Más de un año después, la presentación ayer del acuerdo entre el Gobierno y las conferencias Episcopal y de Religiosos alumbra un sistema para resarcir a los agredidos que no pueden verse amparados por los tribunales, bien porque sus casos han prescrito o por fallecimiento del acusado. Durante un año, prorrogable a un segundo, las víctimas podrán acudir a este procedimiento, y una unidad específica del Ministerio de Justicia tramitará sus solicitudes. El proceso será premioso, seguramente no puede hacerse de otro modo si se quieren preservar los derechos del denunciante y la presunción de inocencia del señalado. Al final, habrá una propuesta de resarcimiento para el perjudicado. Y una comisión mixta para resolver discrepancias. El Defensor del Pueblo tendrá la última palabra. La reparación puede ser simbólica, espiritual o económica -la magnitud del daño puede llegar a exigir todas ellas-, en todo caso a cargo de la Iglesia.

La tensión que ha presidido las largas negociaciones para lograr el acuerdo aún afloraba en la presentación pública de ayer. Era visible en la rotundidad del ministro Bolaños al subrayar que «el Estado decide la indemnización y la Iglesia paga»; y en atribuir al Vaticano un papel clave cuando el diálogo no avanzaba. Y también en la reivindicación por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, del mecanismo propio que en el último año resolvió 39 de las 89 peticiones de reparación recibidas.

El compromiso con el reconocimiento y la atención integral a las víctimas de la pederastia eclesiástica, que obtuvo el espaldarazo definitivo del papa Francisco y recoge León XIV, debe convertirse en guía para atender situaciones en las que no solo se ataca la integridad física de los menores, sino que se traiciona su inocencia y su confianza y las de sus familias, en ocasiones de forma irrecuperable.