Era obligado que Pedro Sánchez rindiera cuentas en el Congreso sobre los negocios de su esposa con empresas que han acabado beneficiándose de decisiones del Gobierno. Aunque sea en un maratoniano pleno, como el previsto el próximo miércoles, en el que la polémica quedará diluida entre otros asuntos de máximo interés. El PSOE acierta al aceptar la comparecencia solicitada por el PP. Sobre todo si, como presume, nada tiene que ocultar. La apertura de diligencias judiciales contra Begoña Gómez a raíz de una querella con discutible sustento jurídico fue el detonante del insólito retiro de cinco días en el que el presidente meditó una retirada, lo que hace más necesarias unas explicaciones que, en todo caso, llegan tarde. La Justicia se pronunciará en torno a las actividades bajo sospecha, sin precedentes en la Transición en una persona con ese estatus y que, aunque no fueran delictivas, presentan un flanco estéticamente débil. El mismo por el que habría atacado el PSOE en una situación idéntica con el PP en La Moncloa. Es exigible un debate sin sobreactuaciones en el que el Ejecutivo ofrezca las aclaraciones debidas y la oposición no confunda suposiciones con hechos probados.