Cómo acicalar a un presidente embarrado con encuestas que suplanten sentencias

Como la «mentira bien inventada, vale mucho y no cuesta nada», según el refranero, cada lunes la prensa gubernamental, satisfaciendo a quien presume ser su jefe editorial, procura acicalar y vestir de punta en blanco a Pedro Sánchez. Al haber hecho del disimulo su forma de medrar a cargo al erario, no les empece que sus intentos puedan resultar baldíos ante la montanera de corrupciones sin poder aguardar a los «viernes de la basura» para arrojarlas de tapadillo al vertedero aprovechando que la gente se distrae con otras cosas avistando el fin de semana o las vacaciones.

Así, en vísperas de que Sánchez se encaminara a la cumbre que la OTAN celebra en la Turquía de Erdogan, espejo de la Alianza de Corrupciones de esa joya de expresidente que es Zapatero y de la ambición autocrática del actual presidente, esta brigada periodística trata de borrar las huellas de las fechorías sanchistas –algunas traducidas en condenas de 24 años de prisión como la de su mano derecha Ábalos o en la inhabilitación de su fiscal general Ortiz– avivando, por ejemplo, las brasas del lawfare –guerra judicial– que azuzan quienes decretan, por su cuenta y riesgo, que un gobernante está exento, pese a tener un deber añadido de ejemplaridad, de someterse al designio de la Justicia como el resto de los mortales. Arrogándose prerrogativas de casta, empero, alzan a la enésima potencia los argumentos ya esgrimidos para indultar y amnistiar a sus socios golpistas catalanes que, por arte de birlibirloque, pasaron de políticos presos a presos políticos por el estado de necesidad de quien quería atrincherarse en la Moncloa a toda costa.

Así, si Chesterton opinaba que el periodismo consiste esencialmente en decir que lord Jones ha muerto a gente que no sabía que estaba vivo, el diario sanchista El País y sus sosias catalán de La Vanguardia –rotativo de todos los regímenes previo paso por caja– sorprendían con sendas encuestas este lunes de autos, escoltadas por una tercera del CIS del inasequible Tezanos. Por encima de su previsible resultado, teniendo en cuenta quien paga la toná del gaitero, lo más llamativo era el vasto conocimiento que tendrían los españoles de ese anglicismo como para convertirlo en materia de conversación por encima incluso –valga el sarcasmo– del Mundial de fútbol o de la temperatura en sus conversaciones de ascensor o autobús. Así, según El País, más del 65 % de los españoles consideran que existe lawfare, porcentaje que el CIS elevaba al 87 % con su acrisolado ardor guerrero en favor del Gobierno, para que éste se victimice cual ecce homo como tantos ladrones de sufrimientos ajenos, mientras se despeña en la demoscopia electoral.

Al comprobar cómo se pliegan estos medios, cual girasoles tornando en dirección al rey astro, Sánchez evoca a cuando, según reveló el periódico «Yeniçag», su anfitrión en Ankara, el presidente Erdogan, fue sorprendido dictando las preguntas que se le debían hacer, así como los encargados de teatralizarlas «ad pedem litterae». Si esto sucedía con un déspota hecho a purgar la Milicia, la Justicia, la Universidad y la Prensa, otro tanto se normaliza en España por quien acaba ser reprobado por la mayoría absoluta de las Cortes, pero que cada fin de año se autoevalúa dándose, pese a sus inobservancias, un sobresaliente en una escenario bajo el pomposo rótulo de «Cumpliendo».

Por eso, asumiendo su rol gregario, esos medios se las ponen a Sánchez como sus cortesanos le colocaban las bolas de billar a un Fernando IV tan buen aficionado como pésimo billarista. De ahí que, rescatando de la carpeta de recortes una amarillenta viñeta por los años del gran Chumy Chúmez –«me alegro de que me haga la pregunta que le acabo de dictar»–, Sánchez esté tan agradecido por la publicación de esas ‘demofare’, valga el palabro, para construir su relato traicionando el dato y se transforme en una profecía autocumplida.

Y, a partir de ahí, al igual que reviste su falta de mayoría electoral con una hipotética «mayoría social», frente a instrucciones judiciales, encuestas sobre el lawfare para deslegitimar a los jueces frente a sentencias, opiniones mayoritarias del ente de ficción «comunidad jurídica» al que aludió ayer el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para reprobar los fallos contrarios al PSOE al aguardo de que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, agracie a amigos y allegados.

No obstante, como no las tiene todas consigo, Sánchez ha recurrido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que pondrá alfombra roja este otoño en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, para que se querelle contra el testigo privilegiado Víctor de Aldama por injurias después de que el comisionista indicara que la sucesora de Maduro le había entregado un sobre de la petrolera Pdvsa consignando la financiación irregular del PSOE. No por casualidad el oficiante es el juez expulsado de la carrera Baltasar Garzón, quien aúna el sanchismo y el chavismo, persiguiendo amedrentar al demandado.

Dado que la doctrina del Tribunal Supremo choca frontalmente con la estratagema de Sánchez, usando como guante de su puño de acero a Delcy Rodríguez, su artimaña tiene visos de ser la típica «querella catalana», esto es, una treta de dudosa base legal para entorpecer un procedimiento intimidando al que había tomado la iniciativa. Justo lo que ocurrió –de ahí su apelativo– en un litigio entre comerciantes genoveses y catalanes cuando los primeros exigieron la observancia de un contrato y los segundos respondieron con una querella para, bajo amenaza de pena de banquillo, paralizar la reclamación originaria. No parece que Aldama, tras doblarle el pulso a Sánchez, se arredre avizorando cómo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno avanza su investigación sobre la financiación irregular de Ferraz. Ya el PSOE pinchó en hueso al pretender inculparle por injurias y calumnias a raíz de comenzar a colaborar con la Justicia.

En definitiva, una de las tantas maniobras de distracción, al igual que ese presupuesto ‘Supercalifragilisticoespialidoso’, cuyo techo de gasto disparó ayer el Consejo de ministros un 6,6 % hasta empingorotarse a los 226.000 millones, pero que, ante la carencia de apoyos, está predestinado a ser un borrador de programa electoral que Sánchez empleará contra sus rivales afeándoles perjudicar a la ciudadanía con su cerril cerrazón. A la par, le servirá de ardid para convocar las elecciones cuando tenga por conveniente. Como en abril de 2019 cuando se apeó de sus socios –con escaso éxito– con la excusa de no aprobarle las cuentas.

Cuentas, por lo demás, que son cuentos mediante una contabilidad tan exacta que establece exactamente lo que el Gobierno quiere que prescriba como los vaticinios que le sirve la prensa amiga o las querellas catalanas que le guisa su preminente garzón. Pero que no impide que, al despertar el día, como en el microrrelato del guatemalteco Monterroso, el dinosaurio [de la corrupción] todavía está allí bajo el temor de que el cartero llame a la puerta de la Moncloa con su citación judicial.