Claridad sobre Bolinaga

Bolinaga ni se ha arrepentido, ni está en situación terminal, ni necesita, por ahora, tratamiento hospitalario. Su sitio sigue siendo la cárcel

EN estas páginas editoriales, ABC ha defendido la aplicación de la ley como única opción en el caso del etarra secuestrador y asesino Uribetxeberría Bolinaga. Pero la aplicación de la ley penitenciaria tiene una serie de condiciones que ABC también ha reclamado que se cumplan en su integridad, para evitar, como decíamos en un editorial, que se hicieran «trampas con Bolinaga». Al Gobierno no se le podía exigir que, ante un cuadro clínico que describiera, de forma irrefutable, un estado terminal e inmediato por cáncer, mantuviera a Bolinaga en prisión. Sin embargo, este margen de confianza en el Gobierno debía tener como premisa —y así lo manifestamos en otro editorial— que la excarcelación fuera la única opción posible para tratar la enfermedad de Bolinaga. Es cierto que el Ministerio del Interior autorizó, como medida discrecional, no imperativa, el tercer grado penitenciario de Bolinaga a partir de informes médicos emitidos en el País Vasco. Informes oficiales, sí, pero emitidos en el marco de una campaña de presión con huelgas de hambre y manifestaciones ante el hospital donostiarra responsable de diagnosticar a Bolinaga. Al final, el servicio médico forense de la Audiencia Nacional ha dictaminado que Bolinaga tiene cáncer, pero no está en situación terminal, tiene «leves síntomas clínicos» y puede ser tratado en la cárcel, salvo que llegara el momento de administrar tratamientos hospitalarios. Por tanto, haberle denegado el tercer grado no habría sido esa prevaricación a la que anteayer aludió el ministro Jorge Fernández Díaz. De la misma manera que el juez de Vigilancia Penitenciaria no cometerá tal delito si rechaza la excarcelación a la vista del informe médico de la Audiencia Nacional. Pero parece que el magistrado puede acceder a poner en libertad a Bolinaga, pues lo cree habitual con ese horizonte de muerte a los once meses. Otra contradicción. Una discrepancia entre los forenses y el juez es la única confusión que le faltaba al asunto.

La gestión de «caso Bolinaga» ha sido apresurada y confusa. Las experiencias del pasado sobre excarcelaciones y acercamientos de etarras contienen lecciones útiles para problemas como el de este etarra, en primer lugar, porque nada tiene que ver lo que se hiciera en la tregua de 1998-1999 con lo que se tiene que hacer en 2012 para derrotar a ETA sin condiciones. En segundo lugar, porque ETA no duda en utilizar a sus presos para medir la firmeza del Estado. Como corresponde a un Estado de Derecho, la última palabra sobre la aplicación de la ley la tiene un juez. Pero que quede claro que Bolinaga ni se ha arrepentido, ni está en situación terminal, ni necesita, por ahora, tratamiento hospitalario. Su sitio sigue siendo la cárcel.