Que Rajoy no tocara la Ley de Memoria Histórica o que Alberto Núñez Feijóo diga ahora que va a derogar la nueva Ley de Memoria Democrática son dos formas de no afrontar el problema: una por rehuirlo y otra por zanjarlo con una falta de argumentos que se puede interpretar como arbitrariedad, lo cual a la larga también resultaría ineficaz.

Lo mismo que cuando Bildu lleva hasta 1983 la vigencia de los métodos franquistas en la defensa de la democracia española, en una operación evidente de mantener viva su tesis del conflicto y con una derivada que afecta al núcleo mismo del PSOE (ellos sabrán). Ante eso lo que hay que hacer es organizar equipos de trabajo, financiarlos como hacen ellos y decir que sí, que sin problemas; que vamos a ir no hasta 1983, sino hasta hoy mismo en el estudio de cualquier caso oscuro de nuestra democracia, porque un Estado de Derecho no es una panda de chapuceros justicieros con miedo a la verdad.

En la extensísima exposición de la nueva Ley de Memoria Democrática a punto de aprobarse, se dice que «la construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria». Pero ni aquella ni esta de ahora son memorias comunes. Ambas son memorias de parte.

¿Hay algún partidario de la memoria democrática que condene la represión republicana? Tienen dos argumentos para no hacerlo: que sus víctimas ya fueron resarcidas por el franquismo y que el franquismo surgió de un golpe de Estado militar contra un régimen legítimo. Es lo mismo que hace la izquierda abertzale: no condena a ETA porque considera que ETA fue consecuencia, no causa del conflicto, y porque a sus víctimas ya las resarce el Estado español. Ellos van a sacar a sus presos y a homenajearles. Hay un cierto paralelismo entre ambos procesos.

Afirmar que las víctimas del franquismo, a las que la Ley de Memoria Democrática dedica todos sus desvelos, luchaban por la democracia y la libertad es sencillamente falso. Primero porque muchas de esas víctimas, la mayoría, luchaban por la implantación en España de un régimen socialista, o comunista o cuando no anarquista.

Este proyecto de ley propone también el «fomento del conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la memoria democrática, y en particular la importancia de promover la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada». Pues bien, voy a dar un simple ejemplo reciente dentro de nuestro ámbito vasco de cómo esto ni se cumple ni tiene visos de que se vaya a cumplir.

El pasado 26 de marzo, con asistencia del lehendakari Urkullu y de la mayoría de los consejeros de su Gobierno, se instalaron dos placas con la relación de 523 ejecutados por el régimen franquista inhumados en el cementerio de Derio de Bilbao, donde se dice que murieron «por defender la democracia». Pero al menos 15 de esas personas se sabe que participaron en el asalto a las cárceles del 4 de enero de 1937, y antes en los crímenes de los barcos-prisión de la ría de Bilbao, saldados todos con 359 asesinados. Y entre quienes determinaron su culpabilidad estuvo alguien tan poco sospechoso como Julio Jáuregui, nombrado por el propio lehendakari Aguirre.

Ha habido una denuncia al respecto, por el procedimiento administrativo, de un particular (Juan José Dapousa Garma) contra el Instituto Gogora por considerar luchadores por la democracia a unos delincuentes comunes y asesinos. Su responsable, Aintzane Ezenarro, acaba de contestar al denunciante con un escueto argumento que para ella, al parecer, resulta definitivo: las placas surgen de un «proyecto de investigación conocido como informe-base de violaciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, cuya primera fase, referida a todas aquellas víctimas mortales acaecidas durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), se presentó en julio de 2019». Los que gestionan dicho informe o son republicanos o son nacionalistas. Carlos Olazabal, por ejemplo, el autor probablemente más documentado sobre esos episodios, ni aparece. Obviamente, por no ser de la cuerda. En cambio, uno de los más citados en ese «informe-base» es Iñaki Egaña, el principal representante de la historiografía abertzale.

El lehendakari Urkullu, en el acto de las placas de Derio, se despachó a gusto elogiando la actuación de Euskadi en aquella guerra, en favor de los derechos humanos. ¿Pero de qué Euskadi habló? Si, como buen nacionalista, siempre dice que Navarra es Euskadi, ¿cómo se entiende que quien entró a sangre y fuego por Artxanda para tomar Bilbao fuera la V Brigada de Navarra?

Este artículo lo suscriben los siguientes miembros de la Plataforma Constitucional Vasca ‘Foruak Orain’: Ramón Rabanera, Guillermo Gortázar, Iñaki Ezkerra, Federico Verástegui, Ernesto Ladrón de Guevara, Eduardo Inclán, Mercedes Lafuente y Fernando García