Comunidades autónomas e insumisión

Las autoridades europeas y los inversores tienen razones fundadas para desconfiar de las cuentas regionales

La confianza de los inversores en nuestro país ha sufrido un gran deterioro durante el primer semestre de este año. Las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo Europeo y el drástico ajuste presupuestario adoptado por el Gobierno no han logrado remediar la situación y la prima de riesgo ha alcanzado un nivel difícilmente sostenible por mucho tiempo. La desconfianza es comprensible dado que modificamos al alza tres veces la cifra de nuestro déficit público. Ahora bien, la desviación del déficit fue imputable en gran medida a las comunidades autónomas. Las autoridades europeas y los inversores tenían y tienen razones fundadas para desconfiar de las cuentas regionales. Por otro lado, conviene recordar también que para el primer trimestre de este año muchas comunidades autónomas habían alcanzado ya prácticamente el déficit permitido para todo el año. Estos datos objetivos confirman que el Gobierno de Rajoy dista mucho de haber puesto fin al descontrol de las cuentas autonómicas.

En este contexto, y tras las últimas medidas de ajuste, varias comunidades autónomas se oponen a ellas. Nuestro lehendakari dice que no sabe para qué sirven. Comunidades gobernadas por el Partido Popular han pedido –afortunadamente sin éxito– que se les amplíe el tope de déficit cuando carecen de medios para financiarlo. Por su parte, Valencia acaba de pedir directamente el rescate. Finalmente, el presidente catalán, Artur Mas, ha llegado a proponer al resto de comunidades autónomas un plante ante el Gobierno. Algunos llegan a emplear los términos de rebelión o insumisión autonómica. Estas declaraciones para lo único que sirven es para hundir definitivamente la escasa confianza en nuestro país de los inversores extranjeros y elevar la prima de riesgo.

Ante este tipo de apelaciones a la insumisión conviene recordar que la reforma constitucional del año pasado introdujo el principio de estabilidad presupuestaria como un principio constitucional que vincula a todas las administraciones públicas. El pasado 27 de abril se aprobó la ley orgánica que desarrolla ese principio, y establece los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar que las comunidades autónomas cumplan con los límites de déficit y deuda establecidos. Estos mecanismos ya se han puesto en marcha en varias comunidades autónomas. Cualquier incumplimiento obliga a las comunidades a presentar un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. La ley regula el contenido –que, entre otros extremos, deberá identificar las causas de la desviación y las medidas que permitirán retornar a los objetivos–, la tramitación y el seguimiento de estos planes. En caso de falta de presentación o de incumplimiento del plan económico-financiero, la comunidad autónoma deberá constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Podrá convertirse en multa a los seis meses. Además el Gobierno podrá acordar el envío a la comunidad autónoma de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas que serán de obligado cumplimiento. Mientras no las lleve a cabo, la administración afectada no tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la ley. En el peor de los escenarios, esto es, ante una verdadera insumisión o rebelión, que condujera a alguna comunidad a no constituir el depósito obligatorio o a no ejecutar las medidas propuestas por la comisión de expertos, el Gobierno pondría en marcha el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución. El procedimiento se activa requiriendo al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla la ley. Y de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar todas las medidas que sean necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de esas medidas el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma. Esto último supone la intervención completa de la comunidad autónoma.

Al margen de estos procedimientos, el Gobierno acaba de aprobar por decreto-ley la creación de un Fondo de Liquidez Autonómico dotado con 18.000 millones de euros al que las comunidades autónomas podrán acudir en caso de no poder contar con financiación y al que ya se ha adherido Valencia. Este fondo es por ello una suerte de fondo de rescate autonómico similar al existente en la Unión Europea. Las comunidades que recurran a él deberán cumplir una serie de condiciones impuestas por el Gobierno, y este podrá enviar a agentes para vigilar su estricto cumplimiento. Esto implica la intervención parcial de la comunidad autónoma.

En definitiva, desde el punto de vista jurídico, cualquier tipo de insumisión autonómica está destinada al fracaso. Ahora bien, la grave situación financiera que atraviesan muchas comunidades autónomas pone de manifiesto un problema más profundo, un problema político. Aunque la clase política, desde el presidente del Gobierno hasta el líder de la oposición lo nieguen, España no tiene sólo un problema económico, sino que tiene también un problema constitucional. En los últimos 30 años hemos construido un modelo que, nos guste o no, objetivamente no podemos pagar. Las comunidades autónomas achacan su déficit a la disminución de ingresos pero es que los ingresos de antes (fondos europeos y burbuja inmobiliaria) no volverán jamás y eso es lo que hace imprescindible reformar el sistema. La clase política debiera sacar alguna conclusión del hecho de que frente a la muy positiva valoración que recibió el Estado autonómico cuando la solidaridad europea –alemana, sobre todo- transfería a través de los fondos estructurales y de cohesión miles de millones de euros y permitía pagar el sobrecoste de funcionamiento del sistema, hoy, 7 de cada diez ciudadanos atribuye al despilfarro generado por muchas comunidades autónomas la causa de nuestros males. No se trata de poner en cuestión el Estado autonómico, sino de racionalizarlo. Esta reforma es la gran tarea que tenemos pendiente. Pero corremos el riesgo de que el tiempo para hacerla se agote.