ABC 18/05/17
IGNACIO CAMACHO
· El Congreso no le puede retirar su apoyo a nadie a quien previamente no se lo haya otorgado
LA democracia son principios, leyes y tradición. La tercera adapta los primeros a la identidad de cada país y juntos crean el sistema de normas que da forma al Estado. Por eso hay monarquías y repúblicas, representación mayoritaria o proporcional, elecciones directas e indirectas, regímenes presidencialistas y parlamentarios. Todos son legítimos mientras se atengan a la separación de poderes y a la soberanía popular expresada en sufragio. También existen mestizajes y fórmulas eclécticas, pero si no responden a una arquitectura coherente se convierten en una amalgama contradictoria con la que hay que tener cuidado.
En un régimen de libertades de relativa juventud como el español se da a menudo una tendencia mimética de colonialismo cultural y político. El desconocimiento de las bases constituyentes por la propia clase dirigente la vuelve proclive a experiencias importadas que resultan ajenas a la congruencia de nuestro ordenamiento jurídico. Hemos estudiado poco Derecho Constitucional y visto demasiadas series americanas que condicionan el imaginario colectivo. Así, por ejemplo, se forma una opinión pública más versada en la técnica procesal estadounidense que en el código que rige aquí los juicios, se adoptan métodos como el de las primarias sin tener en cuenta las peculiaridades de sistema español de partidos, o vemos cómo el Parlamento se arroga una potestad que no tiene para reprobar a ministros.
La reprobación de un miembro del Gabinete sólo constituye en España un reproche moral, simbólico, porque el Congreso no le puede retirar su apoyo a nadie a quien previamente no se lo haya otorgado. Los miembros más prominentes de la Administración americana se someten antes de su nombramiento a un examen parlamentario pero aquí sólo dependen del presidente que los nombra para el cargo. En el caso de los ministros, los nombra el Rey a propuesta del jefe del Gobierno, que es el que recibe la confianza de la Cámara y por tanto el único que, moción de censura mediante, puede ser revocado. Su equipo es sólo suyo, y sus decisiones son de carácter colegiado y solidario.
Por tanto la solemne reprobación de Rafael Catalá, como en tiempos de Zapatero la de Magdalena Álvarez, sólo significa que el Gobierno está en minoría y por tanto expuesto a cualquier varapalo. Las acusaciones de mangoneo en la justicia pueden ser o no ciertas, pero en ningún caso constituyen un hecho demostrado. Se trata de una apreciación legítima de los partidos opositores –y algún teórico aliado– que desean desgastar a Rajoy y astillar su liderazgo. Nada que obligue a nada porque si algo ya sabe el presidente es que ni a la oposición ni a sus propios socios les cae simpático.
Por muy estupendos que nos pongamos todos, resulta que no somos ni podemos ser americanos. Y eso de la reprobación individual no aparece en la vigente Constitución española por ningún lado.