ABC 25/10/16
· El Ayuntamiento dará orden de precinto de las instalaciones, pese a no tener autoridad
Nuevo enfrentamiento del Ayuntamiento de Barcelona contra el Ministerio del Interior por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital catalana. Tres meses después de que el gobierno liderado por Ada Colau intentara cerrar sin éxito las instalaciones de la Zona Franca a pesar de no tener competencia sobre el centro, la historia se repite.
· «Una leyenda negra»
Fernández Díaz lamentó que algunos dirigentes de Podemos quieren hacer política con los CIE’s
Tras el reciente motín en el CIE de Aluche (Madrid) y aprovechando la huelga de hambre que empezó el domingo en las instalaciones de Barcelona –que ayer terminó sin incidentes y por voluntad propia de los internos–, el gobierno de Colau amenazó una vez más este lunes con cerrar las instalaciones, ignorando su falta de autoridad en este centro.
Aprovechando el intento de motín, el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, lamentó las «condiciones infrahumanas» del centro, criticó duramente su asistencia sanitaria y anunció que en los próximos días el Ayuntamiento prevé ordenar el precinto del CIE. Además, avisó de que si Interior ignora la notificación, en veinte días se optará por la vía judicial. El consistorio tiene asumido que, como ya ocurrió en julio, seguramente no habrá respuesta a la petición y confía en que esta vez un juez dictamine el cierre.
El ayuntamiento recuerda que ya dio esa primera orden de cese en julio –alegando entonces que el CIE carecía de la licencia de actividad–, un trámite que los responsables del centro no obedecieron ni recurrieron y que quedó en papel mojado al reabrir las instalaciones tan solo horas después del intento fallido de cierre.
«Estamos recopilando informes que tienen que acreditar las posibles consecuencias que el incumplimiento de la normativa puede tener en la seguridad de las personas», detalló Asens. Los técnicos esperan que informes de los Bomberos aleguen fallos de seguridad y, de nuevo, incidirán en la falta de licencia de actividad. «Daremos un plazo lo más amplio posible para que genere el mínimo trasiego y, si hace falta, se traslade a los internos a otro centro o los pongan en libertad», puntualizó Jaume Asens.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, también aprovechó ayer para reclamar el cierre definitivo del CIE ante «la vulneración sistemática» de los derechos humanos de los internos.
Fin a la huelga de hambre
Por otro lado, los 70 internos que anteayer iniciaron una huelga de hambre en la Zona Franca abandonaron ayer la protesta. Todos ellos eran de nacionalidad argelina y habían llegado en patera a España. Con el paso de las horas abandonaron la huelga y al mediodía, tras reunirse con el director del CIE, los 37 que resistían decidieron parar. Además, siete internos, tres de los cuales participaron en la huelga de hambre, fueron deportados. Por la mañana, los internos recibieron el apoyo desde el otro lado de la valla de ocho diputados del JpS, CSQP, En Comú Podem y la CUP, que intentaron sin éxito entrevistarse con el máximo responsable del centro.
Desde el Ministerio, el titular en funciones de la cartera, Jorge Fernández Díaz, no hizo valoración específica a la nueva desobediencia del gobierno de Colau. De manera genérica, lamentó que haya dirigentes de Podemos interesados en «hacer política» con los CIE’s como si fueran un «agujero negro de la democracia». Fernández Díaz criticó que exista «una leyenda negra en torno a los CIE», cuando, dejó claro, en ellos se respetan los derechos humanos.
El ministro acordó precisamente ayer con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que el 3 de noviembre pueda visitar el centro de Aluche. Ambos líderes también acordaron la entrada del Samur si algún interno se declara en huelga de hambre.