Compartir soberanía

El lehendakari Urkullu ha comenzado el nuevo curso político de manera inteligente, tratando de marcar distancias con el desaguisado catalán. Para calmar los ánimos independentistas, el líder del PNV ha puesto sobre la mesa los dos conceptos que guiarán la búsqueda de un nuevo estatus político para el País Vasco: soberanía compartida y democracia plurinacional.

Con respecto a la soberanía, en la teoría política y jurídica suele definirse como un elemento estructural de las comunidades políticas modernas, indivisible en la medida en que supone la atribución del monopolio del poder a un único sujeto, ayer el rey, hoy el pueblo. Sin embargo, con el advenimiento del constitucionalismo, la soberanía pasa a ser una hipótesis regulativa que sirve para fundar la unidad y la coherencia de los ordenamientos jurídicos. Es decir, la soberanía popular es una ficción necesaria para garantizar que tanto los ciudadanos como los gobiernos están sujetos a las normas, porque en el Estado constitucional la única soberana es la propia Constitución.

Por lo tanto, lo que se hace en las sociedades organizadas políticamente, es repartir poder institucionalizado, no soberanía, por definición ilimitada. Esta es una cuestión central en los Estados descentralizados. En tales formas políticas, el poder se concreta constitucionalmente, para que los diferentes niveles de gobierno puedan ejercer sus competencias con garantías. Este es, en gran medida, el caso español: las facultades que cada nivel ostenta –Estado y comunidades autónomas– se concretan en normas –Constitución y Estatutos de autonomía– bajo el control de un órgano que resuelve las disputas que puedan ir surgiendo entre las partes –Tribunal Constitucional–. Tiene razón Urkullu cuando dice que estamos ante un momento de recentralización política. Sin embargo, es importante apuntar que para las situaciones de crisis todos los sistemas federales cuentan con mecanismos de flexibilidad competencial para resolver los problemas comunes, Estados Unidos constituye el ejemplo canónico al respecto.

Probablemente, la solución a las quejas del lehendakari pase por una mejora de las credenciales federales del Estado autonómico, que clarifique las competencias de cada nivel de gobierno y permita una mayor transparencia de la responsabilidad política frente a los ciudadanos. La pregunta clave aquí es, ¿está dispuesto el PNV a realizar el viaje desde el foralismo al federalismo?

El segundo concepto al que aludíamos al principio era el de democracia plurinacional. Estamos ante una fórmula ideológica. Si dejamos de lado el antimodelo belga, y miramos a nuestro alrededor, nos encontramos que en países como Canadá y Suiza la pluralidad nacional está anclada constitucionalmente en la protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural. Es decir, el derecho a la diferencia no implica privilegios económicos o competenciales, sino la posibilidad de llevar a cabo políticas que garanticen la supervivencia de las peculiaridades de las minorías nacionales.

En España, estas exigencias se cumplen de acuerdo a los estándares internacionales. Miremos a Euskadi detenidamente. Cuenta con un sistema político propio que posibilita la existencia de partidos nacionalistas que permiten desarrollar identidades múltiples. El Estatuto de Autonomía otorga competencias sustantivas para desarrollar programas lingüísticos, culturales y educativos que fomenten el euskera. Además, la Constitución ampara la existencia de un sistema institucional propio (territorios históricos), con el objetivo de residenciar el pluralismo político interno del País Vasco. Por último, la comunidad autónoma (junto a Navarra) cuenta con un concierto económico específico que permite la recaudación de la práctica totalidad de los impuestos, sin el sometimiento al criterio general de solidaridad que obliga al resto de las comunidades. Busquen un modelo parecido de democracia plurinacional en el derecho constitucional comparado: no lo encontrarán.

Por todo lo dicho, quizá cabe pensar que con la alusión a la soberanía compartida y la democracia plurinacional, el lehendakari esté hablando de otra cosa. Quizá con ello se refiera a la inmunidad en el ejercicio del poder, una cosa bien distinta. Convertir la ley en un pacto de presuntos caballeros, recuperar el pase foral según el cual se acata la norma pero no se cumple o incorporar un derecho de secesión encubierto en el ordenamiento jurídico para hacer oposición política frente al Estado, no es compartir soberanía, sino convertir al País Vasco en una isla frente a la influencia del derecho constitucional, aquel que permite el sometimiento del poder a las normas y otorgar libertades individuales a los ciudadanos.

Desde este punto de vista, la opinión pública terminará prefiriendo la claridad conceptual del independentismo, a la confusión teórica y práctica de los modelos confederales que parece manejar Urkullu. Como en Cataluña o Escocia, llegará el momento de tener que decantarse, con el hándicap de que en nuestras sociedades se han puesto de moda las soluciones simples a los problemas complejos. El gran mérito del lehendakari podría ser, frente a la lógica de un decisionismo democrático altamente cuestionable, salvar a la sociedad vasca de tener que abordar ese momento. Sin embargo, para ello resulta imprescindible poner en valor lo que ya se tiene, aunque ello sea ir claramente en contra del signo de los tiempos.