Paloma Esteban-El Confidencial

El partido mantendrá la campaña. Serán sus cargos los que a partir de ahora se ocupen para evitar al ciudadano de a pie cargar con posibles represalias. También estudian vías legales

La presencia de los lazos amarillos y otros símbolos independentistas en las calles promete ser la batalla política de las próximas semanas en Cataluña. Especialmente después de que los Mossos d’Esquadra identificaran a 14 personas el pasado fin de semana por llevar a cabo su retirada. Ciudadanos, el partido que lidera Inés Arrimadas en esta comunidad, insiste en que continuará adelante con la campaña de «limpiar» los espacios públicos de símbolos soberanistas y serán sus cargos públicos los que a partir de ahora se ocupen de este cometido, con el objetivo de que ciudadanos de a pie no carguen con las represalias que podrían tomar contra ellos.

La guerra de los lazos amarillos comenzó el pasado mes de mayo cuando miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) llenaron varias playas catalanas de cruces amarillas. La iniciativa se contagió en las principales ciudades. Si desde los círculos soberanistas se defendía seguir colocando lazos y otros símbolos en calles y plazas en defensa de los políticos encarcelados y de la continuidad del proceso separatista, Ciudadanos inició hace semanas una campaña institucional y política para retirar todas estas insignias de los espacios públicos. Como adelantó este diario, la formación naranja lanzó un llamamiento a cargos, militantes y simpatizantes para «limpiar» las calles de lazos, insistiendo en la necesidad de mantener «la neutralidad» en las calles «de todos», tras la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se pronunció en esa línea.

Desde entonces, el cruce de acusaciones entre miembros del Govern —incluido también el ‘expresident’ Puigdemont— y dirigentes del partido naranja ha sido continuo. Pero la actuación de los Mossos en la madrugada de este sábado, identificando a 14 personas que llevaban a cabo la retirada de símbolos en varias calles de Tarragona, supondrá un antes y un después. Según explicó la propia policía autonómica, se abrieron diligencias y, en estos momentos, continúan pendientes de las denuncias que puedan ponerse por parte de ayuntamientos o particulares por posibles daños al dominio público, que podrían incurrir en sanciones de entre 601 y 30.000 euros.

Una «aberración» según explican dirigentes de Ciudadanos, que aseguran que no se cruzarán de brazos ante este nuevo escenario. Fuentes de la formación confirman a este diario que en estos momentos estudian «las vías legales» para recurrir esta actuación, «más propia de una policía política», y aseguran que si se confirman las sanciones económicas entienden que se trataría de «prevaricación» en cuanto a que castigan a ciudadanos «a sabiendas de que es ilegal castigarles por ese motivo». Precisamente por eso, la cúpula del partido considera que, por ahora, la campaña debe seguir adelante a través de cargos públicos del partido.

Por otra parte, la formación solicitará la comparecencia del conseller de Interior, Miquel Buch i Moya, para que explique las funciones encomendadas a los Mossos a este respecto. En el partido de Albert Rivera insisten en que la policía autonómica «debe servir a todos los catalanes» y, «de ninguna manera», debe estar al servicio de los «intereses partidistas» de miembros del Govern que quieren «llenar las calles de símbolos independentistas».

Iniciativa frente a la «inacción de Sánchez»

La formación naranja tiene claro que no dejará pasar la oportunidad de tomar la iniciativa en esta nueva batalla. La estrategia del partido tiene un doble objetivo. Por un lado, continuar ejerciendo como líderes de la oposición frente al Gobierno secesionista de Torra, liderando las propuestas unionistas en el terreno político y, por el otro, presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante lo que consideran «una completa inacción».

El último reproche de Ciudadanos se dirige a la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien consideran que «resta importancia» a los ataques del secesionismo. En concreto, la respuesta de la número dos de Sánchez a la afirmación de Torra sobre «que atacará al Estado» indignó a los dirigentes de Ciudadanos. Calvo insistió en que «siendo una frase absolutamente inaceptable, con ella no se ataca el Estado», asegurando que «el Gobierno sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales». Pero, al mismo tiempo, la vicepresidenta pidió «lealtad» a «las derechas» —en referencia a PP y Ciudadanos— considerando que su discurso es en estos momentos «inentendible». Afirmaciones que desde la formación de Rivera critican duramente por entender que el Gobierno de Sánchez «se equivoca de aliados» y trata de la misma manera a los que pretenden «romper la democracia española» y a los que luchan por mantener la unidad del país.

El partido de Rivera pretende seguir ‘arrinconando’ al Ejecutivo de Sánchez, «que se convirtió en presidente con los apoyos de los independentistas» y que por eso, entienden, «mira hacia otro lado» mientras continúan sucediéndose «provocaciones constantes».

Iniciar los trámites de un nuevo 155

Precisamente en este contexto y apoyándose en dos cuestiones recientes —la afirmación de Torra de «atacar el Estado» y la «utilización de los Mossos como policía política» en la retirada de símbolos secesionistas— el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió formalmente este lunes que el Gobierno envíe a la Generalitat el requerimiento previo para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución e intervenir algunas competencias básicas de la autonomía.

«Cuando se cometen delitos, hay que actuar. Y la declaración de intenciones de Torra es más que suficiente para enviar ese requerimiento», afirmó Villegas. Más allá de valorar si hay un punto de inflexión que empuje al partido a realizar esta petición formal, el número dos de Rivera reiteró que «si no hacemos nada, volverán a dar el golpe». Un nuevo aviso al Gobierno de Sánchez.