Cómo se burla una sentencia del Supremo

La desactivación de la condena impuesta al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz está plenamente encauzada. El primer paso lo dio su sucesora, Teresa Peramato, mediante una rehabilitación profesional: nombrar a García Ortiz para la sección de la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, a pesar de estar condenado por un delito doloso. El segundo paso acaba de iniciarse: el indulto político. Unos particulares han solicitado al Gobierno que indulte a García Ortiz y lo hará, porque es un pulso al Supremo que La Moncloa tiene ganado, aunque el indulto sea parcial, gracias a la ley de 1870, cuya antigüedad no incomoda a Bolaños. Eso sí, para que el indulto sea total, la Sala Segunda tendrá que apreciar «razones de justicia, equidad o utilidad pública», algo difícil de ver en el juego sucio de García Ortiz con sus funciones institucionales. Y quedará, para más adelante, el amparo que le conceda el Tribunal Constitucional, tan laxo, como acaba de demostrar, con la arbitrariedad en la Fiscalía.