EL MUNDO 22/12/13
PEDRO J. RAMÍREZ
En su gran artículo del miércoles, La consulta: un par de preguntas–aconsejo a los que no lo hayan leído que lo repesquen vía Orbyt– Jorge de Esteban acertaba en todo menos en un punto esencial. Es verdad que «los nacionalistas catalanes son maestros tanto en el arte de tergiversar la Historia como en el de disfrazar ciertos conceptos»; es verdad que la doble pregunta que pretenden someter a consulta es una «manipulación» que desemboca en el absurdo de tener que optar entre un «Estado dependiente» –menudo artefacto– y un «Estado independiente»; es verdad que el sistema de cómputo permitiría proclamar el triunfo de la independencia –y declararla– con el respaldo de un 26% de los votos y, por lo tanto, de un 15 o 20% de catalanes; y es verdad que el imaginario «derecho a decidir» de Cataluña va no sólo contra la legalidad constitucional española, sino contra los principios de la comunidad internacional, que circunscriben la autodeterminación de los pueblos a los procesos de descolonización.
Lo que adolece de la cojera de las verdades a medias es que hayamos llegado a un punto en el que «toca preguntarse si los ciudadanos catalanes son conscientes de que están en manos de unos individuos peligrosos». No, querido Jorge, lo que toca preguntarse es si todos los españoles somos conscientes de que estamos en manos de esos individuos peligrosos –por fanáticos y carentes de escrúpulos– sin que las instituciones democráticas estén haciendo nada por liberarnos de su yugo.
¿Habrá que repetir todos los días que no es de la separación de Cataluña sino de la destrucción de España de lo que estamos hablando? No de la amputación de un brazo o una pierna que deja secuelas irreversibles en el lisiado pero le permite sobrevivir con su discapacidad, sino de la extirpación de un elemento vital que indefectiblemente provoca el fallo multiorgánico y acaba con la existencia del ser vivo.
La independencia de Cataluña supondría el desencadenante de la implosión de España. Vendrían después el País Vasco, las Canarias y las Baleares que, como el antiguo reino de Valencia, serían el inmediato objeto de deseo de un pancatalanismo expansionista en pos de su lebensraum. Correría la sangre. Viviríamos la balcanización de la vieja piel de toro, el regreso a la noche oscura de las taifas medievales. Estremece hablar de ello, pero por algo se hacía eco el domingo pasado Carlos Segovia de la percepción de los expertos de que esa secesión supondría, sí, la quiebra de los bancos catalanes, pero también la degradación de la deuda de España a bono basura.
El gran error del que la Historia responsabilizará a Rajoy es circunscribirse a la defensa de las líneas rojas de la legalidad constitucional, no ya desentendiéndose de los preparativos y movimientos del enemigo sino facilitando su logística y avituallamiento. Si las dos guerras mundiales se desencadenaron por el equívoco de que la supuesta impermeabilidad de las fronteras francesas garantizaba la soberanía de su hexágono, no es difícil imaginar lo que habría dicho la posteridad si los gobiernos de París hubieran abastecido de combustible a los tanques alemanes que plancharon la Línea Maginot. O, insistiendo en la sustancia del símil, en caso de que alguien me recuerde que en la península no hay otro ejército que el español, si se descubriera ahora que en realidad quien financió la Marcha Verde fue el régimen franquista.
En el primer programa de EL MUNDO en Libertad, Luis Herrero invocaba a Santa Teresa para alegar que es lejos de la muralla donde mejor se protege a la ciudad. Rajoy mantiene tropas en lugares remotos con el argumento de que la seguridad de la democracia occidental se defiende en Afganistán o en el Líbano, pero no es capaz de tomar decisiones políticas para defender a España en Cataluña. La amenaza que para nuestra estabilidad institucional, nuestra prosperidad colectiva y nuestra calidad de vida individual han incubado Mas, Jonqueras y sus secuaces –la tan implacable como banal banda del trust de la coliflor de Arturo Ui– no se limita, como finge creer Rajoy, a un órdago a la grande entorno a una consulta, dos preguntas y una fecha.
Para los nacionalistas lo de menos del proceso independentista es la línea sobre la arena; lo de más, la caravana en marcha, la travesía del desierto del pueblo elegido. Es decir, la acumulación de fuerzas para que cuando el día D llegue la resistencia del Estado se desmorone como un castillo de naipes. O incluso para que ni siquiera haga falta día D, en la medida en la que todo vaya sucediendo como un dominó de hechos consumados que, a lo sumo, aconseje poner al final una guinda, un lazo rojo, o mejor, un caganer para coronar el pastel con el que se celebrará la extinción de lo último que allí quede de España.
La prueba de que los separatistas van ganando es que cada envite se juega en un terreno más favorable para ellos que el anterior. Ya no se debate sobre la obligación del Estado de garantizar el uso de la lengua común en todos los lugares de España, ni siquiera del imperativo de hacer cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en contra de la inmersión obligatoria en catalán o de cómo llevar a la práctica la claudicante estrategia de la Ley Wert a base de pagar centros privados que enseñen en español –en el caso de que los haya– a los padres que lo pidan. Ahora lo que se debate es si es aceptable que un gobierno autonómico financie el llamado seminario del odio y reciba al mismo tiempo fondos de un programa como el del FLA que prohibe poner «trabas al mercado interior».
Bueno, en realidad ese era el debate del mes pasado. El de éste se ha desplazado ya a si es compatible anunciar que se pretende dinamitar el Estado el 9 de noviembre de 2014, destinando partidas presupuestarias para ello, y seguir desempeñando las funciones encomendadas por el propio Estado, en un marco de lealtad institucional, como si tal cosa.
La conducta de Rajoy indica que no sólo es posible, sino que no hay como acercar la mecha al bidón para que aquel al que intentas destruir te ponga un mullido cojín para facilitarte la postura. ¿Cómo interpretar si no las últimas decisiones de Montoro sobre el reparto del FLA y la transferencia del sádico Impuesto del Patrimonio a los gobiernos autonómicos que engañan lo suficiente a sus ciudadanos como para empecinarse en aplicarlo?
«Yo soy… como soy», dijo la otra noche Rajoy, emulando a Jeová, ante las alicaídas huestes de ese PP de Madrid al que empuja hacia la derrota. La víspera resumió la proyección de su mismidad ontológica sobre el desafío catalán con palabras espontáneas que pasarán a los anales: «A ver a quién le da más vértigo…» En la redacción se evocó inmediatamente el adolescente rito iniciático de Rebelde sin causa en el que James Dean compite con otro pandillero de los suburbios de Los Ángeles en acreditar quién frena más cerca del borde del acantilado. Sin embargo, y puesto que Mas y Jonqueras juegan en su demencial escapada con el futuro de todos nosotros, sería más exacto retratarlos en el salto mortal de Thelma y Louise, sólo que llevando a Rajoy de paquete en el asiento trasero.
También podría decirse que si de Los pájaros de la semana pasada hemos pasado al Vértigo de ésta es porque avanzamos ya Con la muerte en los talones. Pero saliéndonos del cine, lo que a mí me recordó el comentario de Rajoy es aquella portada de la revista Time del 26 de noviembre de 1979 titulada The Test of Wills que, en plena crisis de los rehenes, contraponía al barbudo Jomeini con el rostro lampiño de Jimmy Carter. ¿Quién parpadearía antes? El régimen de los ayatolas ahí sigue 35 años después, mientras el jefe de la brigada del cacahuete que había abierto las puertas del Washington post Watergate con la llave del candor, hizo pronto mutis por el foro como presidente de un solo mandato. ¿Será Rajoy el primero de la historia de nuestra democracia que consiga no ser reelegido? Hagan sus apuestas.
La razón por la que Mas no va a parpadear es porque no tiene nada que perder. Como máximo la presidencia de la Generalitat, si Jonqueras le supera en las urnas. Pero incluso esa es una posibilidad remota, pues todo indica que, cuando se les deniegue la consulta, concurrirán juntos a las elecciones «plebiscitarias», respetando el escalafón y con Pep Guardiola como adorno de su Entessa per la Llibertat –también el partido de Somoza se llamaba Liberal–, para reiterar el jaque al Estado desde una posición más fuerte. Será en todo caso una senda mucho más gloriosa que la que habitualmente espera a todo gobernante que lleva a la quiebra a sus gobernados. Como le confesó no hace mucho Pujol a un amigo común, si el empeño les sale bien se convertirán en los padres fundadores de la Cataluña independiente, y si les sale mal entregarán el testigo a la siguiente generación y santas pascuas.
Fue un error de Zapatero eliminar del Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum y es un error de Rajoy –también en esto hay continuidad– no utilizar su mayoría absoluta para reponerlo. No se trata de meter a Mas en la cárcel, pero sí de inhabilitarlo para el ejercicio de cargo público cuando incumpla la ley.
A ese desenlace podría llegarse antes si, como propone con acierto UPyD, se le requiere de inmediato para que desmantele el equipo de funcionarios que prepara el censo de la consulta ilegal y anule las partidas presupuestarias destinadas al efecto. En caso de no hacerlo, sería de aplicación el artículo del Código Penal que castiga la usurpación de funciones. Pero para activar ese mecanismo haría falta una claridad de ideas y un nivel de determinación política que nadie atisba en el actual Gobierno. Rajoy repite una y otra vez el mantra de que ha jurado cumplir las leyes, pero parece tener amnesia sobre cuantos preceptos vienen al caso.
Pertenezco a una generación para la que «cada 9 de noviembre» no era sino el día del almanaque en el que, «como siempre sin tarjeta», aquel marido que «era el mismo demonio» enviaba su ritual «ramito de violetas», haciéndose pasar por amante anónimo, a esa soñadora esposa en la que todos veíamos a la propia Cecilia. Siempre le tuve manía a aquel tipo que no asumía la responsabilidad ni las consecuencias de sus actos. Cada año todo le salía gratis lavando su mala conciencia con una fantasía que tenía en vilo a la familia.
De la misma forma que las buenas acciones han de ser recompensadas, las conductas maléficas y dañinas deben ser castigadas. Esa es la doble base de la justicia. De ahí que lo más detestable de lo que está ocurriendo no sea la venenosa incuria de los nacionalistas sino su gozosa impunidad. Que ahora que las flores que nos mandan son ya modelo Mateo Morral, no haya en el Gobierno de España nadie capaz de sacarles la preceptiva cartulina roja. O al menos una primera amarilla.