Cinco años después

Cuando ETA anunció el cese definitivo del terrorismo, el 20 de octubre de 2011, había motivos sobrados para desconfiar de su palabra a la vista de los antecedentes: la propia ETA había dinamitado todos los anuncios similares anteriores mediante atentados que avisaban de la vuelta a las armas. Cinco años después hay problemas pendientes, como la negativa a formalizar su disolución y entregar las armas; pero no quedan dudas de que el cese era definitivo y que precisamente porque fue una decisión unilateral de la banda, no hay un riesgo razonable de marcha atrás.

Hoy se conocen más datos del proceso que condujo a ese desenlace y avalan esa valoración. Lo sustancial es que la eficacia policial en la desarticulación de los comandos, unida a la ilegalización del brazo político, Batasuna, crearon las condiciones para que los jefes de ese partido asumieran que la violencia provocaba más costes que beneficios a su causa; y que solo recobrarían la legalidad si convencían a ETA de que se retirase. Hubo un pulso sobre esta cuestión que se zanjó mediante un debate interno en el movimiento abertzale (la banda y su entorno) cuyo resultado fue una amplia mayoría a favor del cese unilateral y que presentaron como un mandato de las bases que obligaba a todos; también a ETA.

Tras el anuncio de 2011 había sin embargo una ambigüedad, en parte sugerida por los mediadores profesionales: que el paso del cese definitivo a disolución debería ser objeto de negociación en términos no ya de paz —que no se cuestionaba— por presos, sino de disolución y entrega de las armas por retirada de Euskadi de las Fuerzas de seguridad del Estado. No parece casual que el asunto a negociar sea para ETA el policial. Negociación como reconocimiento por España (y Francia) de la legitimidad de su recurso a las armas frente a las del enemigo. En esas condiciones no tendría sentido que ambos gobiernos se tomasen en serio los intentos de ETA de organizar entregas de armas más o menos teatrales; y carecen de lógica las acusaciones contra ambos países de ser enemigos de la paz por desmantelar los arsenales que la banda pensaban utilizar para esa negociación.

El matonismo residual que trata de prolongar la intimidación que hasta hace cinco años tenía por detrás la sombra de ETA dando verosimilitud a sus amenazas, acaba de manifestarse en Alsasua bajo la forma de paliza próxima al linchamiento (el grado máximo de la cobardía) de dos guardias civiles de paisano y desarmados, afincados en la localidad, y sus novias por parte de decenas de jóvenes herederos de las cuadrillas de acoso del pasado. La consigna con que han respondido a la detención de dos de los presuntos agresores, alde hemendik (fuera de aquí), enlaza con esa pretensión de salida de las policías españolas. Pero también con la consigna “que se vayan” con la que un sector de la población hostigaba a los policías en las postrimerías del franquismo, lo que no deja de traslucir cierta añoranza de aquellos tiempos. Y que EH Bildu se haya negado a condenar la agresión prueba que, aunque el terrorismo haya desaparecido, quedan reservas de intolerancia; y nostalgia de cuando ETA y su entorno mandaban más que ahora.