Ignacio Camacho-ABC
- El perdón a los terroristas cabe a título íntimo pero en el plano colectivo exige unos requisitos que no se han cumplido
El perdón engrandece a quien lo concede y le abre las puertas del cielo según los Evangelios. No es casualidad que Cristo lo incluyese entre las preces del padrenuestro. Pero se trata de un acto interior, voluntario, subjetivo, un gesto moral privado que la persona decide según su inalienable criterio y lo arbitra en su fuero interno sin que le pueda ser impuesto. A escala social o civil, pública, primero se administra justicia y luego, si procede, la clemencia o la gracia en las condiciones que determine el ordenamiento. Sin que quepa invertir los términos y en todo caso condicionada con carácter previo a la exigencia de arrepentimiento, que incluye el deseo de reparación y sobre todo el reconocimiento previo de los hechos.
En torno a los presos de ETA, las autoridades vascas han puesto en marcha desde hace algún tiempo procesos de la llamada ‘justicia restaurativa’, un concepto de mediación jurídica que incluye la participación activa de las víctimas en reuniones con terroristas como paso preliminar o complementario a las progresiones de grado o permisos de salida. Sólo quienes hayan participado en esas citas pueden decidir sobre una cuestión esencialmente íntima como es la de su propia sanación emocional y la verosimilitud de una reconciliación que bien podría ser impostada o ficticia. Pero el comportamiento de muchos de los reclusos tras ser liberados no demuestra nada parecido a una autocrítica. Más bien al contrario, se perciben en ellos visibles signos de soberbia retroactiva.
Una cosa es que las víctimas directas o sus familiares puedan perdonar a título personal y otra bien distinta que lo haga el Estado en nombre de los ciudadanos, a quienes nadie ha consultado. El terrorismo no elegía sus objetivos por un odio (sin hache) concreto o por un agravio, sino como representantes abstractos de la sociedad desafiada por el delirio totalitario. Como tiene escrito el antropólogo Juan Aranzadi, fueron víctimas simbólicas, atacadas por su pertenencia a un bando imaginario de un conflicto político no declarado; es decir, que murieron en representación involuntaria del orden democrático. Y por tanto todos los españoles, en cierto modo supervivientes de esa agresión aleatoria, tenemos derecho a pronunciarnos.
En el plano individual cada uno sabrá; en el del colectivo, sin embargo, el perdón necesita unos requisitos que por ahora no se han cumplido. El principal, que los asesinos lo tienen que pedir admitiendo la culpa, el daño causado y la voluntad de resarcirlo. La mayoría no lo ha hecho porque su excarcelación se produce como resultado de un pacto espurio del Gobierno sanchista con Bildu, y aunque así fuese, faltaría la cláusula de la colaboración con la Justicia y el factor punitivo: el del cumplimiento de la pena, que ha de ser íntegro dada la escala y la gravedad de los delitos. Y luego ya si eso cabría el margen para un juicio de conciencia más o menos benigno. Que bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera y en ningún contexto va a incluir el olvido.