EL CORREO 11/01/13
El documento que debatirá el Parlamento autonómico el 23 de enero define a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano».
La declaración pactada por CiU y ERC para su debate y aprobación por el Parlament el 23 de enero próximo declara «la soberanía democrática del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico», y manifiesta su «voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado». Esta inequívoca apuesta por la independencia niega cualquier posibilidad de acuerdo con el PSC. A priori, el texto cuenta con el respaldo de los ecosocialistas de ICV-EUiA –a condición de no ser utilizados como meros comparsas para dar el visto bueno a lo que pacten los partidos de Artur Mas y Oriol Junqueras–, así como el de la independentista Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Por el contrario, PP y Ciutadans ni siquiera recibieron ayer el borrador, por oponerse ambas formaciones a cualquier consulta de autodeterminación.
Aunque Esquerra había expresado su intención de limitar la declaración al «derecho a decidir», que sí comparten los socialistas catalanes, la formulación actual del texto hace inviable su adhesión. Lo anunció ayer mismo el portavoz del PSC en la Cámara autonómica, Maurici Lucena, quien criticó que el escrito «disfraza la independencia de derecho a decidir y prejuzga que el objetivo de la consulta sea conseguir un Estado propio». «Es un texto de adolescentes, de dudosa calidad democrática», zanjó Lucena en Catalunya Ràdio.
Al aprobar el manifiesto –primer paso de un recorrido que culminaría con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en 2014–, el Parlament acordará en el primer pleno ordinario de esta décima legislatura «declarar la soberanía democrática del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico, iniciando el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir como plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y hacer efectiva la voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo».
«Involución»
CiU y Esquerra sostienen en el preámbulo del texto que los catalanes confirmaron ese deseo «de manera clara e inequívoca» en las elecciones del 28 de noviembre, como respuesta a «la actual situación de bloqueo en el seno del Estado español» y a «la involución en el autogobierno que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos». Los proponentes censuran, en este ámbito, «las dificultades y negativas» planteadas por las instituciones del Estado a las «medidas de transformación del marco jurídico y política» impulsadas por «una mayoría de las fuerzas políticas y sociales catalanas». Critican en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut.
La declaración se basa en los principios ya enunciados por Artur Mas durante la campaña autonómica –el primero, la soberanía de Cataluña–, y su votación era uno de los compromisos del acuerdo que rubricaron Convergencia y Esquerra en diciembre y que permitió a Artur Mas ser investido como presidente de la Generalitat. No será, además, el primer pronunciamiento de la Cámara autonómica en este sentido: el Parlament ya reivindicó el pasado 27 de septiembre «la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiera determinar libre y democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta».
LOS PRINCIPIOS DEL DOCUMENTO
1. Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.
2. Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y el diálogo en el seno de la sociedad catalana con el objetivo que el pronunciamiento que de ello resulte sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular.
3. Transparencia. Se facilitaran todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso.
4. Diálogo. Se apostará por el diálogo y la negociación con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.
5. Europa. Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes territorios de la Unión y la apuesta por el progreso económico, social y cultural.
6. Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.
EL CORREO 11/01/13