EL CONFIDENCIAL 16/02/17
· Pese a que lleva en su programa que las iniciativas vecinales para someter a votación una medida del ayuntamiento es un «derecho fundamental», la alcaldesa se niega a ello
La residencia que el Arzobispado de Barcelona quiere construir en el distrito de Les Corts, de Barcelona, puede convertirse en un verdadero problema para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los vecinos le piden una consulta popular para saber qué opinan los ciudadanos que conviven al lado de esa futura residencia de 115 habitaciones y el ayuntamiento niega dicha consulta. “Por una parte, Colau pide un referéndum de independencia porque dice que los catalanes tienen derecho a decidir, pero cuando le pedimos que consulte a los vecinos —y en una consulta que no es vinculante, para más inri— sobre una equipación del barrio, dice que es ilegal. ¿Cómo puede tener tanta caradura?”, dicen fuentes vecinales a El Confidencial. Es decir: mucho referéndum pero poca consulta popular.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona matizan: “No es que consideremos que votar es ilegal. Es que no ha lugar, porque la residencia cumple toda la normativa y por eso ya hemos dado la licencia. De lo contrario, hubiéramos podido cometer un delito de prevaricación. Por eso no es admisible la consulta. Es como si fuese a abrir un restaurante y los vecinos exigen una consulta para saber qué tipo de comida va a vender”.
La petición se hizo oficialmente el pasado 1 de febrero, en la audiencia pública celebrada en el distrito municipal de Les Corts. El ayuntamiento dio ya su primer no. Y ahora el tema será llevado al próximo consejo de distrito, a celebrar a primeros del mes de marzo. Pero para unos días antes, los vecinos preparan una manifestación contra Colau. Aseguran que el proyecto puede provocar “un grave perjuicio ecológico, urbanístico y de movilidad” y sacan a colación el programa electoral de la alcaldesa, en el que se señalaba su compromiso de “detener o revisar los proyectos contrarios al bien común”. Y, dicen los vecinos, “¿cómo sabemos si detener o no este proyecto es en pro del bien común si no se hace una votación popular?”. De momento, tras el no inicial a la consulta, ya han comenzado a aparecer las pintadas. Una de ellas, en la propia fachada del recinto, reza: ‘Carrer hotel de la vergonya. Escolteu el barri’ (calle hotel de la vergüenza. Escuchad al barrio). La alcaldesa se halla, pues, prisionera de sus propias contradicciones.
La residencia se levantará en una manzana propiedad de la Fundación Sant Josep Oriol, formada por los obispados de Terrassa, Sant Feliu de Llobregat y Barcelona. En esa manzana hay una residencia de sacerdotes y la intención es levantar un edificio que sirva como residencia de doctorandos, que será gestionado durante 50 años por una compañía privada.
Rebaja de la volumetría
El plan tuvo la oposición de los vecinos desde un primer momento: se trata de un recinto catalogado, con un jardín protegido, y lo que temen los vecinos es que ahí se instale un hotel encubierto. Desde el ayuntamiento se niega esto: “El plan de la residencia ya viene del anterior consistorio, cuando Xavier Trias era alcalde. Y lo que hemos hecho ha sido la mediación entre los vecinos y el Arzobispado. Es cierto que ha habido mucha tensión entre ambos, pero lo único que podíamos hacer era mediar. Por otra parte, el proyecto cumple con toda la normativa de uso de propiedad privada y no tuvimos otra opción que dar la licencia. Pero estaremos muy vigilantes para evitar que se convierta en un hotel encubierto”, aseguran fuentes municipales a El Confidencial. En el mismo sentido se expresa el concejal del distrito, Agustí Colom, que tras la mediación aseguró que la edificación “no tiene calificación hotelera y, por tanto, no le afecta la moratoria del ayuntamiento. Pero estaremos atentos a que se cumpla estrictamente lo que diga la licencia. No permitiremos que funcione nunca como un hotel”.
Por parte del Arzobispado, se asegura a El Confidencial: “Hemos accedido a rebajar la volumetría del edificio y hemos eliminado dos plantas tras las conversaciones a tres bandas que hemos tenido con ayuntamiento y vecinos. En esa zona, se hubiera podido levantar el edificio mucho más alto”. Este extremo es también corroborado por el consistorio.
La consulta y el programa de Colau
Los vecinos también denuncian que ni una sola de sus propuestas fue asumida en el proceso de mediación con el ayuntamiento. “En la mediación no hubo ninguna cesión del Arzobispado”, insisten los parroquianos. Ante ello, piden “la convocatoria de una votación popular en la que los vecinos de Les Corts puedan dar su opinión sobre si consideran que el ayuntamiento debe detener el proyecto o no”. Para ello, sacan a la palestra las páginas 57 y 59 del programa electoral de Ada Colau, con el que esta ganó las elecciones, que dice textualmente que “la iniciativa ciudadana, entendida como el derecho de proponer y promover una votación para que el Gobierno municipal desarrolle un determinado proyecto o una determinada acción, es un derecho fundamental de la participación democrática”. Fuentes vecinales señalan a este diario: “Pedimos al Gobierno municipal que sea coherente con su programa electoral y facilite la realización de esta votación popular”. De lo contrario, la participación democrática de la que Colau tanto presume habrá saltado por los aires.