso de puro chavismo. Sin complejos. Sin máscara alguna
Y este viernes ha llegado la fase dos: una vicepresidenta del Gobierno del ala socialista, Teresa Ribera, lanzándose en la televisión pública sanchista al gaznate del veterano y prestigioso juez Manuel García-Castellón, al que acusó de tomar sus decisiones por motivos políticos. La acusación fue secundada al instante por otro ministro, Óscar Puente. Es decir, tenemos a una vicepresidenta del Gobierno que sin decirlo literalmente está acusando al magistrado García-Castellón de un delito de prevaricación ¿Y por qué lo hace? Pues porque el juez instructor de la Audiencia Nacional está investigando, como es su deber, una acusación de la fiscalía sobre que Tsunami Democratic pudo haber cometido delitos de terrorismo; lo cual le viene fatal a Puigdemont, que es el que manda, a la hora de sacar adelante su amnistía.
García-Castellón, un pucelano de 71 años, tiene una larga trayectoria, que incluye incluso una labor internacional como juez de enlace contra el terrorismo en Francia y contra el crimen organizado en Italia. Los franceses lo distinguieron con la Legión de Honor. El juez ha llevando importantísimos casos de todo sesgo y en octubre del año pasado sentó en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy, bajo acusación de haber espiado al tesorero Bárcenas. Por supuesto el PSOE y sus ministros no lo tacharon entonces de prevaricador, ni tenían el menor problema con él.
Es alucinante que una vicepresidenta del Gobierno de un país que se dice todavía una democracia se lance a vituperar a un juez de esta manera. La Fiscalía debería estar abriendo un caso contra ella por posible difamación. Pero los fiscales en España se encuentran muy ocupados con las palabras de Abascal en Buenos Aires sobre cómo puede acabar Sánchez, con el muñeco de Ferraz y con el beso de Rubiales a una futbolista que lo recibió encantada y partiéndose de risa. Esos son los asuntos gravísimos que se consideran de primer orden y se destacan con trompetería máxima en las teles del cuasi monopolio de la izquierda. Sin embargo, que Pumpido corrija al Supremo y desvirtúe la función del TC al dictado de Sánchez, o que un Gobierno ponga en la diana a jueces con nombres y apellidos, eso pasa prácticamente desapercibido, salvo en raros oasis de independencia como este periódico.
La oposición no ha estado a la altura ante los gravísimos ataques a la justicia que hemos vivido esta semana. No ha hecho sonar su voz con la contundencia que merecía semejante pisoteo a las reglas básicas de un sistema de derechos y libertades. Y siento muchísimo decir que el pueblo español está mayormente aletargado, bien hipnotizado por el nuevo régimen «progresista». Somos incapaces de salir a calles y plazas a defender con fuerza la independencia de nuestros jueces, como sí hicieron, por ejemplo, los israelíes cuando Netanyahu intentó embridarlos.
Este mismo domingo deberían celebrarse en toda España manifestaciones multitudinarias contra el uso del Tribunal Constitucional como tercera cámara y contra el acoso del Gobierno de Sánchez a los jueces. Pero nos conformaremos con «las cañitas del finde» y «esa serie de Netflix que engancha mucho». O con el consuelo suicida de «al final nunca pasa nada». O con la esperanza ilusa de que «ya nos lo arreglará Europa».
A veces los pueblos tienen lo que se merecen.