Irene González-Vozpópuli
- El objetivo es proteger el régimen que succiona España hasta el colapso
España siempre presenta alguna novedad respecto de los países de su entorno en lo que al pillaje se refiere. Ya desde la excelsa, pulcra y democrática Unión Europea se había lanzado hace años una estrategia casi infalible para evitar que llegasen al gobierno de las distintas naciones de Europa esos molestos partidos de ultraderecha empeñados en defender los intereses de los contribuyentes nacionales, los olvidados y despreciados del sistema. La estrategia democrática consistía en estigmatizar a los partidos patriotas como antidemocráticos. Si esos antidemócratas iban a elecciones y las ganaban, se anulaban como en Rumanía, o se condena con cárcel al líder como en Francia, y en última instancia siempre quedaba Eslovaquia. Sin embargo, a esos europeos globalistas no se les había ocurrido algo tan sencillo y brillante como lo que propone nuestro presidente “Pedro I el maquillado”, no convocar elecciones.
Así lo anuncian sin pudor desde todos los terminales mediáticos. Aquellos que entienden la democracia como una mayoría de votos en la que sustentan la legitimidad de todo lo que haga el Gobierno electo, aunque sea inmoral y criminal, quieren salvar la democracia de las sucias manos de los ciudadanos, no sea que después de expoliarnos y despreciarnos vayamos a votar a esa derecha díscola a pesar de habernos dicho que no podemos porque es “ultraderecha fascista nazi corrupta”.
La jefa de la Agencia Tributaria reconoce abiertamente el funcionamiento del Estado de la partitocracia, donde quien quiera conseguir un favor, un contrato, eliminar un expediente injusto, o crearlo, ha de saber que está en venta la “influencia” política de los Altos cargos de la Administración
Para salvar la democracia lo mejor es suspenderla. Esta es la única idea inmutable del normalizado cordón sanitario. Por eso esta revelación democrática no es una novedad de Su Sanchidad, pero sí es inherente a la forma de entender el poder de la izquierda en España. Pablo Iglesias Pose en el Congreso de los Diputados el 5 de mayo de 1910: “Este partido (PSOE) estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita y fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones”.
¿Pero qué quieren proteger realmente quienes han vendido España a sus enemigos, quienes esperan llegar al poder sin plantear una reforma estructural del sistema que incentiva la destrucción de España? La ministra de Hacienda María Jesús Montero (que podría hacer bueno a Sánchez si le sustituyera) ha manifestado que «se pueden obtener mordidas, vendiendo la influencia que uno pueda ejercer, sin que eso haya implicado una irregularidad». Ante esta grave afirmación, la jefa de la Agencia Tributaria reconoce abiertamente el funcionamiento del Estado de la partitocracia, donde quien quiera conseguir un favor, un contrato, eliminar un expediente injusto, o crearlo, ha de saber que está en venta la “influencia” política de los Altos cargos de la Administración.
El tráfico de influencias es el verdadero negocio de los políticos y de los partidos del régimen bipartidista que quieren proteger a toda costa de la voluntad d ellos ciudadanos que pagamos ese enriquecimiento. Por eso está en marcha la operación derribar a Sánchez y salvar al PSOE, a cuya imagen y semejanza está hecho el régimen que aboca a esta corrupción sistémica. Una oligarquía de sujetos que pueden caber en un Peugeot se hace con el control de un partido político lo que les da el poder de todo el aparato estatal, el presupuesto público y el órgano de terror que con violencia extrae las rentas del español.
¿Quién quiere evitar la llegada de la “ultraderecha”? Las hienas que devoran los bolsillos de los españoles y el cuerpo insepulto de España ¿Qué quieren evitar? Que los españoles heridos y arruinados reaccionen y decidan su destino por encima de sus enemigos. ¿Cómo lo van a evitar? No convocar elecciones en dos años. Hacer guerra sucia contra los dirigentes del PP y Vox. Sustituir a Sánchez por un Salvador Illa que ayude a Junts a recuperar la Generalidad y mantener el Frankenstein. Que Bruselas garantice impunidad de Sánchez a Dominicana a cambio de que dejen llegar al gobierno al PP. Aprobar la reforma judicial de Bolaños, tramar un plan con INDRA sobre el fraude electoral son todas las posibilidades sobre la mesa.
El cordón sanitario defiende que los ciudadanos machacados por la multiculturalidad, la pobreza, la falta de vivienda y el hartazgo de la corrupción del bipartidismo no puedan ejercer sus libertades políticas
El objetivo es proteger el régimen que succiona España hasta el colapso. Proteger el enorme negocio de expolio al pueblo requiere dar de comer a muchos por el camino, perros mediáticos, bonus, subvenciones, contratos y el reparto de España en trozos. Lo mejor del negocio del tráfico de influencias es que no acaba con la salida del poder. Luego llegan las consultoras políticas, Zapatero o Bono.
A esta irregular situación antidemocrática han contribuido todos los actores del régimen, especialmente la derecha mediática y política con su cordón sanitario a Vox. Susana Griso se escandaliza ahora porque no quieran convocar elecciones por si las pierden, pero ella ha normalizado este clima cuando le parecía aterrador que los crímenes multiculturales pudiesen “dar alas (votos) a la ultraderecha”. El cordón sanitario defiende que los ciudadanos machacados por la multiculturalidad, la pobreza, la falta de vivienda y el hartazgo de la corrupción del bipartidismo no puedan ejercer sus libertades políticas. Defendían que una parte significativa de la población no tenía derecho a elegir su destino, ni sus representantes. El cordón sanitario no es otra cosa y eso se ha defendido con normalidad desde la II República y los 50 años de democracia en España. Pedro I el hambriento ha llevado a los hechos lo que todo el sistema ha creado. Una conciencia tercermundista y servil que acepta las urnas si no gana la izquierda. Una democracia espuria, una palabra que sirve únicamente como látigo de doma de una oligarquía que desprecia al pueblo y la verdad.
Al entender la verdadera naturaleza del negocio que facilita el sistema político en España sin más control que algunos jueces en solitario con años de retraso, podemos entender la obsesión de algunos en salvar el sistema a toda costa por encima de España, aunque no sean capaces de ver que la vaca ya no tiene leche y los españoles no tienen vivienda. Tenemos ganas de liberarnos.