Se cuenta que el PSOE ha contratado, para el ciclo electoral de 2023, a un individuo especializado en campañas destructivas por una cifra astronómica, muy por encima de lo que razonablemente puede pagar ese partido con sus recursos ordinarios. Suponiendo que tenga una explicación convincente para el Tribunal de Cuentas (que difícilmente se tragará que eso no sea un gasto de campaña), el fichaje contiene una inequívoca declaración de intenciones. Pedro Sánchez está resuelto a convertir el año 23 en un maldito infierno y cuenta para ello con importantes complicidades. Muy destacadamente, la de Vox. 

La alianza objetiva entre la coalición socialpopulista de Sánchez y el partido nacionalpopulista de Abascal es la más sólida que existe actualmente en la política española. Tanto el PSOE como Vox tienen problemas frecuentes con sus socios, pero la sincronización entre ellos es perfecta: nunca se fallan.

Como en una carrera de relevos, uno (en este caso, García-Gallardo corriendo con la camiseta verde) hace la primera posta y entrega limpiamente el testigo al pelotón de ministros de Sánchez que, con la camiseta rojimorada, llevan más lejos la tensión del conflicto prefabricado, para que los dirigentes nacionales de la extrema derecha den una tercera vuelta a la pista de la crispación, y así sucesivamente. Un buen trabajo de equipo sin necesidad de pactos firmados ni comités de enlace. Se entienden con la mirada, porque comparten un mismo propósito: crear de consuno escenarios polarizados para exacerbar hasta el paroxismo la bronca binaria en la que se ha convertido la política española. Ambos, Sánchez y Abascal, se mueven como nadie sobre terrenos enlodados y en atmósferas irrespirables. Como explicó ayer Pablo Pombo, este de Castilla y León no es el primer episodio ni será el último de una vergonzante —y cada vez más obscena— sindicación de intereses. 

Fingir una colisión para encubrir una colusión es tan viejo como la política. Sin ir más lejos, Rajoy hizo exactamente lo mismo con Podemos en 2016, y a ambos les fue bien: el PP ganó las elecciones holgadamente y los de Iglesias consiguieron 71 escaños en el Congreso. Un resultado parecido a ese, cambiando los protagonistas, sería fabuloso tanto para Sánchez como para Abascal. En este caso, la víctima propiciatoria de la pinza es el PP, como en 2016 lo fue el PSOE del juego combinado entre Rajoy e Iglesias (más remota queda en el recuerdo la aparcería de Aznar y Anguita para echar a Felipe González). 

Fingir una colisión para encubrir una colusión es tan viejo como la política. Sin ir más lejos, Rajoy hizo exactamente lo mismo con Podemos en 2016

La ecuación actual se formula fácilmente: cuanto más peso tenga Vox en la derecha, mejor para Sánchez. Cuanto más dure el Gobierno de Sánchez con el PC-Podemos, Junqueras y Otegi, mejor para Vox. La perspectiva verosímil de un Gobierno del PP con, digamos, Ortega Smith en el Ministerio del Interior sería mano de santo para la campaña de Sánchez, dispuesto a bloquear a toda costa el tránsito de votos en el espacio fronterizo entre el PSOE y el PP. A toda costa significa a costa de lo que sea, e incluye los fundamentos de la convivencia y de la paz civil. 

En cuanto a Vox, una vez que Feijóo ha mostrado su resolución de evitarlo como socio de gobierno, carece de todo incentivo para llevar al gallego a la Moncloa y convertirse en su rehén, como en Madrid o en Andalucía. Mucho más productivos para la extrema derecha serían cuatro años más de Frankenstein, con un PP derrotado y sumido en la depresión.

Nunca sabremos lo que realmente se trató en el Consejo de Gobierno de Castillay León sobre la cuestión del aborto. Lo más probable es que García-Gallardo, aleccionado desde Madrid, introdujera el tema en el debate con el designio de hacer después lo que hizo: presentar su propuesta provocadora como una decisión del Gobierno. Mañueco, cuya perspicacia política es perfectamente descriptible, dejó pasar ese balón entre sus piernas y, cuando quiso darse cuenta, su desleal vicepresidente ya estaba cantando el gol. 

Los fareros de la Moncloa, siempre atentos a las señales de luz desde la otra orilla, captaron inmediatamente el destello y en un santiamén lo organizaron todo para el aquelarre mediático. Hay que admitir que los fontaneros de Sánchez son altamente competentes para tender celadas y maquinar intrigas, aunque lo desconozcan todo sobre gobernar un país y carezcan de nociones elementales de técnica legislativa.

En cuanto al PP, volvió a demostrar que le falta mucha gimnasia para superar la galbana que le inoculó Rajoy y el entumecimiento político que le entró tras la moción de censura. Si la contundente reacción de Mañueco, Feijóo y su flamante portavoz de campaña se hubiera producido cuatro días antes, se habrían ahorrado la ración de pringue que les han hecho ingerir. 

El aborto dejó de ser un problema para la sociedad española hace tiempo. La ley de interrupción voluntaria del embarazo lleva 13 años en vigor y el país convive pacíficamente con ella. Los derechos de las mujeres están reconocidos y el número de abortos desciende en España, por el simple hecho de que descienden también los embarazos, especialmente los no deseados. A estas alturas, montar sobre este asunto un alboroto de campaña electoral es una estupidez, o una golfería o las dos cosas. También dice mucho del estado de la moral colectiva que sea tan sencillo manipular la conversación pública, levantando un oleaje imponente con un pretexto fútil y un poco de griterío sobre una polémica con la fecha de caducidad completamente sobrepasada.

Más vale que Feijóo se acostumbre a la idea de que el pacto de gobierno en Castilla y León le perseguirá de modo implacable durante todo el año electoral. Tiene asegurada la deslealtad de su socio: García-Gallardo será un chisgarabís reaccionario, pero ocupa el puesto institucional más importante de que dispone Vox y sus jefes lo utilizarán intensivamente para tenderle una trampa tras otra. Por su parte, Sánchez hará de ese Gobierno el fantoche anticipatorio de lo que podría ser el Gobierno de la derecha, desorbitando sus rasgos esperpénticos como los famosos espejos del Callejón del Gato. 

Él no participó en la convocatoria alocada de aquellas elecciones ni decidió dar entrada a Vox en el Gobierno regional, pero pagará íntegramente la factura por ambas decisiones, salvo que se arremangue y, por una vez, haga algo realmente contundente. Para empezar, exigir a Mañueco que salga del pasmo y envíe a su casa al tal García-Gallardo, un vicepresidente tan indocumentado como traidor. Y a continuación, aguantar el tirón. 

Ya no puede retirarse el añejo recurso del PP (entonces en connivencia con la Conferencia Episcopal) contra la ley de 2010, pero tampoco estaría de más que Feijóo dejara patente su voluntad de que esa ley se mantenga sin cambios. Porque lo que viene a continuación es que Conde-Pumpido hará aparecer en plena precampaña la sentencia que rechace el recurso para que los servicios de propaganda del oficialismo la estampen en la cara del líder de la oposición.