La orden que ha primado hasta ahora en Ciudadanos ha sido la de rehusar la entrada en los diferentes Ejecutivos que apoya –por ejemplo, los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía– y, de hecho, ha expulsado a todos aquellos dirigentes que se han saltado esta norma. Sin embargo, tal como informamos hoy en estas páginas, la Asamblea General que Ciudadanos celebrará a principios de 2017 dará luz verde a entrar en gobiernos a partir de 2019, coincidiendo con las próximas elecciones municipales y autonómicas. La decisión del órgano supremo de gobierno de C’s rubricará un hoja de ruta que es consecuencia de la solidez de un proyecto político que nació hace más de una década en Cataluña como respuesta a los excesos nacionalistas. Porque, lejos de mutualizar la responsabilidad o diluir el perfil propio, la entrada de Ciudadanos en el Gobierno hubiera sido beneficiosa tanto para esta formación como para el PP. Para Ciudadanos, porque le hubiera permitido gozar de una mayor visibilidad y capitalizar políticamente su acción de Gobierno. Y para el PP, porque la presencia de ministros de Ciudadanos hubiese sido un acicate para afrontar asuntos prioritarios como la Educación, la regeneración política y la reforma de las administraciones públicas.
Ciudadanos es una formación relativamente nueva cuyo principal celo –lógicamente– es preservar el espacio de centroderecha, que le ha consolidado como la cuarta formación del país. Pero cometería un error si incurre en un exceso de purismo. Ciudadanos ha demostrado un encomiable sentido de Estado y responsabilidad institucional. El corolario a esta proyección política sería asumir tareas de Gobierno. Y, aunque es cierto que la oposición de Ciudadanos a Rajoy fue tajante en el pasado, la realidad es que ello no es incompatible con el pragmatismo del que ha hecho gala la formación naranja desde su irrupción en la política nacional. De hecho, el pacto de Gobierno que Rivera selló con Pedro Sánchez recogía la posibilidad de ocupar la vicepresidencia y compartir ministerios en el Ejecutivo.
Es evidente que Rivera tiene muy presente el ejemplo de los liberales británicos, que fueron barridos del mapa político en este país tras la experiencia de Gobierno de coalición con los conservadores. Es evidente también que la polarización y la volatilidad del marco político en España no favorecen los intereses de un partido que ha hecho del diálogo y el reformismo dos de sus principales señas de identidad. Sin embargo, Ciudadanos tiene motivos fundados para no desaprovechar las oportunidades que se le presenten a la hora de aceptar tareas de gobierno. Primero porque sus dirigentes han dado muestras sobradas de competencia y, segundo, porque dispone de unos cuadros con una elevada capacitación profesional. La figura de Rivera ha jugado un papel determinante a la hora de tender puentes en los últimos meses, fruto de su capacidad mediadora y su espíritu conciliador. Además, ha sido capaz de huir de la demagogia y de posturas rupturistas, demostrando que la nueva política no está reñida con el pragmatismo. Y demostrando también que la acusación de ser una marca blanca del PP no es más que un embuste alentado por Podemos para intentar socavar el prestigio acumulado por Rivera.
En los comicios de junio, Ciudadanos se vio claramente perjudicado por la ley electoral y, pese a bajar menos de medio punto, pasó de 40 a 32 escaños. En todo caso, ha logrado superar la tormenta política del último año manteniendo el respaldo de más de tres millones de votos. Se trata de una base lo suficientemente sólida como para no desdeñar la ambición de asumir responsabilidades de Gobierno, sin temor por ello a perder ni un ápice de su identidad política. Al contrario, sería la certificación de la madurez de un partido que puede alardear de solvencia y seriedad.