Comparece el Estado

LAS DECLARACIONES de la última semana en el juicio del procés han dado una magnífica lección sobre lo que es (y lo que no es) un Estado moderno digno de tal nombre, que no puede reducirse y mucho menos identificarse con ningún líder o partido político por mucho poder que acumule. Efectivamente, aunque los líderes populistas, nacionalistas y autoritarios (que vienen a ser lo mismo) pretendan apropiárselo mediante la ocupación sistemática de las instituciones, el discurso simplificador y reduccionista y la invocación a un pueblo que sólo ellos definen y representan, un Estado es mucho más que su clase política. Afortunadamente.

En ese sentido, el contraste entre el testimonio de los políticos y ex políticos y los funcionarios es demoledor. Mientras que los primeros –empezando por el anterior presidente y la anterior vicepresidenta del Gobierno y siguiendo por los altos cargos independentistas– aparecían más bien preocupados por su imagen y por eludir su indudable responsabilidad política en los sucesos que se juzgan, los segundos intentaban contestar con rigor y profesionalidad las preguntas que se les hacían para esclarecer unos hechos que vivieron en primera persona por estar haciendo su trabajo. En resumen, los funcionarios que han declarado estos días en el Tribunal Supremo son profesionales y se comportaron como tales en condiciones no precisamente fáciles. Desde los letrados del Parlament que advirtieron de los problemas legales y sus posibles consecuencias hasta la letrada de la Administración de Justicia que tuvo que salir por el tejado por ejercer sus funciones públicas o desde el coronel Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación del operativo policial el 1-O, hasta los máximos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote. Todos ellos intentaron cumplir con su deber profesional y hacer bien su trabajo. Lo que es muy de agradecer porque si no hubiera sido así, no sólo el Estado español, sino simplemente el Estado democrático de derecho hubiera desaparecido del todo en Cataluña durante el otoño de 2017.

Precisamente si algo pone de relieve lo ocurrido en Cataluña es que la ocupación sistemática por la política de todas y cada una de las instituciones autonómicas (incluidas algunas tan sensibles como los Mossos d’Esquadra, un cuerpo armado encargado de velar por el orden público y la seguridad ciudadana) lo que consigue no es tanto construir una república imaginaria, sino destruir el Estado real existente, constituido en primer lugar por la propia Generalitat. Porque cualquier Estado digno de ese nombre debe ser, en primer lugar, impersonal, neutral y profesional y, en segundo lugar, eficiente y eficaz, estando estrechamente ligados estos requisitos. En ese sentido, produce cierta lástima escuchar al Jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, Manuel Castellví, reconocer en su comparecencia como testigo ante el Tribunal Supremo que el 1 de octubre vio imágenes de agentes del cuerpo que «no eran acorde con el comportamiento que tiene que tener un policía». Porque ese es el dilema: si te comportas como un político, difícilmente te comportarás como un policía. O, peor aún, lo más probable es que te comportes como un policía político, y ya sabemos demasiado bien a estas alturas para qué sirve una policía política.

Por esa razón, no es casualidad que el mayor Trapero, con un perfil político muy marcado (investigado por un delito de rebelión por la Audiencia Nacional) sustituyera como jefe de los Mossos a una persona con un perfil mucho más profesional que seguramente hubiera preferido comportarse más como un policía y menos como un político. Tampoco es casualidad que al frente de TV3 (que es una televisión pública pagada con los impuestos de todos los catalanes, no una televisión privada al servicio de la causa independentista, lo que sería una opción legítima y bastante más honesta por cierto) esté un director con un acusado perfil político pero cuya labor como profesional es más que discutible.

Por eso es tan importante denunciar que la confusión de las carreras políticas y funcionariales que se produce en algunos países –entre ellos el nuestro– y que lleva a que los cambios de Gobierno supongan la sustitución de una gran cantidad de personas con labores directivas en el sector público por razones puramente partidistas y no profesionales es un enorme problema. Un problema que como demuestran todos los estudios disponibles guarda relación directa con la pérdida de calidad institucional, con el mal gobierno y también con una mayor corrupción. Algo de eso saben a estas alturas en Cataluña, aunque en el resto de España sucedan cosas parecidas si bien no con la misma intensidad. El independentismo (o el sectarismo) al comprometer la profesionalidad, la neutralidad y la independencia de las instituciones conduce inexorablemente a su deterioro. Y también a su pérdida de legitimidad por dos razones complementarias: la falta de confianza en ellas por parte de los ciudadanos que no comportan esa ideología (es difícil que los ciudadanos no secesionistas confíen en una policía entregada al independentismo o se informen a través de una televisión pública convertida en un medio propagandístico al servicio del secesionismo) pero también por su falta de eficacia, en la medida en que es fácil que la politización relegue a las personas más cualificadas profesionalmente.

Efectivamene, Cataluña es un ejemplo extremo de cómo la apropiación partidista de las instituciones (al exigir inexorablemente relevar a los funcionarios profesionales que ocupen cargos más relevantes y sustituirlos por otros que estén dispuestos a renunciar a su criterio técnico para servir mejor los intereses políticos de sus jefes) conduce a la eliminación no sólo de los principios de mérito y capacidad, sino también de las más mínimas competencias para gestionarlas. No es casualidad que el juicio del procés esté poniendo de relieve la existencia de tantas y tantas reuniones y conversaciones surrealistas, de tantas y tantas actuaciones sorprendentes y carentes de cualquier lógica por parte de personas con responsabilidades institucionales importantes y, en definitiva, su falta total de seriedad y su pasmosa irresponsabilidad. Sólo las personas muy fanatizadas pueden dejar de ver el desastre que para los ciudadanos independentistas y no independentistas supondría dejar que este tipo de políticos pudieran campar a sus anchas sin contar con una Administración profesional capaz de prestar los servicios públicos que se esperan de un Estado en el siglo XXI. En definitiva, necesitamos servidores públicos capaces de hacer bien su trabajo, ni más ni menos.

EL PROBLEMA de la falta de profesionalización y de la politización de las instituciones no es sólo un problema de eficiencia y de eficacia; también existe otro mucho más grave que es de valores. Porque abandonados los criterios técnicos y los principios deontológicos básicos que rigen cualquier profesión (entre ellos el de la responsabilidad, que nos convierte en auténticas personas morales capaces de asumir las consecuencias de nuestros propios actos) e interiorizada la idea de que el fin justifica los medios se abre el camino hacia el precipicio moral. Un precipicio por el que tantas y tantas personas se han despeñado antes y se están despeñando ahora. Y una vez que esto sucede los más honestos, inteligentes y capaces pueden resultar irreconocibles y a la postre indistinguibles de los deshonestos, tontos e incompetentes ya se trate de juristas, periodistas, policías, médicos, ingenieros, informáticos o de cualquier otro ámbito profesional que al lector se le ocurra. Si un periodista no es capaz de distinguir entre las fake news y los hechos o entre la opinión y la información sencillamente deja de ser un periodista. Lo mismo cabe decir de un jurista capaz de justificar cualquier norma con tal de que se utilice la jerga técnica al uso. Por eso la honestidad profesional es tan importante: porque está ligada a la honestidad a secas. Como decía Jefferson todo el arte del Gobierno puede resumirse en una cosa: en el arte de ser honesto.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay derecho? y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.