El debate sobre la rehabilitación de los políticos está sobre la mesa. Recientes casos como el del ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que dimitió tras ser imputado por el caso Auditorio y al que el juez Velasco pide imputar por la trama Púnica, obligan a plantear el regreso al primer plano de aquellos servidores públicos que, habiéndose apartado, acaben siendo exculpados –Sánchez aún no lo está– por la Justicia. La dirección de Ciudadanos estudia vías para articular la figura de la suspensión del diputado. En definitiva, que dejar el escaño y el acta de diputado sea reversible.
Esta figura de la suspensión del diputado consistiría en articular una medida por la que el apartarse del cargo conlleve un posible retorno, toda vez que actualmente es imposible. Que el regreso sea viable una vez resuelto el proceso judicial y siempre que sea exculpatorio. A día de hoy, si por ejemplo se renuncia al acta de diputado, las puertas de las Cortes Generales o de los parlamentos autonómicos se cierran.
En el debate e intercambio de ideas que está teniendo el partido de Albert Rivera se barajan diversas opciones. Para empezar, se discute si la petición de suspensión tendría que pedirla el diputado o la Cámara. Y si, en caso de llevarse a cabo, el grupo parlamentario del cargo público contaría con un escaño menos o sería sustituido temporalmente, y hasta la resolución judicial, por otro compañero de la lista. Son aspectos todavía sin concretar.
El pulso que libran PP y Ciudadanos sobre el momento procesal en el que un cargo público debe dimitir ha abierto un melón pendiente de resolver en el escenario político. Los populares sitúan la línea roja en la apertura del juicio. Los naranjas, en el momento de ser citado como imputado –ahora investigado– por un juez. Los pactos firmados entre ambos partidos estipulan la dimisión «hasta la resolución definitiva (completa) del procedimiento judicial». Pero si el cargo es exculpado, ¿qué ocurre? No puede regresar a su escaño. Ahí está el déficit.
El PP ha insistido en abordar esta cuestión, sobre todo tras los casos de Pedro Antonio Sánchez y Rita Barberá, pero sin llegar a lanzar una propuesta concreta. En los despachos de Ciudadanos estudian el asunto, en busca de una iniciativa viable. La formación naranja siempre se ha mostrado partidaria de articular mecanismos de rehabilitación para los políticos. Consideran que igual de exigible es que den un paso a un lado cuando se les imputa, como que puedan retornar si se dictamina su inocencia.
Ciudadanos está examinando los distintos reglamentos de los parlamentos autonómicos. Han encontrado una pista en el de Cataluña. Su artículo 25 recoge que un diputado puede solicitar la suspensión si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta. En 2015, el diputado del PSC Daniel Fernández, acusado de tráfico de influencias en el caso Mercurio, pidió a la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara catalana la suspensión de sus derechos y deberes como diputado hasta que el tribunal dictase sentencia. El Pleno rechazó la solicitud y tuvo que renunciar al escaño.
El reglamento del Congreso recoge en su artículo 21 que el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta; o cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.
Lo que perseguiría Ciudadanos es encontrar una fórmula que permitiera flexibilizar estos reglamentos, de manera que la suspensión pudiera pedirse en el momento en que el juez cita al cargo a declarar como imputado, que es la condición que el partido de Rivera ha firmado con el PP en sus pactos autonómicos y a nivel nacional. Que pudiera tramitarse en ese punto. Y resuelto el proceso judicial, la puerta pudiera volver a abrirse para el cargo público.