ABC – 27/08/14
· Argumenta ahora lo contrario de lo que dijo cuando estalló el caso Bárcenas.
· Al ministro Montoro, sobre la posibilidad de que Bárcenas se acogiese a la amnistía fiscal: «Explique este punto muchísimo mejor, con nombres y apellidos».
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, comparecerá el próximo 2 de septiembre en el Congreso de los Diputados para explicar los avances del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal e intentar arrojar luz sobre el caso Pujol, que acorrala al expresidente y su familia.
En concreto, tratará de aclarar si quien presidió la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003 pudo acogerse a la amnistía fiscal para blanquear parte de la fortuna que él mismo admitió que ocultaba en Suiza. Lo pidieron la mayoría de grupos parlamentarios, incluido el PP. Sin embargo CiU, la coalición de la que Pujol fue presidente, se negó ayer a la petición de comparecencia.
El portavoz convergente en el Congreso, Pere Macías, aseguró a los me- dios de comunicación, al concluir la a reunión de la Diputación Permanen- te que debatía la petición de compa- recencia del ministro Montoro, que e esta «no se puede votar afirmativa- mente», justificando la decisión en que e no está «en el marco de la legalidad».
Para Macías, que Montoro revele los s nombres de quienes pudieron acoger- se a la medida del Gobierno «topa de lleno» con el artículo 95 de la Ley de la Agencia Tributaria, que «establece la confidencialidad de las investigaciones» del fisco.
El extesorero del PP
Sin embargo, este imperativo legal no fue un problema para el grupo soberanista catalán cuando de quien se hablaba era del extesorero del PP, Luis Bárcenas. En enero de 2013, CiU votó a favor de que Montoro diera cuentas en el Congreso sobre la posibilidad de que Bárcenas hubiera regularizado parte de su fortuna mediante la ley de amnistía fiscal.
Durante la intervención del titular de Hacienda y Administraciones Públicas en Comisión, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre le pedía que aclarara si el extesorero se acogió o no a la amnistía fiscal para «dar satisfacción a los grupos parlamentarios», entre ellos CiU, que habían votado a favor de la comparecencia. «Dice que la regularización no encubre el delito cometido», señalaba entonces Sánchez Llibre, y exigía al ministro que explicara este punto «muchísimo mejor, con nombres y apellidos».
Incluso hacía referencia a los impedimentos que la ley pudiera presentar, que le parecían fácilmente salvables entonces: «Si la ley no lo permite, creo que usted ha de hacer un esfuerzo complementario para intentar que todos los grupos parlamentarios y toda la sociedad en general sepan exactamente por dónde han ido los hechos».
Más tarde tomó la palabra otro diputado de CiU, Antoni Picó, quien insistió en que Montoro había «perdido una oportunidad» para «explicar bien a la ciudadanía los efectos de la regularización» que se estaba tratando en la Comisión. «Espero que no lo vuelva a hacer», añadió. Pero quienes han puesto freno esta vez a que se pongan «nombres y apellidos», como dijo Sánchez Llibre, a la amnistía fiscal ha sido precisamente CiU.
El PSOE exige toda la verdad
Por su parte, el PP quiso aclarar a la oposición que la ley ciertamente impide al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas «facilitar datos tributarios sobre contribuyentes concretos». Por lo que se da por seguro que el ministro Montoro no precisará si el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol o miembros de su familia se acogieron a la amnistía fiscal.
La diputada del PP Ana María Madrazo aseguró que Montoro explicará «los avances que se han hecho con el Gobierno del PP en la lucha contra el fraude fiscal» y hablará de «las medidas que entre todos» los grupos parlamentarios se deben arbitrar. Finalmente la comparecencia del ministro se producirá a petición del grupo popular en el Congreso.
Por su parte, el diputado socialista Pedro Saura pidió que se sepa «toda la verdad» sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol y sobre cómo actuaron las instituciones, en particular la Agencia Tributaria, en relación con la amnistía fiscal y las investigaciones que, a su juicio, se deberían haber llevado a cabo para saber de dónde provenían los fondos regularizados.
ABC – 27/08/14