Al contrario de ese preámbulo de una polémica ley reciente en la que se atribuye al PP el “desmantelamiento de las libertades”, en esta ley de víctimas del terrorismo no se menciona a ETA ni una sola vez. La sensación que transmite es la de que el terrorismo en España ha sido algo etéreo, difuso, universal.

Entre 2011 y 2021 hemos tenido los Gobiernos de Mariano Rajoy, con dos elecciones generales en 2015 y 2016. Gobiernos que terminaron con la moción de censura del 1 de junio de 2018. A partir de ahí, los Gobiernos de Pedro Sánchez, con otras dos elecciones generales en un mismo año, el de 2019.

Se trata del periodo, con diferencia, más convulso e incierto de la democracia española (salvo el inicial de 1978 a 1982). Pero eso no justifica la tardanza en la inauguración de este Memorial. El otro centro vasco de memoria, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, que se aprobó a la vez, funciona desde 2015.

El PP tuvo en sus manos haber puesto en marcha el Memorial entre 2012 y 2018, pero no lo hizo. La primera batalla cultural para su creación se libró en una reunión de 22 de mayo de 2012 entre el Gobierno de España (del PP) y el autonómico vasco (del PSE de Patxi López). Ahí quedó muy claro que el PSOE no estaba dispuesto a crear un Memorial por las Víctimas del Terrorismo sin envolverlo en su política de la memoria histórica puesta en marcha por la ley del mismo nombre aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007.

El terrorismo de ETA debía encajarse dentro de un periodo más amplio de victimización de la historia reciente de España, junto con la Guerra Civil y el franquismo. Se dejaba aparte, eso sí, la Segunda República, que generó más de 2.500 víctimas políticas y sin la que no se entendería el estallido de la Guerra Civil.

El resultado de las negociaciones fueron dos centros, un Instituto de la Memoria vasco (el ya citado Gogora), a gestionar por el Gobierno vasco, y un Memorial de Víctimas del Terrorismo, para el Gobierno central.

Aquel acuerdo vino condicionado por un craso error estratégico previo del PP vasco. Su presidente, Antonio Basagoiti, había retirado dos semanas antes el apoyo en el Parlamento vasco al Gobierno del PSE, lo que llevó a anticipar las elecciones autonómicas a octubre de 2012. Elecciones de las que salió el primer Gobierno de Iñigo Urkullu.

Urkullu asumió como propio el acuerdo de mayo de 2012 y aprobó a todo correr en 2013 (por medio de su secretario de paz y antiguo miembro destacado de la izquierda abertzale Jonan Fernández) un plan de paz y convivencia que mezclaba todas las memorias: la histórica de la Guerra Civil y el franquismo, y la del terrorismo de ETA, junto con todas sus víctimas. Luego, en noviembre de 2014, Urkullu aprobó la ley que ponía en marcha el Instituto Gogora y que colocaba al Memorial de Víctimas del Terrorismo como ente subalterno suyo.

El PP cedió así toda la iniciativa memorialística. Primero al PSE y, luego, al PNV. En 2015 le entraron las prisas, sabiendo que finalizaba una legislatura en la que tenía mayoría absoluta. El PP aprobó entonces, a primeros de año, su proyecto de Memorial y luego, en verano, los estatutos de su patronato. La guinda llegó en vísperas de las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, responsable del Memorial, encargó al Instituto Valentín de Foronda (Vitoria) un macroestudio con un coste de 1,2 millones de euros para realizar la historia definitiva del terrorismo de ETA.

El PP ni siquiera se planteó repartir esos ingentes fondos entre diferentes centros de investigación. Se lo dio todo a uno solo, el Valentín de Foronda. El mismo que había asesorado a Patxi López para la creación de ese Instituto Gogora que mezclaba todas las violencias y todas las víctimas, que desactivaba de manera radical la importancia de la memoria del terrorismo y que pasaba por alto que la Constitución de 1978 es la única de la historia de España donde la democracia no se concibe como atajo para imponer la propia ideología, sino como fin de convivencia en sí mismo. Todo lo contrario de lo que ocurrió en la Segunda República.

Pero es que los investigadores principales del Valentín de Foronda son uña y carne con el socialismo vasco. De hecho, su actual director, Antonio Rivera, fue viceconsejero con Patxi López y tiene en su haber un artículo publicado en la prensa vasca el 22 de abril de 2017, en plena campaña mediática contra la corrupción del PP, titulado El PP tendría que disolverse. Si el PP ya había perdido la batalla cultural, aquí lo que perdió fue el sentido del ridículo.

La contradicción interna más sangrante del PP en política antiterrorista la dio Alfonso Alonso con su presencia en la primera reunión del patronato de la fundación del Memorial de Víctimas del Terrorismo, presidido por S.M. el rey Felipe VI, el 27 de noviembre de 2015. Quien era ya, además de ministro de Sanidad, presidente del PP vasco, apareció allí sentado junto a Jonan Fernández, representante del Gobierno vasco y máximo partidario de facilitarles la vida política a los etarras y a sus adláteres de la izquierda abertzale.

Por mucho menos Arantza Quiroga había tenido que dimitir unas semanas antes como presidenta del PP vasco ante las pullas del propio Alfonso Alonso, que interpretó como injustificable cesión a los terroristas un leve gesto de su antecesora a favor de la entrada del PP en la comisión de libertades del Parlamento vasco.

El último despropósito del PP durante este periodo tuvo lugar el 20 de febrero de 2018, en una sesión de control en el Senado. El entonces senador del PNV, Jokin Bildarratz, actual consejero de Educación del Gobierno vasco, le sugirió al presidente Rajoy, en el colmo de la ironía política, y cuando el PNV controla absolutamente el otro instituto de memoria vasco, el Gogora, que el Memorial de Víctimas del Terrorismo asumiera un mayor “pluralismo memorial”. Es decir, “un mayor esfuerzo de pluralidad a la hora de preparar y convocar sus actividades, así como de componer sus equipos y desarrollar sus iniciativas”.

Y Rajoy, desconocedor de toda esta historia, le contestó, en su estilo, que en el patronato de la fundación están representadas todas las ideologías, perdiendo una ocasión inmejorable para decirle que nadie, ni entre el personal investigador del Memorial, ni en ese Instituto Valentín de Foronda con quien se han contratado los estudios sobre terrorismo, es del PP ni próximo al PP, sino socialista en su mayoría.

Así es como el PP perdió de forma clamorosa la batalla cultural del terrorismo. Ni siquiera la disputó, para bien decir. Por desidia, por desconocimiento de la historia del País Vasco y de su propio papel en ella, por falta de amor propio en la gestión política y, en definitiva, por su absurdo complejo intelectual respecto al PSOE.

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.