Con el desafío a la legalidad democrática que acaba de producirse hace escasos momentos en el Parlamento Vasco, no sólo Euskadi sino España se encuentran en el momento más grave de toda la etapa democrática.
Bilbao. 30 de diciembre de 2004. 19:30 h. Con el desafío a la legalidad democrática que acaba de producirse hace escasos momentos en el Parlamento Vasco, no sólo Euskadi sino España se encuentran en el momento más grave de toda la etapa democrática.
Con la serenidad y el orgullo de pertenecer a una gran nación cuya aplastante mayoría de ciudadanos conservan la cordura, pero también con la responsabilidad de quienes reparamos en el dramatismo de un hecho tan inquietante, consideramos que nos encontramos ante un momento de emergencia nacional.
Con la aprobación esta tarde del llamado Plan Ibarretxe por el Pleno del Parlamento Vasco, con los votos a favor -además de los de los partidos del Gobierno tripartito- de 3 de los 6 parlamentarios de la ilegalizada Batasuna, tan sólo resta su simple publicación en el Diario Oficial del País Vasco en las próximas horas o días, para que según establece su Disposición Final 2ª se produzca su entrada en vigor -unilateral-, sin tener en cuenta para nada la opinión y la postura del resto de la nación española y de sus instituciones (Gobierno, Cortes y Poder Judicial).
A partir de dicha publicación las autoridades y fuerzas nacionalistas considerarán derogado el Estatuto de Guernica de 1979, tal como dispone la Disposición Final 1ª de su nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi.
Luego, “en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Estatuto, la Comunidad de Euskadi asumirá materialmente y comenzará a ejercer en plenitud y sin excepción todas las potestades, funciones y servicios que le corresponden conforme a su (nuevo) régimen de autogobierno, todo ello sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de los que ya tiene asumidos la Comunidad Autónoma Vasca …” (tal como reza la Disposición Transitoria 1ª).
“Dentro de dicho plazo de seis meses, una comisión mixta de transferencias integrada por igual número de representantes del Gobierno Vasco y del Gobierno del Estado, (se reunirá) por una sola vez y de modo definitivo … (para) traspasar los medios personales y materiales de titularidad del Estado …” (Disposición Transitoria 2ª). Y para que no quede duda alguna sobre la voluntad rupturista del nacionalismo, dicha Disposición añade: “La falta de acuerdo en la Comisión Mixta no impedirá a la Comunidad de Euskadi el ejercicio de las atribuciones o competencias asumidas … sin perjuicio de poder reclamar con posterioridad al Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi los daños y perjuicios que se hayan podido derivar del retraso …”
Esta es la dinámica que hoy ha puesto en marcha el Parlamento de la “Comunidad Autonónoma del País Vasco”. Esta es la gravísima dinámica que cuando en septiembre de 2002 el lehendakari Ibarretxe presentó su Plan a este mismo Parlamento numerosos políticos y cierto medio de comunicación interesados en que apenas hubiese una reacción contundente y duradera, ponían en duda que el PNV fuera a atreverse a ponerla en práctica.
La secesión del País Vasco ha dado hoy su primer paso efectivo. El nacionalismo vasco en su conjunto ha puesto de manifiesto su voluntad inequívoca de romper la unidad de España, sin reparar en los medios que haya que utilizar para consumarla.
Hoy por hoy no hay entendimiento político alguno posible con el nacionalismo vasco. No hay reforma alguna del Estatuto de 1979 que deba ser negociada con los nacionalistas en las presentes condiciones.
Ante la voluntad abierta y descarada del nacionalismo vasco (desde el PNV hasta ETA-Batasuna) de destruir el orden constitucional alcanzado en 1978 mediante la Transición democrática y de enterrar el Estatuto de Guernica, no hay otra opción para los demócratas y para sus reprentantes que hacer prevalecer por todos los medios legales las instituciones y principios de la Constitución y garantizar de manera efectiva la unidad de España que nuestra Constitución garantiza.
Ante la insurrección de los nacionalistas vascos España, desde hoy, se encuentra en situación de emergencia nacional. Las ambigüedades encubiertas en un talante supuestamente dialogante, las tibiezas y las actitudes claudicantes nos conducirían muy probablemente a la desintegración de nuestro país.
Ante tan crítica situación, el FORO ERMUA reitera al Gobierno de España las cuatro siguientes exigencias:
1) La retirada del proyecto de ley que presentó el pasado octubre para derogar las medidas penales de diciembre de 2003 que penalizan la convocatoria y realización de referendos ilegales -como el que quiere llevar a cabo el lehendakari Ibarretxe-. Resultaría suicida que el Estado español se desarmase ante la evidente y contumaz deslealtad institucional de las fuerzas nacionalistas vascas.
2) La inmediata actuación del Fiscal General del Estado y de la Abogacía General del Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto Político que acaba de aprobar el Parlamento de Vitoria, solicitando además la suspensión cautelar de cualquier medida que pueda tomar el Gobierno o el Parlamento Vasco en desarrollo de este Plan.
3) El establecimiento de una colaboración profunda e intensa con el Partido Popular, en torno al Pacto por las Libertades y a un entendimiento para asegurar el encauzamiento de los procesos de reformas estatutarias y constitucional, como única fuerza política junto con el PSOE que puede garantizar la estabilidad del Estado, la defensa de las libertades de todos los vascos -incluidos los no nacionalistas- y la unidad de España.
4) La utilización decidida y en todo momento de cuantos poderosos instrumentos legales dispone un Estado de Derecho moderno (sin desdeñar ninguno de los artículos de nuestra Carta Magna) para hacer cumplir los preceptos constitucionales, garantizar el interés general y la unidad de España y la igualdad entre todos sus ciudadanos con independencia de la región en la que habiten. En particular, el Gobierno debe requerir formalmente y con urgencia al lehendakari Ibarretxe para que acate los preceptos constitucionales y estatutarios vigentes. Y, en su caso, ha de someter de manera urgente al Senado las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad constitucional, a cuya defensa está obligado.
No sólo se debe tratar de parar al Plan Ibarretxe cuando llegue al Congreso de los Diputados, si es que llega, sino mucho antes y por otros muchos medios, como los que acabamos de volver a reclamar al Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero.
Foro Ermua, 31/12/2004