Los 34 excargos de la Generalitat que van a tener que afianzar su responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas aportando su patrimonio podrían lanzar el mismo tuit que Gabriel Rufián el 26 de octubre de 2017. Cuando Carles Puigdemont parecía flojear en su determinación de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, no solo tuvo que soportar el empujón de Junqueras y la convulsión lacrimógena de Marta Rovira, sino también el mensaje en redes del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados: «155 monedas de plata». Sugería —luego lo reinterpretó— que el entonces presidente de la Generalitat estaba traicionando a la «república» catalana ante el temor de una intervención del Estado aplicando ese precepto de la Constitución. 

No es extraño que las personalidades del independentismo con sus bienes comprometidos se sientan también traicionados por sus partidos y por su propio electorado. Hubiese bastado que 1.357.000 ciudadanos de Cataluña, que en febrero pasado votaron a ERC (602.000), a JxCAT (567.000) y a la CUP (188.000), aportasen cuatro euros cada uno (5.420.000 euros) para que ellos y sus familias no atravesasen ahora por el trance de responder cautelarmente con sus patrimonios a una administración de dinero público en la promoción del proceso soberanista que el Tribunal de Cuentas considera infringe la legalidad. 

Dice mucho —y, a la vez, poco— de la solidaridad de la Cataluña amarilla este abandono de más de una treintena de sus referentes secesionistas, algunos de los cuales han sido indultados por Sánchez, y que fueron recibidos el pasado mes de junio como «héroes de la patria», tanto en el palacio de San Jaime como en el Parlamento catalán, en actos de exaltación que parecían garantizar una cobertura completa de sus muchos partidarios. La única solución posible ante el Tribunal de Cuentas, alternativa a la prestación de fianzas personales cautelares con su patrimonio, consistía en una colecta entusiasta de los electores y de los partidos independentistas. Y no se ha producido, lo que delata las debilidades del republicanismo separatista catalán, el exceso de su retórica, el abuso de su épica y, a la postre, la efectividad con la que se imponen los mecanismos de autodefensa del Estado ante comportamientos, en este caso, presuntamente ilegales.

La campaña de desprestigio del Tribunal de Cuentas ha sido persistente en los medios catalanes. El Gobierno no ha salido en defensa de esta instancia constitucional que Pedro Sánchez calificó erróneamente como «órgano administrativo». Es un órgano constitucional. La ley orgánica que lo regula —desarrollo del artículo 136 de la CE— le encomienda «fiscalizar la actividad económico-financiera de los partidos políticos» bajo la dependencia directa «de las Cortes Generales». Es competencia del TC «el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos». El pleno del Tribunal está integrado por doce consejeros elegidos por mayoría cualificada por las Cámaras (uno de ellos los preside), y el fiscal. En la campaña de denigración del Tribunal de Cuentas se ha aludido a la condición de consejera de Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar (1996-2000), magistrada y exvicepresidenta del Consejo General del Poder Judicial, pero se ha omitido que la fiscalía adscrita al organismo depende de Dolores Delgado, fiscal general del Estado y exministra de Justicia con Pedro Sánchez (2018-2020) que tendrá que pronunciarse ante la denuncia por malversación interpuesta por Ciudadanos contra el Ejecutivo catalán y su organismo financiero. 

Se mire como se mire, este episodio es un fracaso del independentismo. Del social y del institucional. No solo los electores no han logrado una colecta suficiente; tampoco los partidos secesionistas se han sacudido sus propios bolsillos. Ninguna entidad bancaria ha avalado las fianzas con la garantía del Fondo del Instituto Catalán de Finanzas, internamente dividido en la articulación de esta «solución» estrictamente política. Las entidades financieras y de ahorro han protegido su reputación y se han cuidado de no incurrir en una posible ilegalidad. Y no se ve por parte alguna el arrojo de los empresarios que jalearon en el Círculo de Economía de Barcelona el indulto a los políticos condenados por sedición y malversación y que ahora tenían una ocasión para aportar —eso sí, de su bolsillo privado— una «contribución a la normalización» de la situación catalana. La imagen que ha proyectado el conjunto del separatismo catalán ha sido de fragilidad. 

Las entidades financieras y de ahorro han protegido su reputación y se han cuidado de no incurrir en una posible ilegalidad 

Si el Tribunal de Cuentas inadmite el aval cautelar del ICF a las cantidades provisionalmente liquidadas por la instructora delegada, la fiscalía quedaría aliviada ante la denuncia de los de Arrimadas y el Consejo de Ministros se haría el ‘longuis’ y trataría de evitar un conflicto con su socio republicano. En definitiva, si se desestima la validez del dinero público para avalar la responsabilidad patrimonial de 34 excargos de la Generalitat —Mas, Junqueras y Puigdemont, entre ellos—, Pedro Sánchez eludirá seguramente el recurso de inconstitucionalidad porque el Fondo complementario dejaría de tener sentido y, por lo tanto, vigencia. Un fiasco para la Generalitat. 

Queda claro que el Gabinete de Aragonés está dispuesto a conculcar la ley. Mientras el consejero de Economía, Jaume Giró, quiso introducir cautelas —evitar situaciones de riesgo penal para los funcionarios del Instituto Catalán de Finanzas y petición de dictamen sobre la norma al Consejo de Garantías Estatutarias— los más radicales impusieron la rudimentaria iniciativa de pagar con dinero público un aval para amparar a los que, presuntamente, lo malgastaron. En Cataluña, la mayoría del independentismo actúa con criterios sátrapas porque esos diez millones de euros habilitados en el Fondo Complementario de Riesgos proceden de los impuestos de todos los ciudadanos. 

Este ha sido y está siendo un episodio extremadamente aleccionador de cómo discurren los acontecimientos en el independentismo, de qué manera el Gobierno de Sánchez está inseguro con un socio como ERC y hasta qué punto Aragonés—supuestamente más pragmático que otros— subordina las instituciones comunes del autogobierno a los propósitos del republicanismo separatista. Y todo eso, después de los indultos. Que sí, eran gratis.