Desde mediados de la pasada década -elecciones europeas de 2014, municipales y autonómicas de 2015 y generales de 2015/ 2016- el mapa político ha experimentado transformaciones importantes, con la aparición de nuevas formaciones: Podemos, Vox, Ciudadanos en su momento, que han abierto fisuras en el sistema bipartidista existente desde comienzos de los 80. Uno de los efectos de esta transformación en el sistema de partidos ha sido que la articulación de las mayorías parlamentarias es mucho más compleja que en los tiempos del bipartidismo imperfecto y, sobre todo, que la formación de gobiernos es mucho más problemática, lo que ha obligado a ensayar la fórmula de los ejecutivos de coalición.

Si tras las últimas generales (noviembre 2019) la formación del primer Gobierno de coalición fue una novedad que -salvo las experiencias a escala autonómica, entre otras aquí desde 1987- rompía con más de cuatro décadas -desde 1977- de gabinetes monocolores, en el momento actual se admite de forma generalizada que lo mas probable es que los próximos gobiernos van a ser de coalición. Podrá discutirse cuál será el signo político, el margen de escaños en relación con la oposición o la relación entre los miembros de la ‘entente’; pero no parece que la fórmula monocolor vaya a darse en los próximos cuatro años.

La cuestión que se plantea no es tanto si va a haber coaliciones o no, sino qué coaliciones van a acordarse y sobre qué bases se van a formar. Pero, sobre todo, qué mayorías parlamentarias van a servir de soporte. Porque conviene tener presente que en un sistema parlamentario, como es nuestro caso, la clave de la continuidad de los ejecutivos no es tanto quiénes son sus integrantes -que también lo es pero no hasta el punto de ser el único factor a tener en cuenta- como la consistencia y la coherencia de la mayoría parlamentaria que lo sustenta, a lo que se presta bastante menos atención a pesar de ser determinante.

Si bien el debate está polarizado en este momento, al mismo tiempo post y pre-electoral, en la composición de los gobiernos -los autonómicos en formación y el central por constituir tras el 23-J-, lo realmente determinante para garantizar la estabilidad política e institucional es la solidez de la mayoría parlamentaria que los sostiene. Además de polemizar acaloradamente sobre con quién (y con quieén no) se va a formar coalición, también habría que dedicar algo de atención a establecer las bases para articular las mayorías parlamentarias que permitan gobernar, en coalición o no; lo que exige definir las propuestas programáticas a partir de las que se va a desarrollar la acción de gobierno a lo largo de la legislatura.

Las mayorías parlamentarias no son el producto de una operación aritmética de suma de escaños, sin más; lo que tiene especial aplicación cuando, como ocurre en la situación actual, esa mayoría parlamentaria ya no es monocolor sino que necesariamente tiene que englobar a formaciones distintas. Lo realmente decisivo, más que las polémicas mediáticas sobre quiénes forman parte o no de los ejecutivos, son los acuerdos programáticos alcanzados entre las formaciones políticas integrantes de la mayoría parlamentaria que respalda al gabinete. Son estos los que van a marcar la orientación gubernamental y el curso de la legislatura.

Ambos temas, el de las coaliciones de gobierno y, en especial, los términos y las condiciones en las que estas van a producirse, y asimismo el de las mayorías parlamentarias, que ya no van a ser monocolores, y las bases programáticas en las que se asientan, son las cuestiones suscitadas en la formación de los nuevos gobiernos autonómicos tras las elecciones del 28-M. Y lo más previsible es que sean también, a la vista del mapa político que vienen dibujando las urnas últimamente, las que se van a plantear tras el 23-J. La campaña electoral proporciona una buena ocasión para poder aclarar estas cuestiones; a ser posible, más y mejor de lo que se ha hecho hasta ahora.