Ignacio Camacho-ABC
- El Gobierno que negaba que los hijos pertenezcan a los padres pretende ahora devolvérselos para evitar el desastre
Cuando un presidente como Sánchez pide «complicidad» para algo provoca un inevitable sobresalto: cuerpo a tierra hasta que se aclare qué está tramando. Por esta vez no se trata de nada malo: sólo de que los padres se conviertan en colaboradores subsidiarios de unos presuntos planes de vuelta al colegio que amenazan con sembrar un descomunal caos. Pero es tal el desbarajuste que más que a la complicidad, el Gobierno debería apelar a la indulgencia de los ciudadanos, a su tolerancia con los fallos de una programación (?) cuyas únicas medidas contra el Covid consisten en ventilar las aulas y obligar a los niños a llevar mascarilla y lavarse a menudo las manos. Ése es todo el plan: que cada
centro se organice con su correspondiente comunidad autónoma del modo que entiendan más sensato y, llegado el caso, estudien la necesidad del cierre puntual cuando se multipliquen los contagios. Milagro será que antes del final del trimestre no se estén impartiendo la mitad de las clases o más de modo telemático, contingencia que sólo algunas comunidades han contemplado. Frente a la razonable preocupación de las familias y de los docentes, un Ministerio que ha hecho pellas durante el verano lo fía todo al albur, a la suerte, al buen oficio instintivo del profesorado o a la esperanza improbable de que el virus pase de largo o se detenga en la puerta de las escuelas bajo la sugestión de algún conjuro mágico.
En esta ausencia de método y organización faltaba el sainete de las bajas laborales por cuarentena y el cuarto a espadas que ha echado Pablo Iglesias prometiendo ampliarlas por su cuenta. Si por cada escolar infectado hay que confinar a veinte, con sus respectivos progenitores, con el ritmo de transmisión actual -entre dos y tres mil menores por semana- sale una media para echarse las manos a la cabeza. La demagogia y el voluntarismo forman mala mezcla cuando no hay criterios ni ideas y se van improvisando ocurrencias que se acabarán estrellando contra una realidad terca. Siendo septiembre la fecha fija del inicio de curso, el Gobierno ha tenido casi tres meses para prepararlo y coordinarlo desde que aflojó la primera ola de la pandemia. Cualquiera diría que el único factor de certidumbre en este problema, que es el calendario, le ha pillado por sorpresa.
La «complicidad» que demanda Sánchez viene a ser una extensión a los familiares de la socorrida «co-gobernanza» con que, tras el exceso autoritario del estado de alarma, pretende socializar responsabilidades. Se le han pasado sus ínfulas de comandante, ha desaprendido el lenguaje de combate y ahora llama a todo el mundo a involucrarse con espíritu de voluntarios sociales. Fue su ministra de Educación, que aún sigue en el cargo por razones inexplicables, la que dijo en enero que los hijos no pertenecen a los padres. A buenas horas pretende devolvérselos para que le ayuden a evitar el desastre.