Editorial ABC 19/02/14
· Nada más propio del nacionalismo que hacer listas de «enemigos del pueblo». La lista del CAC ha sido la base de una demanda de protección del honor del «pueblo catalán».
Los nacionalistas catalanes muestran una sensibilidad a flor de piel cada vez que se les recuerda que el nacionalismo ha causado en Europa las ideologías más sectarias, las tiranías más oprobiosas y las mayores masacres conocidas en la Historia. Se hacen los ofendidos y claman contra comparaciones que, si se hicieran como ellos dicen, serían, en efecto, ofensivas. Sin embargo, estos mismos nacionalistas no dudan en llamar «nazis» a los empresarios alemanes que, por invertir, arriesgar y dar empleo en Cataluña, critican la independencia; tampoco dudan en incumplir sentencias, desacatar la Constitución y ofender continuamente al resto de España.
No les tiembla el pulso al atribuirse la representación orgánica –ni legal ni política– del «pueblo catalán» y al hacer de la lengua catalana una coartada de identidad y exclusión. Eso sí, cuando se señalan los antecedentes que ofrece la historia sobre lo que sucede si el nacionalismo cede a su pulsión totalitaria, se escandalizan y se hacen los ofendidos. Y al buscar a los ofensores vuelven a mostrar la veta intransigente que todo nacionalismo lleva en su seno, como sucede con el informe que el Comité Audiovisual de Cataluña (CAC) elaboró para señalar a periodistas desafectos al régimen separatista (algunos, colaboradores de este periódico) que está implantando CiU con la cooperación necesaria de ERC. Nada más propio del nacionalismo que hacer listas de «enemigos del pueblo».
La lista del CAC, esa versión aldeana del «mccarthysmo», ha sido la base de una demanda de protección del honor del «pueblo catalán» admitida a trámite por un juzgado de Barcelona contra varios periodistas discrepantes del proceso separatista abanderado por Mas, quien no para de hundir su proyecto de secesión en errores y fracasos. Por lo pronto, nunca debió ser admitida a trámite una demanda civil interpuesta en nombre de un sujeto jurídico –el pueblo catalán– que no es titular de derechos personales –el honor, la intimidad o la imagen– y en virtud de una representación –la que se atribuye el Gobierno autonómico– que no existe legalmente.
Políticamente, la iniciativa de la Generalitat es uno de los más graves síntomas de la transformación antidemocrática que está experimentando el nacionalismo catalán. Cataluña está inmersa en un estado histórico marcado por la ilegalidad que promueven sus dirigentes como modelo de gobierno: incumplen la Constitución, desacatan las sentencias del Supremo, señalan a periodistas y, como contexto, coexisten con la corrupción. Que se celebre o no la consulta separatista es, como hemos dicho en estas páginas, quizá lo menos grave de lo que le puede pasar a Cataluña. Lo más grave es la sucesión de comportamientos que dan a CiU y ERC la apariencia del viejo totalitarismo nacionalista.
Editorial ABC 19/02/14