En España, la política nos da ejemplo de hechos alternativos con cierta cotidianeidad. En la campaña electoral de 2011, Rajoy prometió que bajaría los impuestos. Ganó las elecciones y, en su primer consejo de ministros, los subió. Se nos dijo entonces que, en realidad, se trataba de una «adecuación de la fiscalidad». En 2012, la Unión Europea tuvo que rescatar al sector financiero español, pero el gobierno del PP aseguró que no se tratara de un rescate, sino de un «préstamo en condiciones extremadamente favorables». Los recortes eran «reformas estructurales», y la subida del IVA, un «gravamen adicional».

Se trata de promesas que nadie exigió y que, por tanto, eran perfectamente evitables, salvo que se sienta pasión por la propaganda

Los hechos alternativos se manifiestan ahora mediante compromisos adquiridos con solemnidad, que se incumplen con desparpajo, y que, a pesar de eso, se dan por cumplidos o se archivan en el olvido sin dar cuenta de ellos. Y se trata de promesas que nadie exigió y que, por tanto, eran perfectamente evitables, salvo que se sienta pasión por la propaganda.

Uno de los últimos ejemplos es el del precio de la luz. Hace unos meses, la factura se desbocó al alza. El presidente del Gobierno decidió entonces imponerse a sí mismo un compromiso muy original, que ni siquiera la oposición le había pedido: que terminado 2021 «todos los españoles habrán pagado por la luz lo mismo que en 2018, descontando la inflación». Alambicado, el asunto. Pero, además, arriesgado, porque, como es bien sabido, no dependen de un decreto del Gobierno ni el precio del gas, ni el del petróleo, ni si hace suficiente sol para alimentarnos de energía solar, ni si sopla el viento para generar energía eólica. Terminado el año, el presidente compareció ante los medios y mostró un papelito con gráficos para, por un lado, reconocer que «hay tres de cada diez contratos que están en tarifa regulada, la famosa tarifa PVPC, que efectivamente van a pagar algo más de lo que pagaban en el año 2018». Como consecuencia, el compromiso no se cumplía, porque no «todos los españoles» han pagado lo mismo que en 2018. Sin embargo, el presidente se felicitó a sí mismo porque «el compromiso del Gobierno de España en promedio se ha cumplido».

Los técnicos de la Ponencia de Alertas pidieron que no se adoptara tal decisión, pero se les ignoró la solicitud

En esa misma comparecencia, Sánchez anunció que «vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen los técnicos y, posteriormente, a lo largo del día de hoy se tomará la decisión» sobre la rebaja a siete días de la cuarentena para los contagiados por el virus. Los técnicos de la Ponencia de Alertas pidieron que no se adoptara tal decisión, pero se ignoró su solicitud. De la misma forma, unos días antes se recuperó la obligación de llevar mascarillas en exteriores «según el criterio de los expertos». Pero la decisión se adoptó después de ver un sondeo. En mayo de 2020, el Gobierno anunció una ley de pandemias, que nunca se hizo.

La nueva aportación es que si un ministro (léase Alberto Garzón) daña la reputación nacional e internacional del sector ganadero español, en realidad hace esas declaraciones «a título personal», como si no fuera miembro del Gobierno, sino uno que pasaba por allí. Moncloa ha logrado esta semana parecerse al histriónico 10 de Downing Street retratado en una divertida película británica titulada ‘In the loop’.