Ignacio Varela-El Confidencial

El presidente Sánchez, pues, acumula ya una larga etapa de interinidad: 10 meses de Gobierno renco y, por el momento, tres más de Gobierno cesante

Hay dos versiones de un Gobierno en funciones. Una es la descrita en la ley, que lo denomina “Gobierno cesante”. El legislador lo concibe como un estado excepcional destinado a durar lo menos posible, por ello restringe drásticamente sus competencias. Todo lo que haga más allá del “despacho ordinario de los asuntos públicos” es una extralimitación. Esa es la situación actual del Gobierno cesante de Pedro Sánchez —aunque él la interpreta a su manera—.

La segunda versión se produce cuando un Gobierno legalmente constituido padece tal grado de debilidad y precariedad que, en la práctica, ha de renunciar a ejercer plenamente como tal y a impulsar cualquier medida de calado que requiera mayorías o consensos. Esa fue la situación material del ‘Gobierno bonito’ de los 84 diputados. Bonito, pero cojitranco.

El presidente Sánchez, pues, acumula ya una larga etapa de interinidad: 10 meses de Gobierno renco y, por el momento, tres más de Gobierno cesante. Ello no le ha impedido realizar continuas exhibiciones pornográficas de los atributos del poder, pedalear furiosamente sobre la bicicleta estática jaleándose como si cada día coronara la cima del Tourmalet, anunciar decenas de compromisos sabiendo que no los cumpliría y cometer por el camino un puñado de irreverencias institucionales y fraudes de ley.

El caso es que Sánchez parece sentirse cómodo en esta situación. De hecho, sus voceros sugieren que no le importaría prolongarla tanto tiempo como sea preciso hasta doblegar a quienes se resisten a reconocer su autoproclamado derecho a monopolizar el poder, aunque las urnas le hayan dado apenas un tercio del voto popular y de los diputados.

Cuentan que, vistos los resultados, en algún despacho de la Moncloa comenzó a apostarse por repetir las elecciones en la misma noche del 28 de abril. De ahí que, como observa Rubén Amón, se haya construido la agenda partiendo del final: primero se eligió la fecha de la segunda convocatoria y después se acomodó el resto del calendario. Es la conocida ‘doctrina Sánchez’, que ya ensayó (mientras se lo permitieron) en 2016: os haré votar una y otra vez hasta que lo hagáis a mi conveniencia.

Calculemos. Cuando se celebre la sesión de investidura, llevaremos ya 14 meses con un Gobierno material o formalmente en funciones. Según el PSOE, un fracaso en este intento nos abocaría directamente a volver a votar el 10 de noviembre: tres meses y medio más. Si tomamos como referencia lo sucedido ahora, tras esas elecciones la investidura se demoraría al menos otro trimestre. Así que, pasito a pasito, nos plantaríamos en febrero de 2020 con Pedro instalado en la Moncloa de aquellas maneras y todo lo importante para el país metido en el congelador. Lo peor es que ni aun entonces tendríamos garantías de salir del atasco, salvo que Sánchez alcance la mayoría absoluta o todos los demás se rindan y acaten su designio.

Pensemos ahora en algunas consecuencias de seguir como mínimo hasta febrero en la presente situación:

a) De momento, el Gobierno cesante se ha garantizado ya otra temporada completa de control absoluto e irrestricto de la radio televisión pública. No habrá consejo de administración y nadie, salvo su amo monclovita, controlará a la administradora única (quién te ha visto y quién te ve, Rosa).

b) Tras el cese obligado del director del CNI, el servicio de inteligencia español permanecerá también ‘en funciones’ durante todo ese tiempo. Esperemos que no suceda nada que nos haga lamentarlo.

c) La renovación del Consejo General del Poder Judicial —que incluye la presidencia del Tribunal Supremo— seguirá paralizada. Teniendo en cuenta lo que está pasando en Cataluña y lo que probablemente vendrá, no parece lo más prudente mantener en la interinidad a los máximos órganos de la Justicia.

d) No habrá un proyecto de Presupuestos del Estado al menos hasta la primavera de 2020. Si todo fuera bien (que es mucho suponer), estarían aprobados y en ejecución para ese otoño. Mientras, habrá que seguir funcionando con las cuentas de Rajoy y Montoro, que datan de 2017. En Bruselas, puede haber algo más que palabras respecto a España.

No parece lo más prudente mantener en la interinidad a los máximos órganos de la Justicia

e) No se podrá empezar siquiera a negociar el sistema de financiación autonómica, caducado y bloqueado desde hace seis años mientras algunas comunidades autónomas (sanidad y educación, recuerden) caminan hacia la asfixia. Lo mismo para otros asuntos nimios como las pensiones, la reforma de la reforma laboral, el marco educativo que sustituya la ley Wert o la política fiscal. En cuanto a las reformas institucionales, los politólogos de guardia tienen años por delante para escribir sobre ellas.

f) La producción legislativa será cero, porque este Gobierno cesante ni siquiera puede ya recurrir al trampantojo abusivo de los decretos-leyes.

El 30 de octubre puede consumarse el Brexit duro, que pondrá patas arriba a Europa entera. En España, un Gobierno en funciones tendrá que lidiar con la tempestad política y económica que se avecina.

Para principios del otoño, se espera también la sentencia del Tribunal Supremo sobre la insurrección en Cataluña. Habrá lío, y de los gordos. Esperemos que no se haga necesario recurrir al 155, porque estaríamos ante un conflicto jurídico colosal: dilucidar si un Gobierno en funciones puede o no activar en el Senado ese mecanismo excepcional. Si no es posible nombrar a un secretario de Estado, menos lo será cesar a un Gobierno autonómico y asumir todas sus competencias.

Un conflicto jurídico colosal: dilucidar si un Gobierno en funciones puede o no activar en el Senado ese mecanismo excepcional (el 155)

Todo ello, además, rezando para que no ocurra ninguna desgracia —atentados terroristas, catástrofes naturales, sacudidas en los mercados— de las que exigen gobiernos fuertes en plenitud de facultades.

En todo caso, una campaña electoral con el personal justamente encabronado, los partidos inculpándose entre sí por el estropicio y bajo el impacto inmediato del Brexit y de la sentencia del Supremo, será cosa de verse. Por el momento, aconsejo no gastar un euro en encuestas.

Sánchez prefiere, claro está, que le entreguen gratuitamente la presidencia el 23 o el 25 de julio. Pero ha decidido que el problema sea de los demás. Sus condiciones son terminantes: a) que Iglesias se deje humillar y abandone toda esperanza de compartir el poder; b) que Ciudadanos se suicide para que él gobierne con Podemos y con los nacionalistas; c) en su defecto, que los independentistas le abran la puerta del cielo aparentando que lo hacen a cambio de nada.

En otro caso, amenaza con prolongar a perpetuidad el secuestro de un país en funciones. Estar así eternamente importa poco, siempre que se siga mandando y, sobre todo, que se vea. A los políticos de su clase les importa mucho menos el gobierno que el poder. Y ese ya lo tiene, Tezanos es la prueba.