EL MUNDO – 20/11/14
· Los nacionalistas confían en que la actuación de la Fiscalía levante su expectativa electoral.
Las actuaciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el «proceso participativo» del pasado 9 de noviembre concitaron ayer la crítica casi general de la clase política catalana. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dijo que en su opinión «no sería propio de una democracia» que la Fiscalía General del Estado castigara al president Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la titular de Educación, Irene Rigau.
En la línea de otros dirigentes de CiU, como Josep Antoni Duran Lleida, Homs dijo que si el fiscal general del Estado presenta una querella contra esos miembros del Govern equivaldría a un «error muy grande». «Si en una democracia unos responsables gubernamentales acaban cometiendo delito por facilitar el derecho fundamental de la libertad de expresión es que estamos en una dimensión desconocida», añadió.
Los nacionalistas demostraron ayer que esperan la presentación de la querella para azuzar la rebelión contra el Estado de sus bases, muy movilizadas tras el 9-N. Especialmente motivada en ese sentido está CiU, que busca concentrar las simpatías soberanistas en torno a la figura de Mas ante un eventual adelanto electoral en Cataluña.
Esas intenciones quedaron claras ayer cuando Homs afirmó que el Govern se defenderá jurídicamente de la querella, y cuando aseguró que afrontan el proceso con «serenidad» y con «la conciencia tranquila» de haber actuado dentro de la legalidad. El portavoz de Mas, que es habitualmente el encargado de fijar la doctrina comunicativa del Govern, añadió que quienes piensan que «a través de querellas se puede debilitar o parar» el proceso soberanista «no conocen al pueblo catalán» ni la «determinación» de una «amplia mayoría» en Cataluña.
Pero tanto él como otros dirigentes de CiU criticaron sobre todo el uso político que a su juicio está haciendo el PP de la Fiscalía. El portavoz de la Generalitat habló de «imposición» y de «presiones».
El consejero de Interior, Ramon Espadaler, incidió en esas quejas. «Es un menosprecio hacia el rigor y la profesionalidad de la Fiscalía de Cataluña y, proyectando una sombra de duda sobre ellos, el Partido Popular vuelve a hacer un flaco favor a una institución del Estado», subrayó.
También calificó de «inaceptables» las declaraciones del secretario de Organización del PP, Carlos Floriano, en el sentido de que los fiscales en Cataluña están «contaminados por el ambiente nacionalista» que han generado «la Generalitat y los poderes oligárquicos fácticos».
«Estaré al lado del president y de cualquier otro miembro del Govern contra quien vaya dirigida la querella porque la siento como propia», apuntó Espadaler, informa Efe.
Los socialistas catalanes, que temen que la querella vigorice las opciones electorales de Mas, también calificaron ayer de «gravísimo error» y de «desastre telúrico» la actuación. El portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, cree además que «empeorará el problema» catalán.
En su opinión, la querella «tiene origen en una equivocación anterior: la impugnación por parte del PP del proceso participativo del 9-N». «De aquel error, esta actuación equivocada», concluyó.
Esquerra Republicana, por su parte, quiso competir con CiU en la defensa épica del 9-N. El portavoz del partido en el Congreso, Alfred Bosch, afirmó que la eventual querella se dirigiría en realidad contra «un pueblo entero»: el que constituyen todos los catalanes que votaron ese día.
Por ello, Bosch pronosticó que las actuaciones de la Fiscalía no van a servir para parar el proceso abierto en Cataluña que, según dijo, sigue «adelante con toda la fuerza y en forma».
Ciutadans también criticó la querella, pero por otros motivos. Su secretario general y portavoz, Matías Alonso, afirmó que la iniciativa de Torres-Dulce «llega tarde» y «no sirve para nada», y cree que demuestra la «ineptitud» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
EL MUNDO – 20/11/14