Pero hará bien el Gobierno en administrar con cuidado la cogobernanza porque, si insiste en entregar la responsabilidad a los presidentes autonómicos, corre el riesgo de incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional tan reciente como de finales de octubre. No solo consideró inconstitucional el estado de alarma decretado por Moncloa. También estableció la inconstitucionalidad de la cogobernanza, traducida en la designación de los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas. Según recuerda el TC, la normativa vigente fija que la regulación de los estados de crisis, y las competencias y limitaciones que ahí se instauran, corresponden al gobierno central.

Desde que se emitió esa sentencia han pasado casi dos meses, y no hay noticia de que las autoridades de ámbito nacional hayan recuperado ninguna de las competencias delegadas a las comunidades autónomas en función de esa cogobernanza tan trompeteada. Y, de hecho, la convocatoria de la cumbre de presidentes se ha hecho, con el PSOE insistiendo en que la solución a la pandemia es «vacunación, mascarilla y cogobernanza». Sí tuvo Pedro Sánchez la precaución de no utilizar ese término en su mensaje a la nación del pasado domingo, quizá para no chocar de lleno contra la sentencia del TC. Lo sustituyó por «el estudio de medidas compartidas», que sirve como eufemismo.

Antes de que termine el día sabremos que da de sí este nuevo cónclave telemático. Conoceremos si se mantiene la cogobernanza, a pesar del Constitucional. Sabremos si se establecen medidas de ámbito nacional, como pide hasta el lendakari Urkullu (cosas veredes). O si, al contrario, volveremos a tener diecisiete navidades distintas, una por cada comunidad autónoma, como el año pasado.