Los siete votos discrepantes del “no” del Tribunal Supremo al blanqueo político y administrativo de Sortu fue un aviso para navegantes. ¿Aceptará la sala especial que Batasuna es uno de los tres partidos coaligados en Bildu o considerará que son dos partidos asociados con un cierto número de “independientes”?.
Dos formas de verlo. De verlo y de formatearlo ante los jueces. Son éstos quienes, a la luz del derecho de sufragio, decidirán si los amigos políticos de ETA tienen o no tienen derecho a presentarse a las elecciones del 22 de mayo y los ciudadanos vascos a elegirlos.
Una forma de verlo, en perspectiva de la izquierda abertzale, compartida por los nacionalistas en general y buena parte de los socialistas vascos, es que estamos ante un puñado de hombres y mujeres procedentes del fallido Sortu que, ante su fracasado intento de inscripción en el Registro de Partidos, se empotran como independientes en las 312 listas presentadas este lunes por la coalición electoral Bildu, formada por dos partidos legales, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, más los “independientes” de la izquierda abertzale.
La otra forma de verlo, en la perspectiva de la Policía, el Gobierno y el principal partido de la oposición (PP), compartida por millones de españoles, es que estamos ante un caballo de Troya de la ilegal Batasuna para llegar a las instituciones del País Vasco y Navarra. O sea, no un disperso grupo de independientes sin estigma de ilegalidad a título individual, sino una organización obligada a camuflarse por imperativos legales (sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2003).
Conviene recordar en este punto que Batasuna figura desde junio de 2003 en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Y que su consideración legal sigue siendo la de “una estructura integrada en ETA para hacer más eficaz la acción terrorista”. Avalado por los más altos tribunales: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Todo eso está vigente.
Amén de estas precisiones técnicas, no podemos, no queremos, quitarnos de la cabeza el rastro de sangre, el sufrimiento de las víctimas y la miseria moral que a lo largo de estos últimos cuarenta años ha ido sembrando el brazo armado de Batasuna en la sociedad española en general y en la vasca en particular (por favor, lean ustedes “Los Peces de la Amargura”, de Fernando Aramburu, Tusquets, 2006). Lo ocurrido en cuatro meses no se puede olvidar lo ocurrido durante cuarenta años, como dijo el presidente Rodríguez Zapatero hace unos días.
Quienes nos apuntamos a esta segunda forma de afrontar el plan B de los amigos de ETA (nuevo intento de dar continuidad a Batasuna) damos por buena la concertación del Gobierno con el PP para impugnar ante el Tribunal Supremo todas las listas presentadas por Bildu por “contaminación en origen” de un partido ilegal. El proceso de impugnación lo iniciarán la Fiscalía y la Abogacía General del Estado una vez que hayan sido proclamadas las candidaturas el lunes 25.
Dicho sea todo ello en nombre del derecho que la sociedad tiene a defenderse de los criminales y quienes les alientan, o al menos les han alentado durante cuarenta años. La última palabra la tienen los jueces. Administrar justicia es básicamente un continuo pronunciamiento entre derechos en colisión. Y no son derechos menores los de sufragio (elegir y ser elegido) y participación política.
Los siete votos discrepantes del “no” del Tribunal Supremo al blanqueo político y administrativo de Sortu fue un aviso para navegantes. ¿Aceptará la sala especial que Batasuna es uno de los tres partidos coaligados en Bildu o considerará que son dos partidos asociados con un cierto número de “independientes”? ¿Prevalecerá en el fallo del Tribunal el derecho de la sociedad a defenderse o el derecho de un sector de la sociedad vasca a defender políticamente sus ideas en las instituciones, en la medida del apoyo recibido en las urnas? No está claro, ni mucho menos.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 20/4/2011