Coalición de ruptura

ESTA vez sí: Cataluña va a ser en 2017 el principal problema de España. Los otros grandes conflictos políticos y sociales –la economía, el empleo, la corrupción, la inestabilidad– están encarrilados mal que bien, y el año electoral ha congelado por el momento la irrupción populista. La única cuestión esencial que sigue sin vías de arreglo es la catalana, y de ella proviene la principal amenaza para el Estado y para el sistema. Es decir, para la nación entera como ámbito democrático de convivencia.

En Cataluña se está fraguando la nueva ofensiva contra el marco constitucional. Fracasado el asalto frontal al régimen desde la plataforma de Podemos, el sector rupturista se dispone a cambiar de estrategia para atacar por el flanco territorial. A escala española el extremismo ha encontrado su tope en algo más de un veinte por ciento del voto, pero en la derruida estructura política catalana tiene un recorrido más optimista. El colapso del antiguo nacionalismo burgués encarnado en Convergencia ha provocado un corrimiento de tierras que va a desplazar la hegemonía hacia el soberanismo radical y hacia la corriente antisistema de los Comunes (Colau-Domènech) y las CUP. Sea mediante un referéndum unilateral o mediante unas elecciones autonómicas anticipadas, lo que se perfila es un proyecto conjunto de ruptura, una coalición entre separatistas, anticapitalistas y populistas de izquierda con el objetivo mancomunado de un abordaje al orden jurídico vigente. De forzar desde las instituciones de autogobierno el «proceso constituyente» para el que Pablo Iglesias no encontró masa crítica. Una acometida contra las bases de la integridad nacional y contra la Corona como clave del modelo de Estado.

Se trata de un cambio de escenario para el reagrupamiento táctico. Iglesias ya no puede contar con el PSOE para su plan entrista y aspira a desplazar el eje de la ofensiva hacia el frente político catalán, donde los partidos constitucionales –incluyendo en ellos al PSC con buena voluntad– tienen dificultades de implantación, de discurso y de liderazgo. Los secesionistas, que están perdiendo terreno, necesitan por su parte reforzarse con el pujante conglomerado que encabeza la alcaldesa de Barcelona, cuyos votantes son en su mayoría partidarios de la independencia y en todo caso están a favor del derecho de autodeterminación. Esa confluencia de intereses entre Esquerra, los Comunes/Podemos y las estrambóticas Candidaturas de Unidad Popular puede –y va a– conformar un bloque capaz de desencadenar un conflicto de magnitud sísmica. El tabú del pensamiento ilusorio está ocultando un peligroso movimiento de placas subterráneas. Y la respuesta a esa sacudida, si se produce, no podrá localizarse sólo en Cataluña ni ceñirse a la bienintencionada «operación Diálogo». Tal vez sean necesarias decisiones drásticas que movilicen la energía telúrica del sistema desafiado.