FRANCISCO SOSA WAGNER-EL Mundo
El autor, partiendo de su propia experiencia en UPyD, analiza la difícil situación en la que se encuentra Cs y propone que, además de la Ejecutiva del partido, se manifiesten los diputados que han sido elegidos en las urnas.
Ahora, entre gentes de buena crianza, deben los comportamientos ser distintos por lo que se impone acercar esas posturas. A mi juicio es lógico que Albert Rivera desconfíe de Sánchez porque es el presidente un político hábil en el manejo de fraudes y en el empleo de armas aventajadas y dañosas. Únase a ello su propensión, que comparte con una amplia representación del socialismo español, a la coyunda con los nacionalismos de suerte que puede afirmarse que allí donde Sánchez ve una barretina o una boina se acerca en ademán obsequioso para acabar cayendo rendido ante sus portadores como los actores de alguna obra lacrimógena de teatro o los protagonistas de las novelas sicalípticas de Felipe Trigo. De manera que la cautela debe extremarse en esos tratos y ahí Albert Rivera está asistido por la razón.
Al mismo tiempo, los discrepantes defienden la necesidad de presentar a Sánchez unas condiciones concretas que fueran el germen de un programa de gobierno. Es evidente que este paso debió haberlo dado Sánchez hace tiempo. No lo ha hecho limitándose a pedir la abstención como el menesteroso pide la limosna sin ofrecer a cambio más que la mirada complaciente del Cielo. Pero Sánchez puede ofrecer mucho siempre que lo haga de forma precisa y no amparado en esa palabrería –apta para consumo de beocios– del «progreso» o de la «izquierda». Verbigracia, una actitud clara frente a los golpistas catalanes, la forma de contener la deuda española, la reforma tributaria no confiscatoria, la enseñanza, las pensiones, la defensa de la lengua española… y un largo rosario de cuestiones del más subido interés para todos nosotros. ¿No lo ha hecho porque carece de las convicciones para trabar un discurso que vaya más allá de la farfulla? No lo creo pero verdad es que Cs, invitado a abstenerse, carece de señales con las que orientarse que hayan sido emitidas por quien ostenta autoridad para ello.
Pues bien, ante esta situación ¿qué impide a Albert Rivera ser él quien tome la iniciativa política, por ejemplo, rescatando de la gaveta en que se halle dormido el acuerdo que trabó precisamente con Sánchez y precisamente para formar un Gobierno que Podemos impidió? Yo creo que nada y Rivera abriría así una contienda política de altura, un debate creativo a los que, a buen seguro, prestarían atención muchos españoles.
Si Sánchez rechaza tal oferta, entonces la posición de Rivera, consistente en negarse a cualquier colaboración, estaría ya sólidamente justificada.
Creo por ello que la postura oficial de Cs y la del núcleo de discrepantes –esos a quienes se ha invitado, repito, a marcharse– podrían ensamblarse porque el programa ofrecido por Rivera iría precedido de una pormenorizada exposición de las cautelas que exigen el trato con un gobernante español que acaba de pactar con los amigos de los terroristas de Bildu en Navarra. En este sentido, la desconfianza de Rivera está plenamente justificada.
Por el contrario, lo que en modo alguno estaría justificado sería que al final tuviéramos un Gobierno apoyado por separatistas, nacionalistas y otras ponzoñas de la causa antinacional porque Cs no se hubiera movido en el sentido que se está proponiendo y que yo lo hago con la humildad propia del jubilado de provincias que soy. Pues es bien cierto que el colofón amargo y embarazado de adversos presagios para España que sería otro Gobierno de Sánchez con los peores de la clase no lo olvidarían los votantes de Cs, entre quienes me encuentro.
II. YA PUESTOS a reflexionar sobre esta grave coyuntura se me ocurre la siguiente ingenuidad: se haga lo que se haga, quienes van a hacerlo son los diputados y diputadas de Cs que se sientan en el hemiciclo. La pregunta es ¿a estos señores y señoras alguien les ha preguntado algo? Puede ser que sí pero de lo único que oímos hablar es de las reuniones de la Ejecutiva en sus versiones ampliada o restringida.
No dudo de que a los miembros de esa Ejecutiva los han votado –en condiciones pulcras– unos cuantos miles de afiliados, pero es que a los 57 diputados los hemos votado cuatro millones largos de personas en un proceso transparente y libre.
¿Y no tienen nada que decir? ¿nada que aportar a la sapiencia de la Ejecutiva?
No está de más recordar que el desparpajo con el que actuaron los diputados franceses en 1789 rompiendo los cahiers que contenían sus mandatos parlamentarios y liberándose así de las órdenes que les habían impartido gremios, estamentos, ciudades, etc., inaugura el mandato no imperativo (hoy en el artículo 67.2 CE). ¿Es la Ejecutiva de Cs –o de cualquier otro partido– el gremio que impide la libertad representativa del diputado actual?
Se trata, lo sé bien, de una cuestión de fondo que afecta a las bases del sistema representativo. El protagonismo de los partidos, también proclamado por la Constitución (artículo 6 CE) ha suscitado el problema de la vigencia de este principio. Lógico si se tiene en cuenta que tales partidos propenden a extender su brazo hacia cualquier espacio en el que algo se mueva de manera que no es extraño que quieran someter a su disciplina a quienes les representan en las instituciones. El argumento se centra en un derecho electoral basado en la existencia de listas bloqueadas, circunstancia que lleva al partido a considerarse propietario del acta. El Tribunal Constitucional español ha desactivado desde hace decenios tal argumentación que, por cierto, no tiene en cuenta que a idéntica disciplina se intenta –y se consigue– someter al senador despreciando el dato de que ha sido elegido en listas abiertas y de forma nominal. Da igual: el partido político es dueño de la voluntad del diputado o del senador.
Esta situación ha llevado a algunos autores a considerar la prohibición del mandato imperativo como una antigualla. Se impone actuar con más cautela y echar mano de la doctrina que nos ha enseñado el Tribunal Constitucional alemán acerca de la «ponderación de los bienes o intereses» a cuyo tenor un precepto constitucional nunca puede ser interpretado de manera que anule o ahogue a otro del mismo rango, reduciéndolo de tal forma que uno de ellos resulte a la postre irreconocible. Aplicada esta idea al asunto aquí analizado debemos llegar a la conclusión de que ambos principios –prohibición del mandato imperativo y protagonismo de los partidos– han de convivir civilizadamente de manera que uno no se lleve por delante al otro expulsándolo del paraíso constitucional.
A la vista de este razonamiento ¿por qué un asunto de la envergadura que tiene entre manos Cs ha de ser resuelto por un órgano partidario? Y ¿por qué no recurrir a quienes ostentan la representación de aquellos españoles que han votado las candidaturas de Cs?
Son ellos quienes han de deshacer el nudo gordiano aplicando la invocada regla de la «ponderación de los intereses», valorados a la luz del programa por el que esos diputados han sido elegidos y los compromisos a los que se deben en la forma de lo que la doctrina alemana (N. Achterberg) llama «vinculación a unos parámetros esenciales», es decir, a las ideas básicas del partido que –estas sí– han de ser definidas por esos comités internos. Pero sabiendo quién ostenta la última palabra.
III. CS ENsu laberinto. Cs pues necesitado del hilo de Ariadna que le permita salir de él impidiendo que los nacionalismos, tan regresivos y perjudiciales para España y para Europa, consigan, con las medallas de hojalata del progreso, llevarnos a las ruinas canosas de un país decrépitamente «multinacional». Si la responsabilidad de ese panorama algún día se puede imputar –por acción u omisión– a Cs, sus votantes, enojados, le darán la espalda para arrastrar en solitario un abatimiento inextinguible.
Francisco Sosa Wagner es catedrático universitario. Fue diputado en el Parlamento europeo por UPyD.