La convalidación del decreto-ley que recoge el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales sobre la reforma de la legislación laboral -siguiendo las indicaciones formuladas por las instituciones europeas- es una buena noticia que ha sido empañada por el esperpéntico modo en que se ha producido.

Es una buena noticia porque las reformas, para ser eficaces, tienen que ser consensuadas y estables. El hecho de que, como han advertidos los expertos en la materia, la norma aprobada no suponga en modo alguno la derogación de la anterior, sino únicamente su perfeccionamiento y mejora y, por ello, solo afecte a un 10% de su contenido, pone de manifiesto que se trata de una ‘consolidación’ (lo contrario de una ‘derogación’) de la norma, a la que a la legitimidad parlamentaria indiscutible de la anterior se le añade el plus del acuerdo entre sindicatos y patronal.

Lo lamentable es que su aprobación ha supuesto -desde el punto de vista del respeto a los procedimientos democráticos- «un pasito más en la degeneración», como denunciaba en estas páginas Ruiz Soroa. El bochornoso espectáculo ofrecido por nuestros representantes tuvo dos episodios especialmente criticables: la actuación de la presidenta del Congreso en relación al error de un diputado del PP que votó ‘sí’, pero manifestó que su voluntad era votar ‘no’; y el voto de dos diputados de UPN que dijeron que iban a votar ‘sí’ y acabaron votando ‘no’.

Respecto a lo primero, la presidenta del Congreso estaba obligada a reflejar la voluntad real del diputado tan pronto como este le hubo advertido de su error. Aprovecharse de un fallo de este tipo para ganar una votación es incompatible con los usos y el ‘fair play’ de la democracia parlamentaria. No es por ello nada descartable que -aunque con la excesiva e imperdonable demora a lo que nos tiene acostumbrados- el Tribunal Constitucional acabe estimando las impugnaciones que le puedan llegar por este motivo.

Por lo que se refiere al voto de los diputados rebeldes, la crítica a su actuación no se ha centrado en lo principal sino en lo accesorio: esto es, en su desobediencia a las instrucciones transmitidas por los órganos dirigentes del partido y no en el incumplimiento de su obligación de explicar previamente en la Cámara el sentido del voto.

Conviene recordar que la Constitución establece expresamente que «los miembros de las Cortes no estarán ligados por mandato imperativo» (artículo 67). Esto quiere decir que constitucionalmente pueden y deben votar siempre «en conciencia». Ahora bien, por la lógica del Estado de partidos y del sistema electoral se ha dicho, y con razón, que el precepto citado es uno de los más incumplidos de la Carta Magna. Lo cierto es que todos los diputados están ligados a su partido y acatan sus instrucciones. El diputado vota lo que su formación acuerda. Y ello porque es gracias a su inclusión en la lista de un partido y no por méritos propios por lo que ha alcanzado su escaño. En ese contexto, desde un punto de vista político, nada de extraño tiene que UPN, partido gracias al cual los diputados en cuestión tienen su escaño, les haya exigido su dimisión. Pero, desde un punto de vista jurídico, la doctrina del Tribunal Constitucional es clara y contundente: «El escaño es del diputado» y no de su fuerza política. Y está bien que sea así para evitar una dictadura del partido y la aniquilación de la libertad del diputado. De hecho, en ocasiones, el incumplimiento de las directrices de voto recibidas puede estar justificado por el respeto a los compromisos programáticos del propio partido. En este caso, no había tal justificación.

Lo verdaderamente criticable de la conducta de los miembros rebeldes de UPN es su quebrantamiento de los principios de publicidad y motivación inherentes a la democracia parlamentaria. Principios que exigen que, antes de votar «libremente», el parlamentario exponga el sentido de su voto y las razones del mismo. En este caso, los diputados incumplieron esta obligación y, por sorpresa y sin previo aviso, votaron en contra de lo que ellos mismos (y no solo su partido) habían anunciado que iban a votar. Esto es muy grave. Lo explicaron después y lo hicieron con razones que poco tienen que ver con lo que se estaba votando pero que explican la irracionalidad y el absurdo de nuestra vida política: votaron no porque el Gobierno se apoya en Bildu, y ello a pesar de que en este tema Bildu votó también ‘no’, lo mismo que ellos.

El espectáculo que ofreció el Congreso fue delirante. Los que defendían la derogación de la reforma laboral encabezados por Yolanda Díaz (Podemos) votaban felices su convalidación y los artífices de la legislación que se confirmaba con leves retoques -los diputados del PP- votaban contra su propia norma. De locos.