Cinco días después del inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, algo empieza a resultar tan evidente como inquietante: Trump y Netanyahu están ganando con claridad la guerra militar contra los ayatolás, pero no han sabido explicar cuál era su objetivo final.
Los misiles vuelan, los centros de mando iraníes caen, el liderazgo supremo ha sido descabezado, pero el horizonte político sigue envuelto en bruma.
La Casa Blanca ha ido cambiando de explicación casi al mismo ritmo que despegaban los F‑35.
Primero, el objetivo era frenar el programa nuclear iraní.
Después, destruir su capacidad misilística y naval.
Más tarde, debilitar el apoyo a sus milicias aliadas en la región.
En su primera declaración formal, Donald Trump habló de cuatro metas: eliminar los misiles balísticos de Irán, aniquilar su Armada, impedir que llegue a tener armas nucleares y cortar el suministro a los grupos proxy que operan en Líbano, Gaza, Irak o Yemen.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha prometido una operación «clara y decisiva» que no derivará en otro Irak, pero ha evitado concretar su duración o el desenlace político que se persigue.
Israel, por su parte, ha sido más explícito y, al mismo tiempo, más ambiguo.
Benjamín Netanyahu ha defendido los bombardeos como respuesta a una «amenaza existencial» y ha hablado abiertamente de crear «las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus manos».
Es decir, un cambio de régimen.
Pero no existe, al menos ante la opinión pública, ningún esquema creíble de cómo se transitaría desde la destrucción selectiva de la maquinaria de seguridad iraní hasta la emergencia de un nuevo orden político mínimamente estable.
Los hechos sobre el terreno apuntan a una victoria militar apabullante.
Estados Unidos e Israel han destruido buena parte de la infraestructura misilística iraní, han hundido unidades navales clave y han logrado la superioridad aérea sobre amplias zonas del país.
Trump se ha permitido incluso afirmar que la campaña está «muy por delante del calendario».
Es difícil discutir que, en términos puramente bélicos, la correlación de fuerzas favorece de forma abrumadora a la coalición y que Irán, más allá de que todavía pueda hacer daño puntual en algunos blancos más «de oportunidad» que «estratégicos», ha resultado ser un tigre de papel.
Pero esa superioridad no implica, ni mucho menos, la desaparición del régimen ni su sustitución por una alternativa identificable.
Y la experiencia de Irak, y del caos que generó la caída del régimen de Sadam Husein, debería servir de advertencia a aventureros sin planes razonables a medio y largo plazo.
A día de hoy, las opciones realistas son varias y ninguna coincide del todo con la narrativa triunfalista de Washington y Jerusalén:
1. Que el régimen, pese al golpe, se recomponga alrededor de otras figuras todavía más duras y evolucione hacia un Estado más autoritario y militarizado, hacia un régimen bunkerizado volcado en la lógica de supervivencia.
2. Que se imponga una transición intra‑régimen, con una nueva cúpula que negocie un alto el fuego y eventuales concesiones en el dossier nuclear sin alterar el núcleo del sistema.
3. Que se produzca una fragmentación interna con protagonismo de actores étnicos y regionales (entre ellos fuerzas kurdas apoyadas discretamente por la CIA), con el riesgo cierto de deslizamiento hacia una guerra civil de larga duración.
4. Que surja, en el escenario menos probable, pero más deseado por algunos en Washington y Jerusalén, una coalición democrática capaz de sustituir al actual régimen y mantener unido el Estado iraní, un desenlace para el que no existen, hoy por hoy, estructuras visibles ni liderazgo consensuado.
Nadie pide que Estados Unidos e Israel detallen sus planes operativos ni sus objetivos tácticos. Ningún Gobierno responsable revelaría contingencias militares o información de inteligencia en mitad de una campaña de esta envergadura.
Pero sí es exigible que ambas capitales transmitan a sus sociedades (y al resto del mundo, pero sobre todo al resto de Occidente, que está colaborando en distintos grados en la campaña militar) la certeza de que existe un plan político, no sólo una acumulación de blancos militares.
Trump ha sugerido que la guerra podría durar «cuatro o cinco semanas», aunque inmediatamente ha añadido que Estados Unidos tiene capacidad para prolongarla «mucho más allá» de ese horizonte. La elasticidad de esa frase resume el problema.
La prolongación de los ataques multiplica el riesgo de desbordamiento regional, eleva los precios de la energía y tensiona unas opiniones públicas occidentales que aún recuerdan el espejismo de la «guerra corta» en Irak.
Sin un objetivo político claro, el conflicto corre el riesgo de deslizarse de la victoria militar a la derrota estratégica.
La transparencia absoluta es incompatible con una guerra. La opacidad total, con cualquier democracia.
Entre esos dos extremos, corresponde a Washington y Jerusalén encontrar un punto de equilibrio que hoy no se percibe.
No se trata de facilitar munición al enemigo, sino de ofrecer certezas mínimas a los ciudadanos propios y a unos aliados que observan con inquietud el rumbo de los acontecimientos: qué se quiere conseguir, qué escenarios se contemplan y cuál es la línea roja que marcará el final de esta guerra.
Estados Unidos e Israel han demostrado que pueden ganar la batalla de los misiles. Falta saber si saben, y si quieren, ganar la batalla de la claridad.