Cuando murió Franco, mi edad era la que hoy tiene mi hijo menor: 24 años. Había obtenido la licenciatura en Filosofía y Letras un año antes, pero mi condena reciente por el Tribunal de Orden Público me impedía opositar a puesto alguno en la enseñanza pública. Así que había optado por sacar partido de mi condición de vascohablante como profesor de una ikastola perfectamente legal, sostenida por una cooperativa de padres de alumnos. Poco antes de la muerte de Franco, todos los profesores de la misma fuimos puestos en la calle por pedir Seguridad Social. Denunciamos a la cooperativa por despido improcedente y se nos acusó de traidores a la patria vasca por haber apelado a una institución franquista, la Magistratura de Trabajo (ganamos el juicio siendo ya Rey Juan Carlos I). Algunos miembros del equipo de profesores que nos sustituyó fueron detenidos un año después por pertenencia a banda armada.

Así que, paradójicamente, solo conocí bajo el franquismo la explotación y la negación de mis derechos laborales por parte de una patronal abertzale (algunos de cuyos miembros directivos eran padres de alumnos que, andando el tiempo, adquirirían cierta notoriedad dentro de ETA: por ejemplo, la asesina del joven concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco). Por mi parte, mientras vivió el dictador, siempre me consideré antifranquista, al igual que mi familia más cercana. Mis dos abuelos habían sido objeto de represalias tras perder la guerra, el paterno por nacionalista vasco; el materno, por azañista. Lo que no obsta para que el primero hubiera perdido a sus dos hermanos en sendos linchamientos a manos de partidarios (en teoría) de la legalidad republicana: uno de ellos, en Garrucha (Almería), donde había sido alcalde y director de las minas; otro, abogado y prominente político tradicionalista, en Bilbao, durante el asalto a la cárcel donde estaba encerrado, por un batallón de milicianos de UGT retirado del frente por el lendakari Aguirre para proteger (también en teoría) a los reclusos de la derecha «españolista». Mi abuelo, abertzale de derecha, como todo el PNV de su época, fue antifranquista hasta su último aliento, pero también un feroz antirrepublicano. Como nacionalista vasco y católico, odiaba mucho más al régimen del 14 de abril que al del 18 de julio.

Hasta que murió Franco fui antifranquista. Después dejé de serlo aceleradamente. Tras la Ley de Amnistía de 1977, que me convirtió de súbdito en ciudadano, tuve claro que el mayor enemigo de la libertad era ETA, organización mafiosa constituida en los años finales del franquismo para la práctica de la extorsión económica. El casposo antifranquismo sobrevenido de la izquierda sanchista, aliado hoy con los nuevos gángsteres abertzales, solo me produce asco, asco y más asco.