LA LÍDER de los socialistas navarros, María Chivite, tomó ayer posesión como presidente del Gobierno foral con la asistencia de José Luis Ábalos, que además de ministro de Fomento es secretario de Organización del PSOE. La aquiescencia, cuando no el impulso, de Ferraz al pacto que ha aupado a Chivite supone cruzar una línea roja en la medida que homologa a los proetarras como un actor político normalizado. El hecho de llegar al poder gracias al respaldo vía abstención de Bildu quiebra la unidad del constitucionalismo, cuyas siglas se habían mostrado hasta ahora firmes a la hora de excluir a los herederos políticos de ETA del marco de juego ordinario. Pedro Sánchez, rompiendo la línea fijada en su día por José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, aboca a Navarra a un Ejecutivo que, forzosamente, estará condicionado no solo por partidos de dudoso compromiso constitucional –como Geroa Bai o Podemos– sino por una formación que lidera alguien con los antecedentes penales de Arnaldo Otegi.

La formación del nuevo gobierno integra a miembros del PSN, pero también a otros de marcada tendencia nacionalista, en línea con los postulados de los socios de Sánchez y Chivite. Es el caso de Itziar Gómez, una ex batasuna que forcejeó con la policía en el chupinazo y que entra en el Ejecutivo foral en representación de Geroa Bai, una coalición de la que forma parte el PNV. Los perfiles abiertamente radicales de parte del Gobierno navarro constituyen un baldón para la trayectoria histórica de un partido como el PSOE. Y, dada la carencia de una mayoría estable, arrojan a Chivite a depender durante toda la legislatura del chantaje de Bildu, tal como le recordó la portavoz de este partido en el debate de investidura. Y, todo ello, en un contexto en el que el partido político legatario de la banda terrorista continúa justificando e incluso alentando los repugnantes recibimientos a etarras excarcelados, un escarnio para las víctimas de ETA consentido por las administraciones.

Resulta lacerante y profundamente preocupante para la nación que el PSOE se preste a gobernar de la mano de partidos que buscan abiertamente la liquidación de la soberanía nacional. Alcanzar el poder apoyándose en nacionalistas y la izquierda radical, además de los abertzales, es políticamente impresentable y moralmente inaceptable para cualquier demócrata comprometido con la unidad de España. Primero, porque no respeta el resultado electoral: Navarra Suma casi doble en escaños a los socialistas; y, segundo, porque ancla al PSOE en la senda de euskaldunización de partidos que abrazan la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que abre la puerta a una eventual anexión de la Comunidad Foral al País Vasco. Navarra corre el riesgo de convertirse, después de Cataluña, en un desafío a la soberanía nacional. Si ocurre tal extremo, el PSOE sería corresponsable.