EL CONFIDENCIAL 17/05/17
«¿Pero alguien tiene duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito? Mi honradez está fuera de toda duda». Con estas palabras, la presidenta regional Cristina Cifuentes quiso dejar claro este martes que no comparte en absoluto el duro informe que la UCO ha incorporado al sumario del caso Púnica para analizar los contratos que el empresario Arturo Fernández, donante del PP, se llevó de la Asamblea de Madrid. La Guardia Civil habla de «valoración policial» y cree que Cifuentes pudo cometer los delitos de prevaricación y cohecho. La presidenta califica el informe de «sucesión de juicios de valor sin fundamento jurídico». La llave la tienen el juez Eloy Velasco, instructor del caso, y la Fiscalía Anticorrupción, que en principio descartan imputar a Cifuentes porque no han encontrado pruebas de que la dirigente popular haya participado en lo que se investiga en esta pieza del procedimiento, la financiación irregular del PP de Madrid.
La guerra está servida, alimentada además por la oposición, que ha salido en tropel para intentar cobrarse una pieza de caza mayor. Los investigadores tienen claro que los contratos que ganó Fernández se amañaron. Así lo creen también las dos fiscales del caso en un escrito del 6 de marzo, dos días antes de que Manuel Moix se hiciera cargo de Anticorrupción. Ellas señalan que las adjudicaciones investigadas «presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor de Arturo Fernández». La postura del magistrado del caso Púnica (a punto de dejar el puesto), que realizó un duro interrogatorio a Arturo Fernández sobre el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos, y la postura de la Fiscalía (según aseguran fuentes cercanas a la investigación) han cambiado: ambos recalcan que «no ven indicio de delito alguno» y «Cifuentes no es objeto de investigación».
La UCO ha analizado dos contratos adjudicados a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña. En julio de 2009, su empresa Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid para el año 2010 tras presentar una oferta de 212.900 euros. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. La mano de Cifuentes solo aparece en el segundo, aunque según la UCO «los elementos de prueba» determinan que ambas adjudicaciones «pudieron ser decididas de antemano».
«No voy a consentir que nadie ponga en duda ni por asomo mi honradez, que es lo único que realmente tengo», señala Cifuentes
Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la adjudicación de 2011, paso previo a que la mesa de contratación adjudicara el contrato a Cantoblanco. «No voy a consentir que nadie ponga en duda ni por asomo mi honradez, que es lo único que realmente tengo. Voy a usar todos los medios», señaló ayer Cifuentes, que avisa a navegantes, según señalan en su entorno, «a los partidos políticos que quieran sacar provecho y pongan en duda su honorabilidad».
Las claves del informe
Las claves del informe son las fechas en que se produjeron los hechos analizados. En marzo de 2007, el grupo empresarial de Arturo Fernández donó 60.000 euros a Fundescam, la fundación vinculada al PP investigada por la Audiencia Nacional. Ese mismo mes la patronal madrileña, de la que Fernández era presidente, donó otros 100.000 euros. Cifuentes fue vocal de Fundescam entre mayo de 2005 y septiembre de 2008. «Puede constatarse la coincidencia de patrono de la fundación de Cristina Cifuentes con su pertenencia al PP de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política cuando se efectuaron aportaciones económicas», asegura la UCO. La presidenta madrileña lo desmiente y afirma que «nunca intervino en actividades de la fundación».
Las donaciones fueron utilizadas para sufragar «gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditan cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes». Los contratos de Cantoblanco llegaron en 2009 y 2011. La UCO define como «pluralidad de arbitrariedades» las cometidas por las personas «que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones, donde se ponen de manifiesto actos injustos y altamente discriminatorios».
Baile en una fecha
Los agentes señalan en su informe que Cifuentes supuestamente «vulneró la imparcialidad» de la mesa de contratación al «compatibilizar» la presidencia de esta con su pertenencia al patronato de Fundescam, cuando esta entidad había recibido 160.000 euros del empresario y de la patronal, en teoría para ayudar al PP en las elecciones autonómicas de 2007. Pero en 2009 —fecha del primer contrato— Cifuentes ya no estaba en Fundescam: «Cesé el 18 de septiembre de 2008, y así consta en las actas de la fundación. Por tanto, no entiendo la vinculación con un contrato de 2009». Un baile en la fecha en el informe de la Guardia Civil.
Cifuentes sí estuvo en el comité de expertos (que valoran las propuestas de las empresas que presentan a los contratos), en la Mesa de Contratación (que es el órgano que propone al adjudicatario) y en la Mesa de la Asamblea de Madrid, que es el órgano que finalmente efectúa la adjudicación (Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012). La Mesa de Contratación siempre ha estado compuesta por el interventor, el jefe de Contratación, el director de Gestión Administrativa, el secretario general o un letrado, y los tres vicepresidentes (entonces del PP, PSOE e IU). Es decir, cuatro técnicos y tres políticos.
Cifuentes lo aclara: «Yo formaba parte de la Mesa de Contratación porque en la Asamblea el presidente delega siempre en el vicepresidente para presidirla. Es así siempre, es un acto reglado. Y en cuanto a que yo estuviera en la comisión de expertos, la Mesa de la Asamblea lo decide en abril de 2009 y me eligen a mí. Yo no manifesté mi deseo, desde luego. Me dijeron que yo y ya está«. Desde el Gobierno regional señalan que el proceso, en ambos contratos, se hizo siguiendo los «principios de objetividad, imparcialidad y legalidad». Por su parte, la UCO cree que existió «una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida» a la empresa de Fernández.
Las ‘mentiras’ de Isaac Arturo Zubiri
Los agentes creen también que uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, mintió en la asignación de puntos en las empresas que se presentaron al obviar de forma consciente la oferta de otra sociedad que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, «una falsa argumentación». Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos, según la OCU. «Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité de expertos, Cristina Cifuentes y María Merino».
Finalmente, la adjudicación definitiva de los contratos la hizo la Mesa de la Asamblea, compuesta por distintos partidos políticos, tras analizar la propuesta de la Mesa de Contratación, quien a su vez asumió el informe del comité de expertos, ese que según la UCO fue condicionado. Las adjudicaciones se hicieron por unanimidad de todos los miembros de la Mesa de Contratación y de la Mesa de la Asamblea, sin reparo alguno, tanto en 2009 como en 2011, y respetando también en su totalidad la puntuación efectuada por los técnicos. Además, ninguna de las empresas que participaron en el concurso presentó recurso o alegación alguna para mostrar su discrepancia con el resultado.
La UCO finaliza recordando que en estas adjudicaciones Cantoblanco «no presentó certificaciones que avalasen su experiencia», como exigían los pliegos, y que pese a ello «no fue penalizada». Es decir, «hubo arbitrariedad y hubo un trato diferente para situaciones idénticas». La Guardia Civil cree que compatibilizar Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas con el hecho de presidir las mesas de contratación es una circunstancia «completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con la intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas».
Para concluir, la presidenta de la comunidad asegura: «Se está construyendo un relato con elementos que parecen veraces pero que no tienen fundamento en el momento en que yo no estoy en la fundación en los años en los que se investigan los contratos». La guerra con la UCO está servida. Y en ella, de momento, tiene el apoyo del juez y del nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción.