En plena segunda ola del Covid-19, la reforma exprés que el PSOE y Podemos pretenden llevar a cabo para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial, rebajando la mayoría cualificada, condicionó ayer el debate parlamentario y ha puesto en jaque al mundo de la judicatura. Si los jueces españoles piensan pedir amparo (tres de las cuatro asociaciones judiciales consideran que se va a cometer un «atropello») y si la asociación europea de jueces expresa su preocupación porque España esté dando un paso atrás, habrá que convenir que en nuestro país, nuestro Estado de Derecho no goza de buena salud.

Después de haber ‘confinado’ al Rey a voluntad de la agenda de Sánchez, en plena investigación judicial al vicepresidente Iglesias por varios presuntos delitos, el golpe al Consejo General del Poder Judicial con la excusa de que el PP no se aviene a negociar mientras Podemos aspire a colocar a sus peones ha dejado un poco más tocada la maltrecha Constitución. El PP se extralimitó ayer en el Congreso al ponerse a la altura de aquel Iglesias que nunca respetó la presunción de inocencia. Pero su representante ponía el dedo en la llaga al decir que el vicepresidente, llegado el caso, quiere elegir al juez que le juzgue, conocedor de que fue él quien presionó a Sánchez para lanzar esta reforma a la carta. Prácticamente todos los gobiernos de nuestra democracia han pretendido la politización de la Justicia. Pero la Constitución prevé que los jueces y magistrados, designados por el Congreso y el Senado para conformar el CGPJ como vocales, sean elegidos por una mayoría cualificada de 3/5. Pero como el Gobierno de Sánchez no tiene esa mayoría, quiere cambiar las normas. Para poder elegir a los futuros vocales del CGPJ a su conveniencia.

Con este esquema ya no le haría falta la oposición. ¿Se acaban los pactos para cuestiones de Estado con partidos como el PP? Sánchez ayer engordó el caldo de cultivo. El PP se ha vuelto antisistema, dijo. Una forma explícita de justificar su estrategia de confrontación con Casado. ¿Cómo va a pactar con un partido extremo e, incluso, anticonstitucional? Si la realidad no le gusta, la cambia y no pasa nada.

Ayer en el Congreso se vieron tics impropios de quienes presumen de respetar las leyes. El Gobierno de Pedro y Pablo quiere poner y quitar jueces. Con la posible imputación de Iglesias en el horizonte. Con sus socios independentistas en la cárcel, esperando algo parecido a una amnistía. La reforma del delito de sedición ya está encargada. Con el fallo del Tribunal Supremo sobre el ‘caso Gürtel’ se desmonta la operación jurídica y parlamentaria por la que Sánchez llegó a La Moncloa con la moción de censura contra Rajoy. Pero no tiene consecuencias de carácter retroactivo. En plena pandemia, a Sánchez e Iglesias les han entrado unas prisas notables por meter la mano en el sistema de elección del Poder Judicial. Iglesias, la cuarta fuerza política del país, quiere tomar posiciones en el órgano de los jueces. Para lo que venga después.