Tonia Etxarri-El Correo
A dos días de que expire el plazo que la propia Esquerra Republicana de Catalunya se fijó para decidir si dan ‘fumata blanca’ a la investidura del socialista Salvador Illa para presidir la Generalitat, llegó el preacuerdo que deberán avalar las bases de ERC este viernes. Se disparan las conjeturas sobre el precio de la factura que, a cambio, deberá pagar el Gobierno español (es decir: todos los ciudadanos) y sobre los reparos que no disimulan las bases del partido. Tan limitados a la hora de favorecer la Presidencia del Gobierno catalán al dirigente de un partido del 155. Tan pendientes de la reacción del prófugo Puigdemont que parece dispuesto a desestabilizar todas las legislaturas que se le pongan por delante: la de la Generalitat y la de Pedro Sánchez. Desde Junts han redoblado la presión a ERC para que no pacte con los socialistas el Gobierno catalán porque son conscientes de que los republicanos no tienen una opción B que les convenza. O Salvador Illa al mando del timón o vuelta a las urnas en octubre. Y una repetición de elecciones no le conviene al partido de Junqueras y Marta Rovira, abierto en canal y sin un liderazgo claro. Serán las bases quienes harán inclinar la balanza este viernes, día 2. Y las bases, hoy por hoy, están partidas por dos mientras ven a sus dirigentes forzando la escena negociadora. Si cierran el nuevo sistema de financiación para Cataluña, el pacto habrá valido la pena. Veremos cómo se adornan en el relato de este círculo de engaños.
De las negociaciones opacas aflora la incertidumbre. Suele pasar. Sólo quienes tienen dificultades a la hora de justificar pactos que pueden provocar agravios comparativos son los que controlan la banca en este juego. Y nunca mejor dicho.
Se equivocaban quienes pensaron que Pedro Sánchez iba a sacrificar a su peón en Cataluña, Salvador Illa, con tal de no contrariar a Puigdemont. Porque Illa, hoy por hoy, es la gran esperanza blanca de Pedro Sánchez para compensar la imagen de desgobierno en La Moncloa aun a riesgo de que esa inestabilidad se evidencie todavía más si Puigdemont insiste en tirar por la calle de enmedio. Pero, de momento, se equivocaban también quienes pensaban que a Junts le interesaría no reventar la legislatura de Sánchez porque no va a tener otro interlocutor más solícito con el secesionismo que el actual inquilino de La Moncloa.
Pero ni el presidente del Gobierno ni sus aliados secesionistas controlan todos los resortes del entramado institucional de nuestro Estado de Derecho. No estamos en Venezuela, afortunadamente. Por eso, el Tribunal de Cuentas se ha permitido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía. Considera que el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1 de octubre (la malversación de 5,3 millones de euros) y la promoción exterior del ‘procés’ afecta a los intereses financieros de la UE. Es la primera institución que utiliza esta vía que paraliza la aplicación de la ley de impunidad. Puigdemont, ‘touché’.